Ante las recientes declaraciones públicas de Cristina con dos videos en Twitter, de las que inmediatamente se hicieron eco el ministro de Justicia Martín Soria y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, “que ponen en duda la independencia e imparcialidad de las/los juezas/ces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros tribunales inferiores”, los abogados consideraron necesario señalar que “cualquier cuestionamiento al acierto de las decisiones judiciales o a la conducta de las/los magistradas/os encuentra su subsanación en el derecho positivo argentino o, incluso, a través del sistema convencional de protección de los derechos humanos. En cambio, deslegitimar públicamente a las/los juezas/ces, aprovechando la alta investidura que confiere el voto popular, no hace más que desprestigiar la función judicial, así como también socavar la confianza y la credibilidad de la sociedad en su sistema de justicia”.