Con consenso: Diputados santafesinos dieron media sanción a la emergencia en Seguridad

"Podrá ser un paliativo, un parche, pero tiene que ser el primer paso en la construcción de los acuerdos posibles en materia de seguridad. No es un consenso vacío; la sociedad nos está pidiendo acuerdos". La justicialista Lucila De Ponti se encargó de cerrar ayer la lista de oradores previa a la votación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que declara la Emergencia en la Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario. La oficialista había sido la primera en hablar para simplemente marcar el amplio acuerdo obtenido para votar un texto que tiene como base el proyecto de la socialista Lionella Cattalini al que se le sumó una media sanción del Senado declarando por 180 días la emergencia en el sistema penitenciario. Pero tuvo que cerrar después de dos horas de discursos donde todos dijeron sumar aportes y la mayoría reivindicó la etapa de diálogo abierto por Omar Perotti y el nuevo ministro de Seguridad, Jorge Lagna. Pero la justicialista Matilde Bruera se encargó de marcar las mayores diferencias y aseguró que la emergencia "es la mayor capitulación del gobierno ante un proyecto de seguridad democrática". Antes había descartado que haya consenso y dijo que los discursos eran de disenso pero además cuestionó a la Cámara por cajonear los tres proyectos del ex ministro Marcelo Sain sobre seguridad e incluso culpó al cuerpo de la persecusión al ex funcionario. "Esta emergencia es para la tribuna. No es seria. Es un parche más" afirmó la legisladora rosarina quien sin embargo votó favorablemente.

El único que se abstuvo en la votación fue Carlos Del Frade. "Con emergencias no solucionamos nada" y cuestionó la falta de formación del personal policial.

Más allá de las voces discordantes de Bruera y Del Frade la Cámara de Diputados trabajó para avanzar con la Emergencia valorando que el Poder Ejecutivo haya incluido el tema en Extraordinarias y a través del proyecto de una diputada opositora. Y fueron las jóvenes que se pusieron el proyecto al hombro: De Ponti, la propia Cattalini y el presidente de la Comisión de Seguridad, Juan Cruz Cándido. El resto, acompañó y en el recinto Oscar Martínez (100% Santafesino) logró sumar a las víctimas de delitos entre las contenidas por el propio Ministerio de Seguridad.

Cattalini no se privó de repasar cómo llegó el tema al recinto a partir del fracaso del compromiso de campaña de Omar Perotti de 'paz y orden' y de las políticas que consideró erróneas de Sain. "La seguridad es una cuestión de Estado y nos tiene que encontrar a todos comprometidos. A pesar de las promesas de 'paz y orden', se perdieron dos años fundamentales en materia de seguridad. Entendemos que el gobierno de Omar Perotti quiere dar vuelta la página y comenzar un nuevo tiempo en el Ministerio de Seguridad; confiamos en este cambio de actitud y vamos a seguirlo muy de cerca", señaló.

Aclaró que "esta ley no alcanza si no hay un plan de seguridad a largo plazo que sea consensuado entre todos los poderes del Estado que, además, vaya acompañado de políticas sociales para los sectores más vulnerables".

Desde el radicalismo, Cándido no dejó de recordar que la emergencia en seguridad se terminó hace dos meses. "O era mala la herramienta o el problema era el que la ejecutaba" disparó. Ex integrante del ministerio de Seguridad durante la gestión de Maximiliano Pullaro, el legislador habló "con aciertos y errores sobre la espalda" ´para advertir que el gobierno en la materia fracasó en las prioridades, la gestión y el control. Destacó sí que la ley también contempla el Organismo de Investigaciones del MPA para fortalecer su presupuesto y su tarea.

Martínez celebró el cambio de rumbo del Poder Ejecutivo, la apertura al diálogo para con los legisladores y fue marcando la capacidad de consenso que hubo entre bloques para llegar al texto unificado. También hubo aportes favorables a la iniciativa y con aportes propios desde las diferentes bancadas en las voces de Julián Galdeano (Juntos por el Cambio), Agustina Donnet (Igualdad), Gabriel Real (PDP), Betina Florito (Somos Vida y Familia Santa Fe) y Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura).

Los alcances

En 28 artículos distribuidos en 9 títulos, está resumida la futura Ley de Emergencia en Seguridad Pública y el Servicio Penitenciario con alcance hasta el 31 de diciembre de 2022. "El estado de Emergencia que por la presente ley se declara, tiene por objeto atender la crisis en seguridad pública y las deficiencias del servicio penitenciario provincial a los fines de brindar una mejor seguridad a la población, resguardar los bienes públicos y privados, conjurar las acciones violentas y las problemáticas criminales así como robustecer la custodia y guarda de quienes se encuentren cumpliendo medidas cautelares o sanciones privativas de la libertad en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática", reza el artículo inicial. La ejecución estará en manos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación.

El artículo 4 le da una serie de facultades para la autoridad de aplicación y por el quinto se ratifica un decreto del año 2015 creando la Junta Provincial de Seguridad. Otro capítulo está dedicado al personal policial donde se habilita a la convocatoria a retirados y se faculta a disponer de suplementos por afectaciones especiales.

La base del programa son 3 mil millones de pesos que aportará el Poder Ejecutivo más otros recursos como el producido por multas de la Agencia de Seguridad Vial.

En otro artículo se crea el 'Programa para el Fortalecimiento de áreas investigativas', destinado a la provisión de equipamiento y tecnologías para el fortalecimiento de las áreas periciales e investigativas dependientes del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.

Finalmente la Legislatura tendrá una comisión de seguimiento para el control de la ejecución de los recursos otorgados por la norma.