La reconfiguración de la Justicia nacional tendrá inicio en marzo

Con el inicio del período de sesiones extraordinarias, el gobierno nacional pondrá en marcha el proceso para recomponer, y en buena medida reconfigurar, el esquema del Poder Judicial. Comenzando con la Corte Suprema y culminando con la cobertura de 30 % de vacantes federales, y pasando por la Procuración y la Defensoría General.

El volumen y la trascendencia de los cargos a cubrir tendrá un impacto institucional inédito en el curso de un período democrático. Y, a la vez, habilita una base de negociación política inusitada. Máxime cuando el recambio incluiría buena parte de los tribunales federales de Comodoro Py, donde se tramita la mayoría de la causas por corrupción del actual y anteriores gobiernos.

Todo lo cual indica que, superada (con mejores o peores resultados) la instancia de la aprobación de la “modernización” laboral, y en paralelo con la agenda de reformas estructurales que desarrolla la gestión libertaria, deberán habilitarse y preservarse canales de diálogo con el Congreso; sobre todo cuando para algunos cargos se requiere mayorías absolutas.

Las vacantes en la Corte

Esto ocurre con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada desde noviembre de 2021 por tres ministros, de los cinco que indica la Constitución. Una de las dos vacantes fue fugazmente ocupada por Manuel García-Mansilla, por decreto presidencial y por apenas cinco semanas, hasta que el Senado rechazó su pliego. Lo propio ocurrió con el de Ariel Lijo, aunque en este caso no llegó a jurar.

“Es inadmisible que la Corte siga funcionando con tres jueces”, sostienen desde el gobierno nacional. Pero a la vez, son conscientes de que no pueden forzar la marcha y exponerse otra vez a un traspié de la magnitud del primer intento.

Lo cierto es que el Alto Tribunal encontró un mecanismo para funcionar y sostener un intenso nivel de actividad durante estos cuatro años, y no obstante la dura interna que enfrenta a sus integrantes; el presidente Horacio Rosatti y el vice Carlos Rosenkrantz, por un lado, y Ricardo Lorenzetti (signado precisamente como impulsor de la fallida candidatura de Lijo) por el otro.

Y es que, en la medida en que los tres jueces coincidan en el voto, eso constituye una mayoría absoluta capaz de suplir incluso una hipotética disidencia en caso de que estuviesen cubiertos los cargos faltantes. El problema surge cuando esa mayoría no existe y se debe convocar a conjueces, restando solidez y previsibilidad a la jurisprudencia.

Procuración y Defensa

A esos dos cargos en la cabeza del Poder Judicial, se suman los del Procurador General de la Nación –el jefe de los fiscales- y como a la Defensora Pública, cuyo sitio quedará vacante este 1º de febrero por decisión de la Casa Rosada, al no enviar al Congreso el pliego de Stella Maris Martínez, quien cumple 75 años el 1 de febrero, para prorrogar por cinco años su permanencia en el puesto.

La Procuración está en manos de Eduardo Casal, como interino desde 2017, cuando lo dejó Alejandra Gils Carbó. Paradójicamente, se convirtió en el funcionario que durante más tiempo ocupó el cargo desde la vuelta a la democracia, y la actual es la tercera gestión presidencial que atraviesa.

Durante el gobierno de Cambiemos, Mauricio Macri eligió como candidata a la jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Capital Federal Inés Weinberg de Roca, pero no obtuvo el respaldo necesario.

Sí lo tenía el juez federal Daniel Rafecas, cuyo pliego fue enviado por Alberto Fernández, pero su postulación también quedó en el camino, por no contar con el aval de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner.

Justicia Federal

Más allá de esto, el gobierno buscará este año avanzar con la designación de la tercera parte de los cargos de la Justicia, que están vacantes. Según un informe del Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo tiene 203 ternas en su poder, y el Presidente es el que elige a uno de los tres para cada puesto de juez, fiscal y defensor.

En particular, en Comodoro Py pueden quedar vacantes la mitad de los cargos de primera instancia, la mitad de la Cámara Federal porteña y casi la tercera parte de la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país.

Planillas en mano

Para lograr la aprobación de los cargos inferiores se requiere una mayoría simple del Senado (37 votos), que junto con sus aliados el gobierno estaría en condiciones de obtener, aún sin el concurso del peronismo.

En cambio, sí sería necesario obtener al menos una parte para los dos cargos de la Corte, el Procurador General y la Defensoría. Para estos puestos, el gobierno no tiene forma de llegar a los 48 senadores con aliados. Por lo cual, esa vertiente correrá en una negociación aparte, aunque la cobertura de los cargos inferiores también podría ser parte de ella.

La Libertad Avanza tiene 20 senadores propios, sobre un total de 72. El espacio de la UCR asciende a 10 miembros. El Frente PRO cosecha apenas 3. Y Luis Juez tiene un monobloque, quien podría encuadrar en la definición libertaria de “senadores autónomos”. Luego quedan las bancadas de partidos provinciales.

En tanto, el bloque peronista que conduce José Mayans en la Cámara Alta tiene 21 integrantes. Ese número puede escalar a 28 si se suman los 5 senadores de Convicción Federal y los dos que responden al ex gobernador de Santiago del Estero, el hoy senador Gerardo Zamora.

Más allá de las negociaciones políticas una vez remitidos los pliegos, en la conformación de las ternas participan otros actores, como los académicos, abogados y los propios integrantes del Poder Judicial. Comenzando por el hecho de que el propio titular del Consejo de la Magistratura es uno de ellos: nada menos que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.