La prohibición de despidos dejará de regir el 1 de enero y el recargo indemnizatorio vigente para las cesantías que de todos modos se producen se reducirá a partir de ese día de manera gradual hasta desaparecer antes de mitad de año. Se trata de la hoja de ruta definida por el Ministerio de Trabajo y el gabinete económico, que debe convalidar en última instancia Alberto Fernández, respecto de dos de las medidas clave sobre las que el Gobierno buscó blindar los puestos de trabajo desde el arranque de su gestión y, en particular, a partir de la pandemia.


































