Confirman inhibición de bienes de Máximo y Florencia Kirchner

El Litoral / DyN

La Cámara Federal porteña confirmó la inhibición de bienes de Máximo y Florencia Kirchner, los hijos de la ex presidenta Cristina Fernández, en el marco de la causa "Hotesur", y rechazó un planteo de la ex jefa de Estado en el expediente "Los Sauces".

La decisión fue tomada por la Sala I de la Cámara, a cargo de los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, quien resolvió volver imprevistamente pese a que se encontraba en una licencia médica que duraba hasta fin de mes.

En la causa "Hotesur", Ballestero y Bruglia confirmaron la decisión del juez federal Julián Ercolini, dictada en diciembre pasado, y rechazó el pedido de la defensa.

Se trata de los bienes heredados del ex presidente Néstor Kirchner: 16 propiedades en Santa Cruz y en la ciudad de Buenos Aires, acciones en "COMA SA" y "Hotesur" y un automóvil Honda, se informó en Tribunales.

Para la fiscalía, hubo actos demostrativos de "la intención de las personas investigadas de diluir el voluminoso patrimonio que registran en pos de que no pueda ser tutelado por la justicia" e incluso pusieron el ejemplo de los "sucesivos retiros de fondos" en una de las sociedades investigadas por parte de los hijos de la ex presidenta y ella misma.

Ercolini dispuso entonces la inhibición de bienes, al tomar en consideración "la cesión de los derechos hereditarios gananciales efectuada por Cristina Fernández el día 10 de marzo de 2016", cinco años después de la declaratoria de herederos y ante la citación por la causa del dólar futuro.

Y también consideró como dato relevante la apertura de la caja de seguridad en el Banco Galicia por parte de Florencia Kirchner, que se produjo el día 3 de marzo de 2016, y en donde se secuestraron casi 6 millones de dólares.

La defensa apeló la inhibición de bienes, pero este martes la Sala I de la Cámara Federal confirmó la medida.

Según señaló Ballestero, "las restricciones patrimoniales impuestas en esta ocasión fueron dictadas al amparo de esa misma tesis de investigación que otrora consideré de apariencia cierta, ya que nuevamente el Juez hizo foco en el complejo entramado de sociedades y operaciones comerciales que habría sido montado para posibilitar el pago de retornos a la ex familia presidencial, por parte de empresarios que resultaron beneficiados por el Estado Nacional con la adjudicación irregular de obra pública durante el período investigado".

Ballestero aclaró que "en este contexto, y sin que constituya un adelanto de opinión sobre la cuestión de fondo que se debate en las actuaciones principales, comparto la opinión del Juez de grado sobre la verificación en el caso del requisito de verosimilitud del derecho.

Según señaló, la decisión "refleja que el Juez ha arribado a un grado de sospecha suficiente con respecto a la hipótesis criminal sobre la que se asienta la medida de seguridad pecuniaria objeto de recurso".

Por su parte, Bruglia coincidió en que la medida cautelar "resulta ajustada a derecho, ya que en esta instancia del proceso resulta imprescindible asegurar que se mantengan inalterables aquellos bienes que podrían haberse utilizado para la comisión de los hechos, con el fin de resguardar la posible concreción".

"En este caso particular se dieron concretos sucesos relacionados con movimientos de bienes y dinero que alertan y determinan la urgencia del dictado de la medida cuestionada, para evitar cualquier posible desapoderamiento intencional o no, por parte de los imputados que ponga en riesgo la efectivizarían del derecho en estas actuaciones", se añadió.

En otro orden, en la causa "Los Sauces", Ballestero y Bruglia confirmaron la decisión del juez Claudio Bonadio que no había hecho lugar a una nulidad solicitada por la defensa en torno a una documentación que aportó la Unidad de Información Financiera (UIF).

"Sólo se trata de una medida probatoria dirigida a completar el cuadro indiciario que permitirá, eventualmente, el avance de la causa a la instancia de debate oral y público que es el contexto propicio en el que las partes tendrán posibilidad de una mayor amplitud de discusión", dijo el fallo.

La defensa señalaba que Bonadio había dispuesto estas medidas en la causa "Los Sauces", pese a que ya se había declarado incompetente para intervenir y había entendido que el caso debía pasar a manos del juez Ercolini, a cargo de la investigación madre por asociación ilícita.