Confirman procesamientos para tres hijos de Lázaro Báez por lavado

El Litoral

Télam

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento sin prisión preventiva para tres hijos del empresario detenido Lázaro Báez, acusados por presunto lavado de dinero por ser titulares o beneficiarios de cuentas vinculadas con su padre en el exterior.

La decisión adoptada por la sala IV del máximo tribunal penal alcanzó a Leandro, Luciana y Martín Báez, que comenzaron a ser investigados por la justicia federal a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que daba cuenta de una serie de cuentas bancarias halladas en Suiza.

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Liliana Catucci resolvieron "no hacer lugar" a una queja presentada por la defensa de los hijos de Báez contra una decisión de la Cámara Federal porteña, el tribunal inferior a la Casación.

Los hijos de Báez habían intentado interponer antes un recurso de Casación en contra de la decisión de la Cámara Federal de confirmar los procesamientos en su contra por delito de lavado de activos, agravado por ser presuntos miembros de una banda formada para la comisión continuada de hechos ilegales.

Con el fallo de hoy, Casación confirmó además los embargo por 10.500 millones de pesos que pesan sobre cada uno de los hijos del empresario, que acuñó su fortuna como concesionario de obra pública durante los 12 años de gobierno kirchnerista.

La sala IV de Casación también rechazó una queja de la defensa de Jorge Chueco, hombre de confianza de Báez, contra la confirmación de la ampliación de su procesamiento y embargo por el delito de lavado de activos agravado.

Los hijos de Báez y Chueco están procesados por el delito de lavado de activos, con relación a la realización de maniobras a través de la financiera SGI (conocida también como "La Rosadita"), con el fin de sacar del país sumas millonarias.

La causa está en manos del juez federal Sebastián Casanello, que fue el que ordenó la prisión preventiva de Báez, tras considerar que podía poner en riesgo la investigación en su contra.
Para la justicia federal, los dólares fugados del país por la familia provendrían de facturación apócrifa que simulaba gastos en los contratos de obra pública con el Estado Nacional.