El Colegio de Abogados cuestiona dos pliegos

Redacción de El Litoral
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El Colegio de Abogados de Santa Fe presentó una nota ante el gobernador, Miguel Lifschitz, objetando los nombres de Sergio Beccari y de Lisandro Villar propuestos por el Poder Ejecutivo para completar las dos sillas vacantes en el Tribunal de Cuentas de la provincia. La objeción se realizó dentro de los plazos abiertos por el Ejecutivo para conocer la opinión de entidades sobre las calidades de los propuestos. Ambos nombres fueron también objetados por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.

“Previo a ingresar en el análisis específico acerca las cualidades de los postulados, resulta menester poner de manifiesto que nuestra institución ha venido sosteniendo una posición uniforme, en relación a la preponderancia que debe otorgarse a los organismos de control en un Estado de Derecho puesto que, de su adecuado funcionamiento, depende la edificación de una República sustentable, sostenida sobre el cimiento de vigorosas instituciones”, explicó la entidad.

Sobre Beccari recuerda la entidad que se desempeñó como Secretario de Ingresos Públicos, en la órbita del Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe, hasta diciembre del 2017. “Dicha circunstancia lo coloca, expresamente, en el supuesto de incompatibilidad, previsto por la ley 12.510, artículo 195, inciso e), donde se señala que no podrán ser integrantes del Tribunal de Cuentas: ‘Los que hayan desempeñado cargos, en los últimos dos años inmediatos anteriores a su designación, cuyas funciones sean materia de contralor por parte del Tribunal de Cuentas y que manifiestamente los coloquen en estado de incompatibilidad’”. Acota que “el funcionario sugerido detentaba un rango de elevada envergadura en la estructura del Poder Ejecutivo Provincial. En razón de su función, sus decisiones tenían gravitación e incumbencia sobre la marcha del Estado santafesino.

En tal marco, no basta con que el postulado presente antecedentes reconocidos, sino que resulta indispensable que detente independencia respecto de la gestión pública que ha de examinar”. Y agrega que “va de suyo que para el caso de obtener formal designación, el vocal contador propuesto revisaría ex post facto expedientes, gestiones, actos administrativos generados por órganos administrativos de los cuales él mismo formaba parte. Esto luce, obviamente, reñido con la independencia e imparcialidad en el control público, y empañaría cualquier intervención de este funcionario respecto de decisiones tomadas por sus ex colegas de gestión cuando no por él mismo, además de contraponer lo dispuesto por el mismo artículo 195 de la Ley 12510”.

Sobre Villar

En el caso del abogado Villar, el Colegio señala que “luego de evaluar exhaustivamente su trayectoria, arribamos a la conclusión que no posee los antecedentes suficientes para ocupar el cargo para el que se lo propone”.

Resalta la nota que el Tribunal de Cuentas es un órgano de elevada importancia en la órbita del Estado. “Por ello, en miras a salvaguardar su jerarquía, es imprescindible que su composición funcional se nutra de ciudadanos de respetada experiencia y suficiencia técnica, amén de la hidalguía moral, virtud esta última que descontamos posee el postulado en cuestión”. Acota que “la anhelada independencia del órgano de control estaría afectada, dado que el propuesto, trabaja desde hace tiempo como asesor de legisladores y funcionarios del actual gobierno provincial”.