La conflictividad social en el radar del gobierno

El Litoral / Infobae.com

"Siempre dijimos que antes de discutir diciembre hay que discutir septiembre".

El autor de la frase es Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, una de las organizaciones sociales con diálogo frontal y cordial con el Gobierno, y es pesimista. "Lo que quieren hacer, no se puede hacer", agrega en referencia al ajuste impulsado por la Casa Rosada.

Según los movimientos sociales, ajuste, más escalada de la inflación, más devaluación y en consecuencia recesión y baja del consumo, sumados a la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), conforman un cóctel explosivo. "Nos quieren dar una aspirina para una enfermedad terminal. Para colmo, el estallido social tiene una particularidad: no se puede prever", dice Menéndez a Infobae.

El Gobierno, o al menos un sector del oficialismo, tomó nota. Y busca contener la conflictividad social, cada vez más encendida, por temor a que se adelante diciembre, el mes en el que todos los años se exacerban los reclamos.

Ayer, Mauricio Macri recibió a Carolina Stanley en la tradicional reunión de seguimiento del ministerio de Desarrollo Social. No hubo, sin embargo, referencias puntuales. El jefe de Estado y la ministra ya habían conversado a solas el viernes en el viaje que compartieron a Jujuy. No fue casual que allí, junto al gobernador Gerardo Morales, el Presidente haya reconocido un aumento en la pobreza por la devaluación y la altísima inflación que se verá reflejado en el próximo índice del INDEC, previsto para el mes que viene.

"Que la inflación no ceda nos complica un montón. Necesitamos que la economía arranque", se sincera una altísima fuente de Desarrollo Social. Reconoce, en ese sentido, que no tiene manera de prever cuándo se iría a producir ese arranque.

En la cúpula del edificio sobre la avenida 9 de Julio siguen el tema con preocupación. Por lo pronto, el Gobierno dará en octubre un aumento en los planes sociales, que abarcan a unos 400.000 beneficiarios, de $ 5.500 a $ 5.750 para terminar a fin de año en $ 6.000.

Para las organizaciones, no alcanza. Fue parte de lo que se discutió en la última reunión formal, hace poco más de un mes, entre Stanley y su viceministro Carlos Pedrini y los dirigentes Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán; Esteban Castro, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y Mariela Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha, además de Menéndez.

Después de eso, hubo encuentros informales. Pedrini es el principal nexo con los movimientos sociales. Pero a los reclamos se suman los cortocircuitos internos de las organizaciones: tanto a Menéndez, como a Alderete como a Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, no les hizo gracia que Juan Grabois, de la CTEP y cercano al papa Francisco, haya acompañado la semana pasada a Cristina Kirchner en la indagatoria ante el juez Claudio Bonadio en el marco de la investigación por los "cuadernos de las coimas K".

En el Conurbano bonaerense la situación social es compleja pero aún está controlada. En los comedores se incrementó la demanda, aunque desde el Gobierno aseguran que "no están desbordados".

Sí se frenaron las pequeñas obras en los municipios, como recambio de luminarias, que eran costeadas con fondos locales y encaradas por cooperativistas y cuyo presupuesto ahora se destina a alimentos o subsidios de emergencia. Hay cierto retraso además en el presupuesto que destinan Nación y Provincia de Buenos Aires.

La incertidumbre está prevista también para el próximo año: el presupuesto que se empezará a discutir en el Congreso el mes próximo incluye recortes aunque menores en comparación con otros ministerios en Desarrollo Social, justo en época de campaña. Y hay duda en torno a las transferencias alimentarias a las provincias.

Tanto desde el Gobierno como desde los movimientos sociales siguieron de cerca los graves incidentes entre trabajadores del Astillero Río Santiago y la Policía bonaerense frente a la gobernación, en La Plata. Y miran con atención la conflictividad en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.