La edad de imputabilidad anticipa debate dentro y fuera del Congreso

El Litoral

El gobierno de Mauricio Macri anunció que enviará al Congreso, en febrero y en extraordinarias, el proyecto de ley para crear un nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Actualmente, rige la Ley 22.278, que data de la época de la última dictadura militar.

La iniciativa del Ejecutivo, que fue anticipada hace dos años -también en un momento electoral-, contendría un centenar de artículos, distribuidos en 16 capítulos. Sin embargo, uno de los puntos que cobró mayor trascendencia y fue confirmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es que se buscará bajar la edad de imputabilidad a los 15 años.

Según detalló el matutino Clarín, el régimen se aplicará a los menores de 15 cuando hayan cometido delitos tales como homicidio, violación, abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo con armas de fuego.

En la previa

Todo indica que la propuesta encontrará resistencia en la Cámara de Diputados de la Nación, donde referentes del kirchnerismo, el peronismo federal, el massismo, RedxArgentina, el Movimiento Evita y la izquierda, o se pronunciaron en contra o cuestionaron que se trata de marketing de campaña y una “cortina de humo” frente a los problemas de la economía, tal cual expone Guido Braslavsky en su informe para Clarín.

En el Senado, el clima no se ve tan hostil para el oficialismo, aunque su principal interlocutor en el PJ, Miguel Pichetto, tampoco se mostró convencido. “Hay delitos que cometen menores, pero no es el problema que hoy está viviendo la Argentina en materia de seguridad”, dijo el rionegrino al matutino porteño.

Desde la Cámara Joven, el salteño Pablo Kosiner, jefe de la bancada de Argentina Federal consideró “difícil” tratar este año el proyecto: “Lo penal tienta a muchos a un discurso de impacto electoral”.

En tanto, la jefa de la bancada massista Graciela Camaño advirtió que “el gobierno tiene la idea de ’bolsonorizar’ la campaña”. Sin embargo, sostuvo que “vamos a trabajar como todos los proyectos de seguridad, en la idea de que salga. El nuestro propone la baja a 14 años, pero se trata de tener un régimen para que los pibes no sean rehenes de lo que los jueces quieran”.

Por su parte, el diputado nacional del PRO, Daniel Lipovetzky, aseguró que el proyecto de ley “no sólo propone bajar la edad de imputabilidad sino regular todo lo atinente a la atención y seguimiento del Estado de un menor que está siendo juzgado por la comisión de un delito”. Y si bien evaluó que “la discusión va más allá de la edad de imputabilidad”, consideró que, a su juicio, “para los delitos graves la edad debería ser 14 años, más acorde a la legislación comparada. Recordemos que la edad promedio en el mundo es de 12 años aproximadamente”.

Puntos principales

A todo esto, el proyecto establece la intervención de una Justicia especializada en la adolescencia, y plantea que la prisión será el “último recurso” y “por el plazo más breve posible”. Además:

- Los adolescentes “no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”. El máximo de años de cárcel será de 15 y quedará prohibida “la imposición de reclusión y de prisión perpetua”.

- En caso de que las víctimas den su consentimiento, y sólo ante delitos menores, se incorporarán “mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos”, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo.

- La ley buscará establecer sanciones socio-educativas, tales como la asistencia a programas de formación ciudadana; la capacitación laboral, cultural y deportiva; o el tratamiento médico o psicológico.

- La prisión preventiva para los jóvenes de entre 15 y 18 años deberá ser por el plazo de un año. Asimismo, se habla de distintos tipos de detenciones: domiciliarias, de “fines de semana”, y en centros especializados, donde los menores “desarrollarán actividades formativas, educativas, laborales y de ocio”.