Impulsan un proyecto de Código de Ética en la Función Judicial

Un proyecto de Código de Ética para magistrados del Poder Judicial de la Nación fue presentado ante el Consejo de la Magistratura Nacional con la firma de la consejera Jimena de la Torre y de los representantes de las agrupaciones de abogados del país.

La iniciativa busca establecer "los principios fundamentales que deben guiar la conducta y el desempeño de quienes integran el Poder Judicial de la Nación" para "garantizar un servicio de justicia que inspire confianza en la sociedad, mediante la promoción de valores como la independencia, imparcialidad, honestidad, transparencia, responsabilidad, diligencia, igualdad, decoro y respeto".

Así se desprende del preámbulo del proyecto que incorpora 46 artículos y lleva la firma de la consejera Jimena de la Torre, así como del presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, la titular de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) Mariel Margarita Tschieder, y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Rosalía Silvestri.

"El caso de la jueza (Julieta) Makintach (apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona a raíz de la filmación en curso de un documental con ella como protagonista), en una provincia que aún no tiene un código de ética, mostró con crudeza lo que pasa cuando el sistema carece de límites claros. La ética judicial no puede ser optativa. Es una necesidad urgente", argumentó De la Torre al difundir la iniciativa a través de sus redes sociales.

Según la abogada, con esto "damos un paso fundamental para recuperar la confianza pública y construir una justicia más íntegra y transparente. Esperamos lograr su aprobación por consenso en el Consejo de la Magistratura lo antes posible. Invitamos a todos los colegios de abogados del país a conocer el proyecto, sumarse y hacerlo propio", añadió.

Principios básicos

El nuevo decálogo refuerza principios como la imparcialidad, la independencia y el respeto por el resto de los poderes, y explicita que la conducta de los jueces, dentro y fuera de los tribunales, debe estar marcada por la probidad, la moderación, la austeridad y el decoro, además de tender a enaltecer siempre la judicatura. Las resoluciones que emitan, en tanto, deberán ser escritas con claridad, dice el proyecto, inspirar confianza en la sociedad, reflejar transparencia y ser ejecutadas sin dilaciones.

"Los magistrados tienen el deber de actuar como referentes éticos en la sociedad, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia, la promoción de los derechos humanos y la consolidación de una cultura de legalidad y justicia", dice el proyecto.

Algunos de los lineamientos planteados en el proyecto ya estaban diseminados en normativas de distinto orden. El Código de Ética Iberoamericano de la Judicatura, creado en 2006, al que Argentina está adherido, establece que los jueces deben actuar con integridad, diligencia, responsabilidad, entre otros valores, pero su fuerza es meramente declarativa.

El Consejo de la Magistratura, por su parte, es el encargado de supervisar la labor de los jueces y para eso cuenta con un reglamento interno en donde muchos de estos parámetros de conducta están referenciados. También rigen en las provincias distintos Códigos de Ética Judicial (tal es el caso de Santa Fe, que lo tiene desde 2000), que fijan criterios para evaluar el comportamiento de los magistrados, que suelen reflejar los lineamientos básicos del Código Iberoamericano.

El nuevo proyecto, de sancionarse en el plenario, ofrecería un nuevo marco de obligatoriedad con alcance nacional y federal. El Código dedica un apartado a consignar la obligatoriedad, para los magistrados, de realizar las presentaciones juradas de bienes y renta; y otro, para remarcar que todas las prácticas extraprofesionales -como el manejo de las redes sociales o la interacción con los medios de comunicación- deben ser compatibles con la "dignidad de la función judicial" y no deben nunca suponer un conflicto de intereses con la administración de justicia.

También afirma que los jueces deberán ser sumamente cautos a la hora de volcar sus opiniones personales sobre temas públicos, procurando que sus apreciaciones nunca sean vistas como expresiones del Poder Judicial.

Los representantes firmantes y acompañantes de la iniciativa, coincidieron en la necesidad de recuperar la confianza en la conducta de los jueces, de fijar limites y estándares a seguir, siendo una propuesta que se trabajó durante mucho tiempo.

Qué dice el texto

El proyecto incorpora un primer título sobre principios fundamentales, donde se regula desde la relación con otros poderes, abogados, auxiliares de justicia y la sociedad, hasta el uso de redes sociales y la interacción con los medios de comunicación.

Un segundo título incorpora normativa sobre el ejercicio responsable de la función judicial, en torno a la confidencialidad, la formación continua y la participación en eventos.

Un tercer título incorpora regulación en torno a la ética digital y la tecnología, como la protección de datos y privacidad, y la transparencia en el uso de tecnologías, especialmente importante frente al auge de la inteligencia artificial generativa.

También se crea un comité asesor de ética judicial (título cuarto), se anexa pautas sobre la capacitación y promoción de la ética (quinto) y disposiciones finales (sexto).

Del proyecto, a su vez, se remitió copia a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.