Claudia Levin: "Sin independencia judicial hay vulnerabilidad en la sociedad"

La Constitución del '94 dispuso que el Consejo de la Magistratura se encargue de seleccionar o remover jueces; una ley de 2006 le otorgó supremacía al estamento político del organismo. La Corte definió que un artículo de esa norma es inconstitucional porque lo que precisamente intentó el Consejo de la Magistratura fue evitar poderes discrecionales.

Claudia Levin es parte de la Escuela Judicial del organismo, que podría quedar paralizado el 16 de abril si -como ordenó la Corte- no hay una nueva norma que respete la composición de estamentos de académicos profesionales, científicos y jueces que compensen el poder decisivo de los políticos.

La abogada santafesina es también la electa decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Habló con El Litoral bajo una premisa: " La independencia judicial es un pilar de la República. Si no, es el estado de desamparo para la ciudadanía, la sociedad queda en un estado de vulnerabilidad".

-Estás en la escuela judicial del Consejo de la Magistratura. ¿Qué es?

-Es el órgano encargado de capacitación de jueces y aspirantes, que está regulado por la ley. No es obligatoria como en otros países, donde quien quiera ser juez debe hacer el trayecto normativo. Es el caso de los sistemas de España o Francia.

-Estamos en un país donde la escuela primaria no enseña a leer y escribir, y la secundaria no procura comprensión de texto. ¿Pasa algo similar en el mundo de las magistraturas como para necesitar una escuela?

-La capacitación no es un lugar al que uno llegue, sino un trayecto que uno debe transitar durante toda la vida. Creo en la capacitación permanente.

-Y la escuela, ¿que ofrecería… la sintonía fina?

-Hay capacitación inicial y permanente. La primera es para los que aspiran a concursar en el sistema argentino; la permanente son cursos para los que ya son jueces. Pero en todos los casos es un trayecto de por vida que debe tener especial mirada en la formación por competencias profesionales; no sólo capacitación académica indispensable sino saber desempeñar el cargo de juez, la función.

-Hemos tenido jueces en la Argentina, que pareciera que han sabido sortear estos dispositivos.

-Absolutamente. El tema es que la capacitación judicial no es obligatoria.

-Las precauciones constitucionales de 1994 para mejorar el proceso de selección, tampoco parecieran haber dado frutos en orden a los objetivos perseguidos.

-Hay mucho por mejorar, muchísimo. Y tenemos que ver que partimos de un sistema -si se quiere- que en términos institucionales es joven.

-Cristina diría que el Poder Judicial -el Consejo de la Magistratura en favor de su independencia- es rémora monárquica.

- Lo que dice la Constitución son los grandes lineamientos que se reglamentan por leyes, que van haciendo la sintonía fina y muchas veces se tergiversa lo que dice la Constitución.

-Es el caso de la ley 26080 de composición del Consejo de la Magistratura, cuyo artículo 13 fue declarado inconstitucional.

-...la 26855 e incluso la 24937 y 39, que son las primeras y salieron con gran consenso -a mi juicio han sido las mejores- a la luz de la experiencia, hay cuestiones que debieran cambiarse, ajustarse, que no se tienen en cuenta hoy. Desde una composición con mirada de género…

-Está en vías de resolverse por reglamento en el Consejo de la Magistratura.

-Pero no por vía legal. Estamos ante una gran oportunidad de tener una nueva ley.

-¿Se paraliza el Consejo de la Magistratura el 16 de abril?

-Hay riesgos de que eso suceda. Depende de cómo se desarrollen los procesos electorales, que se cumplan. Y los que recién ingresen tienen que integrar comisiones, hay que redistribuir causas preexistentes. Todos tienen que ponerse al tanto, estudiar los expedientes… por una vía u otra va a haber un período de paralización si no hay elecciones o por la adaptación de nuevos consejeros.

-Jueces federales de primera instancia en Santa Fe, Rosario y Rafaela; conjueces en tribunales orales de Santa Fe y Rosario… faltan nombramientos en una provincia con desafíos como el narcotráfico. Es grave para Santa Fe la paralización.

-Absolutamente. Pero hay una gran oportunidad de que se apruebe una nueva ley. Tendrán que ponerse de acuerdo en el Congreso.

-Alberto Lugones, ligado al kirchnerismo, preside el Consejo de la Magistratura. Las comisiones de selección y de acusación son presididas por legisladoras cristinistas. No sólo se mantiene hoy la supremacía del estamento político, sino que hay un sesgo en él.

-Yo analizo las instituciones más allá de quienes coyunturalmente las componen. Lo que nos tiene que dar las garantías son las instituciones; que nadie pueda tener demasiado poder. Es la institución la que debe limitar la discrecionalidad; creo francamente que no es sano en la vida democrática e institucional que alguien tenga poder concentrado, porque es riesgoso depender de las personas. Los límites los tienen que poner las instituciones, después que vengan personas con espíritu democrático. Es por ahí.

-La Corte, interpretando el precepto constitucional en defensa de las instituciones, ordena una nueva composición del Consejo de la Magistratura. Pero estamentos profesionales, científicos, de la política, no se ponen de acuerdo en cómo elegir representantes.

- Nosotros a veces miramos que hay mucho por mejorar en el Poder Judicial. Pero es un emergente de nuestra sociedad. No es que vienen personas en un charter de norcorea -un país que no tienen vida institucional democrática- y se auto postulan jueces. Hay un proceso regulado por una ley aprobada por el Congreso, cuya integración se define en elecciones. El Poder Judicial es fruto de la aplicación de la ley.

-Señalás el imperio de la ley en un país donde hay gente que sale a la calle con avales políticos, para reclamar la expulsión de jueces de la Corte cuando no les gusta o no les conviene un determinado fallo. ¿No es una dinámica peligrosa?

-Por supuesto. Francamente no adhiero en absoluto a esta metodología de juicios populares instando a que la Corte se vaya. Si hay conductas que evaluar en algún magistrado, hay un proceso para llevar a cabo. Esto de que a juicio popular, según el humor social, alguien se tiene que ir… es peligrosísimo.

-Me pregunto si en orden a estos riesgos, aquel precepto de los juicios por jurado es posible hoy en este clima social.

-Es complicado; es una orden constitucional. Creo que tenemos que hacer un crecimiento cultural e institucional en este aspecto, en lo que significa la ley, que no es un mero consejo. La ley es lo que se debe cumplir, aplica a los industriales, los gremios, los abogados, los jueces. Es transversal a la sociedad. Esto es sobre lo que hay que trabajar: el comportamiento frente a la ley, la importancia de la ley. No es un consejo que puedo o no seguir; rige y es inalterable salvo que se cambie la ley.

-En el sistema presidencialista de la Argentina, el que llega se siente empoderado para ejercer el poder por encima de la ley. Y después no podemos juzgarlos.

-El artículo 114 de la Constitución Nacional fue un gran avance ante la absoluta discrecionalidad del poder político. Hasta ese momento, el presidente mandaba un pliego al Senado y los únicos requisitos eran los formales -edad, antigüedad…- sin requisitos de identidad. De aquello a esto hay una gran diferencia. Hay que trabajar sobre la ley; el objetivo es limitar la discrecionalidad del poder político de turno, el que sea. Si no, no respetamos la Constitución y fundamentalmente no vamos a cambiar la justicia.

-...que necesita cambios.

-Por supuesto que necesita cambios, mejorar. Pero no es el Poder Judicial un órgano ajeno a la sociedad que dice "somos todos noruegos" y decimos "qué barbaridad la justicia que tenemos". A las leyes las aprueba el Congreso, y el Congreso está compuesto por legisladores que nosotros elegimos. Nadie llega a ser juez sin el procedimiento que ideó el poder Legislativo.

La pirámide que resiste al género

"Hay una presencia de género importante en la matrícula. Pero aplica la pirámide que se verifica en todo: en la base hay muchísimas estudiantes que incluso se reciben, pero ¿que vayan subiendo? En el poder Judicial tenemos un montón de empleadas, menos funcionarias, menos juezas de primera instancia, mucho menos camaristas y alguna vez alguna en la Corte.

"Este sistema piramidal el la Universidad, el la facultad de Derecho, registra 102 años sin que haya una mujer decana. No creo que en estos 102 años no haya habido una mujer que pudiera serlo. Sí es cierto que hay una simetría muy importante entre las exigencias a las que se nos somete, pero tenemos que demostrar que podemos ser astronautas. Son exámenes para demostrar que podemos ejercer la función. Está internalizado, es como funciona la discriminación; no es patrimonio de varones, es estructural. Pero el movimiento de mujeres ha empujado muchísimo para ir cambiando esta situación que incluso está naturalizada, que no advertimos".

¿No sobran abogados en el país?

-Alguna vez a Favaloro le costó injustos y feroces ataques decir que en el país había demasiados médicos. ¿No sobran los abogados?

-La verdad es que no estaría en condiciones de decir cuántos abogados necesita el país. Si estoy en condiciones de decir qué abogados necesita el país: con un perfil más profesionalizado, capacitado, con excelencia académica pero también con formación en competencias profesionales, que sepan hacer, desarrollar la labor de abogados en sus distintas funciones, como jueces, abogados, en las empresas, dictaminando, fiscalizando.

-Ponés el acento más en la calidad; estamos en una sociedad que tiende a despreciar la meritocracia.

-Tenemos que privilegiar la capacitación, la excelencia. Sobre todo en conectarnos con el resto de la sociedad: qué necesita y qué estamos produciendo en las facultades de derecho, porque ahí hay una brecha. Ahí puede surgir que hay demasiados, pero hay áreas donde no hay suficientes. ¿Qué se necesita investigar desde la Universidad para cumplir necesidades de la sociedad? Por allí hoy no se está cumpliendo del todo, nos formamos con una línea académica y la sociedad necesita otras habilidades y destrezas profesionales que no estamos cubriendo porque no tenemos conexión. Debemos trabajar en un diálogo con los colegios de abogados, asociaciones de magistrados, empresarios, sociedad civil, gremios…

-Abogados catalizadores en torno de una sociedad organizada en función de la ley… suena bien. Mientras tanto hay mucho argentino que evalúa a los abogados como costo de intermediación innecesario, impulsores de conflicto y hasta protagonistas del "carancheo".

-Que también los hay. Tenemos que trabajar en principios éticos del ejercicio profesional. Pero -insisto- no somos una sociedad de "Noruegos" y los abogados son "caranchos". Son emergentes de esta sociedad. Los jueces son tan emergentes que su ingreso y permanencia se rige por ley, no se autoeligen… rige una ley y según la ley que tengamos será el perfil de los jueces que vamos a elegir.

En tercer año y sin haber ido a clases

El 3 de marzo Claudia Levin asumirá como decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Llega al cargo -como ella misma define- ante "grandes desafíos: la post pandemia es el retorno a la presencialidad; tenemos estudiantes que están comenzando tercer año y no fueron nunca a la facultad; vamos a recibir ingresantes que en los últimos dos años no estuvieron yendo a las escuelas. Estamos viendo cómo trabajar la transición en la que no hay experiencia.

"El fenómeno es transversal a todo el sistema educativo. No podemos largar abogados, médicos, psicólogos, arquitectos, trabajadores sociales que no estén en condiciones de ejercer seria y cabalmente la profesión. Creo que la presencialidad es un tema que hay que abordar de manera urgente".