Vialidad, INTA, banco de datos genéticos: qué pasa con los decretos rechazados por Diputados

Tras la aprobación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó en la madrugada de este jueves una serie de decretos dictados por el gobierno nacional en el marco de las delegaciones dispuestas por la Ley Bases.

Son las resonantes normas en que trabajó el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, que cerraron y reestructuraron organismos como Vialidad Nacional, el INTI y el INTA, el Banco Nacional de Datos Genéticos, organismos de Cultura y el DNU que desregularizó la Marina Mercante -incluye la eliminación del derecho a huelga-. La aplicación de varios de ellos ya fue frenada por la Justicia, al hacer lugar a medidas cautelares.

Luego de la votación en Diputados, resta que el Senado los deje sin efecto; cosa que podría pasar en las próximas semanas, habida cuenta de la mayoría opositora que existe en esa cámara. Se trata de la cuestión que más preocupación causa en el Gobierno nacional ya que, a diferencia de las leyes, que pueden ser vetadas por el Poder Ejecutivo (y trabajar después para que ese veto no sea rechazado), en el caso de los decretos la decisión del Congreso es irreversible.

Trámite en discusión

Con todo, el trámite parlamentario, más allá de los consabidos y recurrentes cruces políticos, atravesó un tortuoso camino argumentativo para concretarse, donde se confrontaron posturas sobre cuál era el procedimiento necesario para dejar sin efectos los decretos y hasta donde llegaba la potestad parlamentaria para atacar una normativa amparada en la previa delegación de facultades.

Esto a partir de que los decretos delegados están contemplados en el marco de la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU), que tienen un tratamiento especial: la necesidad de conseguir un dictamen de comisión, en este caso la Bicameral de Trámite Legislativo, tiene un plazo de 10 días. Una vez vencido, las Cámaras pueden abocarse.

Algunos libertarios, como Nicolás Mayoraz, defendieron que se necesitaba 2/3 para tratar los decretos, porque se requería un dictamen de la Bicameral. Y otros, como Nadia Márquez, directamente alegaron que las facultades delegadas implican que los decretos tengan fuerza de ley y, por ende, deberían requerir de dictámenes de comisión y sino, también, 2/3.

Mayoraz no quiso dejar pasar "la liviandad con la cual están manejando el tratamiento de estos expedientes, porque no estamos hablando ni de proyectos de ley, ni de resolución, ni de dictámenes: estamos hablando de decretos delegados y un decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente Milei, de acuerdo con las facultades que la Constitución le ha dado".

El santafesino afirmó que "hay un camino claro que están dejando de lado, es un atropello, esta votación es nula". Sostuvo que "la bicameral tiene rango constitucional; la Constitución también señala que debe dictarse su propio sistema de funcionamiento. Y la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia y los decretos delegados, fijó su propio reglamento. Y más allá de la perentoriedad, la primera conclusión que surge clara es que los plazos son ordenatorios, no son perentorios. Eso significa que la comisión, vencido el tiempo, puede seguir estudiando esos decretos".

"Nunca perdió la competencia la Comisión Bicameral, y ese plazo que quieren dar por vencido no está vencido. La Cámara se quiere atribuir competencias que la comisión le ha dado a la comisión bicameral", enfatizó.

En el rechazo de lo que estaba por suceder, Mayoraz hizo hincapié en que la oposición quisiera votar ese dictamen con mayoría simple. El, por su parte, pediría que se aplicara el artículo 147 del reglamento, que dice que ningún asunto podrá ser tratado a no mediar por las dos terceras partes de los votos emitidos.

"No se puede obviar el reglamento; tenemos un reglamento y lo debemos aplicar", señaló, advirtiendo que en el contexto que se estaba proponiendo "sería mucho más engorroso y difícil declarar de interés la fiesta de la mandarina que derogar un decreto de necesidad y urgencia, o un delegado".

Juan Manuel López justificó con términos jurídicos lo que la oposición estaba haciendo. Para López, "estamos habilitados para tratarlo de oficio; la mayoría es de oficio. No por eso son inconstitucionales los decretos; el control de las facultades es delegado. No puede poner en el tablero una mayoría que no sea la mayoría simple y votar de a uno y aclarar el sentido de la votación".

Finalmente Margarita Stolbizer se quejó por ejemplo de que la comisión bicameral ni siquiera había sido citada nunca. "Por lo tanto, de ninguna manera esta cámara debería tolerar semejante barbaridad. No es cierto que esta Cámara deba revistar para poder rechazar", sostuvo y cerró diciendo que "no hay ni que dar fundamentos: este Congreso tiene toda la atribución para recuperar sus facultades y derogar o rechazar todas las normas del Ejecutivo que no le gusten, ni siquiera a ver si se excedió o no, aun a sabiendas que se excedió".

Uno por uno

Más allá de la amplia mayoría con la que fueron rechazados, todos los decretos permanecen vigentes, ya que para invalidarlos se requiere, también, el repudio del Senado. Pero en caso de que éste se produzca, la decisión del Congreso no puede ser bloqueada por el Ejecutivo.

Vialidad. - Uno de los decretos más polémicos es el de facultades delegadas 461/25, que le puso fin a la existencia de Vialidad Nacional sin establecer qué organismo o área del Estado los reemplazará en sus funciones. Su rechazo fue aprobado por 138 votos a favor, 65 en contra y dos abstenciones. La medida fue publicada el 8 de julio pasado y puso en pie de guerra al gremio vial, que presentó un amparo contra la medida que le fue concedido por la Justicia.

INTA e INTI.- También motivo de controversia, la Cámara baja rechazó el decreto de facultades delegadas 462/25, que introdujo una fuerte reestructuración en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Fue rechazado por 141 votos a favor, 65 en contra y una abstención. Este decreto modifica la estructura del INTA de manera radical. Disolvió el Consejo Directivo, para convertirlo en un Consejo Técnico, y estableció que el instituto será conducido por un funcionario con rango de secretario, el que será designado directamente por el Poder Ejecutivo.

Organismos culturales e institutos.- En tanto, el decreto 345/25 ordenó la reestructuración de organismos culturales. Su medida más fuerte es la integración como "unidades organizativas" de la Secretaría de la Cultura a los institutos nacionales del Teatro y de la Música. La votación finalizó a favor del rechazo por 134 a 68 con tres abstenciones. El mismo esquema aplica para los institutos nacionales Eva Perón, Sanmartiniano, Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas. También disuelve los directorios de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Banco de datos genéticos.- El decreto 351/25 fue rechazado por 133 votos a favor, 69 en contra y una abstención. También impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, esta medida dispuso la pérdida de autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) al ponerlo en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que depende, a su vez, de la Jefatura de Gabinete. Además, modifica la estructura de conducción del BNDG, que quedará bajo la responsabilidad de un director general técnico, que deberá ser un profesional en bioquímica o biología molecular con reconocida experiencia en genética forense nombrado por el Poder Ejecutivo por un mandato de cuatro años.

Marina mercante. - Por último, el decreto de necesidad y urgencia 340/25 dispuso un régimen de excepción a la marina mercante nacional. En este caso, el rechazo se impuso por 118 votos favor, 77 en contra y 8 abstenciones.