Drogas: una mirada sanitaria ante el "fracaso de la prohibición"

“Drogas, el fracaso de la prohibición y sus nuevos abordajes” fue el, cuanto menos, provocador título de la conferencia que tuvo a su cargo Mariano Fusero, especialista en el tema, quien estuvo en la ciudad invitado por la Defensa Pública de la provincia para disertar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Fusero es abogado por la Universidad de Buenos Aires, diplomado en Política de Drogas en el Centro de Investigación y docencia económica (Cide), México, y presidente de Reset, Política de Drogas y Derechos Humanos. Y estuvo acompañado en su presentación y en la charla con este diario por Jaquelina Balangione, titular del Servicio Público provincial de Defensa Penal y anfitriona de la conferencia.

—¿Cuál es la hipótesis que maneja en materia de drogas y adicciones?

—Lo que se planteó en la conferencia no es una terminología propia, ni un invento personal, sino que muchos países están avanzando sobre esos nuevos abordajes porque consideran que la política criminalizante, punitiva en materia de drogas, que data de la década del 60 (la primera convención es de 1961 e impuesta a nivel internacional por los países centrales), establecía este régimen prohibicionista de consumo de sustancias y hoy podemos ver claramente sus resultados. Y los resultados son reflejados por los mismos informes que componen el régimen de fiscalización de estupefacientes. Los datos duros para hablar del fracaso de la prohibición, los sacamos de la oficina de Naciones Unidas contra Droga y Delito y reflejan aumentos en la tasa de consumo: en la actualidad tenemos 275 millones de personas que, por lo menos, probaron una sustancia prohibida el año pasado. De ese total, que significa el 5.6 % de la humanidad, hay 30,5 millones de personas con un consumo problemático, es decir, alrededor del 12 % de la cantidad de personas que consumieron sustancias. Eso sirve también para desmitificar que todo consumo puede llevar a un consumo problemático. Lo que se tiene que determinar es cuál es el abordaje posible y es un abordaje que los mismos organismos internacionales reconocen que tiene que ser desde la salud, sanitario y nunca desde una mirada punitiva.

Tenemos en nuestro país legislaciones que datan de hace 30 años, una ley que sigue vigente y criminaliza a personas que consumen drogas por delitos que se asocian al consumo. Por ejemplo, la tenencia de sustancias para consumo personal, que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en dos oportunidades: con el fallo Bazterrica en 1986 y el fallo Arriola del que se cumplen diez años. Y, sin embargo, no hubo un cambio legislativo; en el Congreso Nacional hubo 25 proyectos de ley de diferentes bancadas políticas para lograr este cambio después del fallo Arriola.

Después, tenemos muchos datos de producción de sustancias. ¿Cuánto logró disminuir la cantidad de sustancias que se producen el sistema prohibicionista, abstencionista? Las sustancias de mayor daño y adictividad son los derivados del opio; el principal país que provee de heroína, que es un derivado del opio a nivel internacional, es Afganistán. En 2001 ese país tenía una producción anual de 185 toneladas de opio; ese año interviene la Otan luego de las torres gemelas. Hay ahí un ejemplo claro de militarización controlada por un sistema internacional. ¿Cuál es la producción actual? Alrededor de 10 mil toneladas.

Todo dato que podamos vincular para analizar los efectos que tuvo la prohibición a nivel mundial son datos negativos. Mientras, estamos debatiendo el acceso de las personas a sustancias fiscalizadas con fines medicinales terapéuticos, como el cannabis medicinal.

Los mismos organismos internacionales reconocen que el abordaje sobre drogas tiene que ser desde la salud, sanitario y nunca desde una mirada punitiva”.

Mariano Fusero,

especialista en Política de Drogas.

—La ley se sancionó: ¿no se aplica o no se reglamentó bien?

—Ahí hay un tema importante que tiene que ver con las dos cosas, lo normativo y cómo se implementó. La normativa estableció un programa de investigación de una sustancia que ya se viene investigando, por lo menos en nuestro contexto moderno, desde la década del 60. Se establece un programa que está desfinanciado: en el Presupuesto 2019 se le asignaron 360 mil pesos, menos de mil pesos por día. ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo? Un fallo reciente de la provincia de Córdoba declaró inconstitucional que se limite la investigación sólo para casos de epilepsia refractaria. Para resumir, las vías de acceso al cannabis medicinal son autocultivo, que está penalizado con prisión de 4 a 15 años que es el máximo establecido para el delito de violación. La vía de importación que ya teníamos desde 2014 para cualquier sustancia, cualquier patología y cualquier grupo etario, limitada a los niños y jóvenes adultos. Y cuando se limitan estas vías de acceso a productos estandarizados también podría ocupar ese lugar el Estado proveyendo la sustancia. Uno de los pocos reconocimientos positivos a la ley de uso medicinal, es el fomento a la elaboración pública de medicamentos. Esta provincia tiene tres pedidos de autorización de laboratorios públicos de Rosario y de Santa Fe que no fueron respondidos por el Estado nacional. La ley fue muy corta, las pocas cuestiones positivas se incumplen y la principal laguna que deja es no contemplar una regulación respecto del autocultivo, dejando el gran universo de personas que accede a la sustancia sin ninguna alternativa.

—Más allá del cannabis para uso medicinal, ¿qué lugar ocupa nuestro país en cuanto a consumo y producción de drogas?

—Grandes índices de consumo nunca tuvimos, no es una problemática preocupante en relación con otros países como Estados Unidos con la crisis del opio y las 60 mil muertes que produjo. Sí tenemos un gran problema presupuestario acerca de dónde se ponen los recursos económicos en la prevención y tratamiento de las adicciones y reducción de la demanda, en comparación con el supuesto de reducción de la oferta, que sería criminalización, judicialización o militarización de la seguridad urbana. Los datos duros son difíciles de conseguir, pero los últimos informes reflejan que los porcentajes puestos en uno y otro abordaje son 95 % para reducción de la oferta, en desmedro del 5 % que se destina a la prevención y tratamiento.

Ni siquiera los países centrales o el país mentor de la cruzada bélica del tema del abordaje en materia de drogas, que es Estados Unidos, tiene tal disbalance presupuestario. En la actualidad tiene una relación de 60 y 40 que es el promedio mundial establecido y se está acercando cada vez más al 50 y 50. Hay estudios internacionales que reflejan que los abordajes puestos en prevención y tratamiento -reducción de la demanda- son siete veces más efectivos que los puestos en materia de reducción de la oferta. Tenemos un problema si creemos que el abordaje es solamente desde el tema penal, de seguridad, de narcomenudeo, de reventar un kiosco para que nazcan tres y se disputen el mercado. ¿Y cómo se disputa el mercado? De forma violenta. Es una reproducción constante de la violencia. Si se supone que se va a abordar el tema así estamos en una postura fallida que a nivel mundial ya se dejó de lado.

—¿Qué pasa si nos vamos a Rosario, donde el tema drogas tiene una fuerte vinculación con el delito? ¿Lo analizó como un caso aparte?

—No personalmente, pero sí como fenómeno. Me parece que lo más importante a reflejar de Rosario es el abordaje perimido que se intenta realizar de atacar los pequeños eslabones de la cadena de tráfico cuando termina siendo reproductor de la violencia. La demanda sigue existiendo y mientras esto ocurra va a haber alguien que va a proveer. Es insignificante que vayas a un bunker que está controlado generalmente por gente de bajos recursos, con problemas serios en el acceso a la salud, la educación y los servicios públicos. Son mujeres, principalmente, y niños que se convierten en los famosos soldaditos. Son personas vulnerables en el doble sentido: para el crimen organizado porque son captables por sus necesidades, pero también ante el sistema penal. Y eso termina significando un círculo vicioso que no se termina de controlar. Sí podemos hablar de que hay personas que tienen un problema de consumo pero a nivel local se repiten los datos internacionales, con un 10 % aproximadamente en esa situación. En ese sentido, la óptica está mal puesta pero no creo que sea una cuestión inocua o no pensada. Hace también a una demagogia política, electoral, sensacionalista. Porque seguimos con los discursos de que este fenómeno “se terminaría” o “trataríamos” de controlarlo. El consumo de sustancias acompaña a la humanidad de manera histórica y hasta a los animales; no es una cuestión posible de acabar. ¿Cómo se controla este fenómeno? Con abordajes más humanitarios y efectivos.

Hay estudios internacionales que reflejan que los abordajes puestos en prevención y tratamiento -reducción de la demanda- son siete veces más efectivos que los puestos en materia de reducción de la oferta”.

Mariano Fusero,

en diálogo con El Litoral.

—Es interesante el otro costado, el de las drogas “legales” o permitidas para las que no parece haber tanta prohibición y también generan adicciones y otros efectos: alguien que toma alcohol y luego conduce puede matar a otra persona.

—Los grandes índices de accidentología están relacionados con el consumo de alcohol, Entre los índices de sustancias criminógenas que podrían producir conductas disvaliosas está el alcohol seguido por el consumo de sustancias de venta legal, como las pastillas. Y son sustancias que están publicitadas, incluso en horarios de protección al menor.

—No se puede prohibir lo que es de venta libre.

—La prohibición nunca es la alternativa. Lo que se hace es una regulación fuerte de la sustancia por parte del Estado. Con el tabaco se aplicaron a partir de 2010, a nivel mundial y por recomendaciones de la OPS-OMS medidas costoeficientes, con imágenes de disuación del consumo, como prohibir su publicidad y promoción, y subir la tributación del tabaco. El resultado fue una disminución global de los índices de consumo. ¿Tenemos un modelo prohibicionista? No. El tabaco no está prohibido. Es un modelo regulatorio fuerte por parte del Estado para evitar los daños que puede producir el consumo masivo de esta sustancia y evitar los consumos problemáticos. A diferencia de lo que sucede con el alcohol, donde tenemos una industria cervecera muy fuerte y un consumo de alcohol muy elevado: somos el segundo país en la región después de Chile en consumo, y tenemos además el lobby de las provincias vitivinícolas. Es un combo que termina presionando a la política para que no se haya podido regular fuertemente en uno y otro gobierno que han recibido las mismas presiones para llevar adelante estas políticas regulatorias.

—Volvamos al principio: prohibición no, ¿qué hacemos?

—Regulación de todas las sustancias, como lo está haciendo Uruguay con el cannabis.

—¿Es muy pronto para medir los resultados de esta política en Uruguay?

—Lo de Uruguay fue una experiencia de vanguardia a nivel mundial y no había certeza de cómo iba a fusionar. Después de 5 años, los datos de consumo no aumentaron o tienen una pendiente en aumento comparable con la de otros países que no legalizaron. El aumento de consumo de cannabis es global por razones culturales, de mayor tolerancia y desmitificación de los daños. Entonces, cuando se ve la pendiente de aumento, es independiente del estatus legal de la sustancia.

"Para saber de qué estamos hablando"

Como cuestión vinculada a la persecución del consumo y el comercio de drogas, Jaquelina Balangione ratificó su postura en contra de la “desfederalización” del narcomenudeo -que delega en los tribunales provinciales los casos de menor envergadura- , alentada por el gobierno nacional y con media sanción del Senado santafesino. Pero además, puso de manifiesto “la realidad con la que nos encontramos en muchos casos en los que estamos ejerciendo la defensa, ya sea en la etapa procesal como en el momento del encierro. Por ejemplo en las cárceles de mujeres, donde en estos casos se trata de presas federales y nos encontramos con situaciones injustas, de mujeres grandes con muchos meses de prisión preventiva”.

En cuanto a los varones, “en Coronda hay dos pabellones con presos federales, son 400, la mayoría por temas de ‘narcotráfico’ que en realidad son situaciones de poca envergadura, donde lo que se ve es el abordaje desde lo penal. Y nos preocupa, mirando el conflicto en forma integral, cuáles son los problemas que los llevan a ingresar en este tema como soldaditos, como ‘mulas’. Porque son los más vulnerables de los sectores débiles de la sociedad; chicos y chicas menores de edad y mujeres que encuentran una posibilidad económica de comer y de acceder a la droga. Y a esa vinculación con el delito tratamos de desmitificarla, porque vemos que no es que la droga lleva a la persona a delinquir, sino otro conjunto de situaciones que se viven en la sociedad, donde la droga es un bien de consumo más”.

En cuanto a la promoción de este debate, explicó que “desde la Defensa Pública lo que hacemos es dar unos primeros pasos con la Universidad, porque creemos que hay que apostar al desarrollo académico de investigación para saber de qué estamos hablando. Creo que las políticas erradas -no sólo ejecutivas y legislativas, sino también judiciales- son por falta de conocimiento de la problemática. Todos tenemos que formarnos en esto, hay una gran laguna en este tema. Es hora de tomarlo en serio y construir entre todos las políticas públicas, legislativas y de intervención judicial más adecuadas para paliar un problema, evitando la estigmatización y cuestiones que generan mayor dolor a los sectores de menos recursos”.