La Corte Suprema dejó firme la condena a ocho años de prisión contra Sergio Urribarri y quedará detenido

En una resolución dictada este jueves 3 de septiembre de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a ocho años de prisión efectiva para Sergio Urribarri, exgobernador entrerriano y exembajador argentino en Israel durante la gestión de Alberto Fernández.

Los ministros del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— rechazaron por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa del exmandatario provincial, dando por agotada la última instancia de apelación del proceso judicial.

Los delitos y el pedido de detención inmediata

La pena dictada implica los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado, derivados del desvío sistemático de fondos públicos a través de cinco causas tramitadas en la provincia de Entre Ríos. La sentencia contempla además la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

Tras la resolución judicial de la Corte, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos formalizó de inmediato el pedido de detención efectiva contra Urribarri. La misma medida alcanza a Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación durante su administración, y a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador.

Del sillón de Paraná a la prisión

Sergio Urribarri había recibido la condena unánime en primera instancia el 7 de abril de 2022, fallo ratificado por la Cámara de Casación de Entre Ríos en mayo de 2023. Tras permanecer con prisión preventiva preventiva por un lapso breve, había quedado en libertad transitoria en enero de 2025 por un fallo del Superior Tribunal de Justicia provincial, fijando domicilio en la ciudad de Concordia a la espera de la resolución del máximo tribunal del país. Con este revés judicial definitivo, el exjefe del Ejecutivo entrerriano deberá cumplir de forma efectiva la pena establecida.

El dictamen de la Corte Suprema marca un precedente institucional decisivo en el juzgamiento de hechos de corrupción administrativa en la región centro del país. Con la última instancia agotada, se cierra un extenso recorrido judicial de cuatro años que determina de forma inapelable la responsabilidad del exgobernador en el uso indebido de los recursos del Estado.