Discapacidad: nuevo intento por adherir a Santa Fe a la ley de talleres protegidos

La Cámara de Diputados insistió en que la provincia de Santa Fe adhiere a la ley nacional Nº 26.816 de 'creación del régimen federal de Empleo Protegido para personas con discapacidad' y lo giró una vez más al Senado. La norma nacional fue sancionada en 2012 y en años anteriores la Cámara Baja había votado el tema. Esta vez fue Dámaris Pachioti (Ciudad Futura) la autora del texto que llegó al recinto con los dictámenes de las tres comisiones que habían analizado el proyecto.

Además de la adhesión, el texto deja en manos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la aplicación y le encomiendan la firma de los convenios respectivos con la cartera nacional para la aplicación de los beneficios en la provincia. "Debemos reconocer el laburo de personas con discapacidad en esos talleres y que el Estado los fortalezca. Debemos alimentar este tipo de trabajo colectivo y generar oportunidades" señaló la autora.

La norma nacional implica el reconocimiento por parte del Estado Nacional de las personas con discapacidad que desempeñan tareas laborales en talleres protegidos como verdaderos trabajadores. El objetivo central es "promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad mejorando el acceso al empleo y posibilitar la obtención, conservación y progreso en un empleo protegido y/o regular en el ámbito público y/o privado."

La ley nacional establece que el Ministerio de Trabajo de la Nación promoverá, especialmente a través del Consejo Federal del Trabajo, la participación activa de los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales del país para la asistencia técnica, el financiamiento y el control, como así también la incorporación de otros organismos públicos nacionales, con la finalidad de construir una Red Federal para el Empleo Protegido. Entre los beneficios otorgados está un derecho de preferencia a la hora de seleccionar bienes y servicios para proveer al Sector Público Nacional.

"Es necesario impulsar esta adhesión para acompañar los procesos de transformación y garantizar estímulos económicos que propendan a la sustentabilidad económica de estos talleres. Ante las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias a la hora de lograr un empleo convencional, desde la autogestión y la organización solidaria se han multiplicado espacios que ponen en valor la el desempeño colectivo de las capacidades laborales individuales", subrayó Pachiotti.

En la provincia existen 14 talleres protegidos. Cuatro veces la diputada mando cumplido Alicia Gutiérrez intentó lograr la adhesión santafesina.

Por otra parte, Diputados acompañó al radical Sergio Basile ordenando incorporar en todos los hospitales y centros de salud oficinas únicas para adultos mayores que tendrán por objeto dar atención exclusiva preferencial e inmediata a los adultos mayores que utilicen los servicios públicos de salud.

Define por adulto mayor a toda persona mayor de 60 años, según la escala que utiliza la Organización Mundial de la Salud. El ministerio de Salud deberá implementar en forma progresiva tales oficinas que, entre otras funciones, brindar información actualizada y periódica a los distintos ministerios para mejorar la atención en diversos aspectos a los adultos mayores dentro del ámbito público de la provincia; y, trabajar en forma coordinada con el Ministerio de Desarrollo Social ante la existencia de situaciones de extrema vulnerabilidad, a fin de garantizar en estos casos una atención prioritaria.

Según Basile, hoy "los adultos mayores no cuentan con un sistema de atención personalizada y ágil, generándose pérdidas de tiempo, de información y falta de datos relevantes que solucione sus problemáticas y consultas en forma eficiente y clara. En busca de una mayor igualdad de condiciones para con los adultos mayores y la ciudadanía en general, es nuestro deber promover medidas que descentralicen la atención al público y enfoquen su labor en áreas donde más carencia de recursos existan, facilitando la obtención de turnos y disminuyendo los tiempos de acceso a la atención médica. Además, como objetivo primordial, se tenderá a simplificar y resolver procesos administrativos a través de la atención, ampliando su cobertura en orientación y asesoramiento" señaló.

Ética Pública

"Proponemos que los bienes que son propiedad del erario público y que pertenecen a todos los habitantes de una comunidad, no sean susceptibles de ser utilizados con fines políticos, propagandísticos y/o de campaña", señaló el socialista Joaquín Blanco a la hora de fundamentar una reforma a la ley de Ética Pública de la provincia que aprobó la Cámara de Diputados.

El cambio introducido es en el artículo 2 de la ley 13.230 que establece las obligaciones a cumplir por los sujetos comprendidos por la norma.

"Este proyecto de ley se apoya sobre sólidas experiencias, partiendo de una observación aguda y crítica de la realidad. Son innumerables los ejemplos en los cuales, los recursos pertenecientes a la administración pública son utilizados sin reservas para fines partidarios, políticos y personales de aquellos funcionarios públicos que detentan el poder" dijo Blanco quien invitó a adherir a municipios y comunas, lugares donde también se repiten estas acciones con bienes locales.