El Gobierno refuerza medidas antidumping

A través del Decreto 33/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional implementó un nuevo marco regulatorio para investigaciones y medidas antidumping en el comercio internacional. Este decreto busca garantizar transparencia, eficiencia y justicia en los procedimientos relacionados con prácticas comerciales desleales, como el dumping y las subvenciones.

¿Qué es el dumping y por qué es importante?

El dumping se refiere a la venta de productos importados en un país a precios inferiores a los de su mercado de origen, lo que puede dañar seriamente a las industrias locales. Para combatirlo, el país adopta medidas que alinean sus normas con los acuerdos internacionales establecidos en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El nuevo decreto, que sustituye y actualiza normativas previas, refuerza la capacidad de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) para investigar y sancionar estas prácticas. Además, incluye disposiciones sobre medidas compensatorias y salvaguardias que buscan equilibrar la balanza comercial del país.

Procedimientos más claros y ágiles

El Decreto 33/2025 introduce un sistema más claro para los productores locales que deseen iniciar investigaciones. Ahora, quienes representen al menos el 25% de la producción nacional de un producto similar podrán solicitar una investigación, siempre que presenten pruebas que demuestren el daño causado por las importaciones desleales.

En caso de identificarse irregularidades en las solicitudes, los interesados tendrán un plazo de hasta 20 días para corregirlas. Este enfoque busca evitar retrasos innecesarios y mejorar la interacción entre el sector privado y el Estado.

Medidas preventivas y definitivas

En las investigaciones, la CNCE evaluará si las importaciones están causando daño significativo. Si se confirman las sospechas, el Ministerio de Economía podrá imponer medidas antidumping o compensatorias provisionales para proteger a las empresas nacionales mientras avanza la investigación.

Una vez concluido el análisis, se podrán aplicar derechos definitivos, que estarán vigentes por un máximo de tres años. Este período es renovable mediante nuevos estudios que justifiquen su continuidad.

Impacto en la economía nacional

La medida tiene como objetivo proteger a sectores clave de la economía argentina, que en los últimos años enfrentaron una fuerte competencia de productos extranjeros vendidos por debajo de su costo real. Esto no solo afecta la rentabilidad de las empresas locales, sino que también pone en riesgo miles de empleos.