Un año más de emergencia social, sanitaria y educativa en Santa Fe

El Poder Ejecutivo de Santa Fe prorrogó por un año la vigencia de la Ley Nº 14241 que dispuso la emergencia en materia Social, Educativa y Sanitaria. La prórroga será a partir de este martes y la decisión está prevista en el propio articulado legal.

El dictado de la ley de esa emergencia apunta a garantizar el derecho a la educación y a la salud, a la seguridad alimentaria, y fortalecer las estructuras de promoción y protección de derechos en un período de alta criticidad social, siendo los Ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, de Educación y de Salud, las autoridades de aplicación de la norma especial.

La Ley N° 14241 fue dictada a fines de 2023 y prorrogada por decreto por seis meses. Posteriormente, mediante Ley N° 14412 se aprobó una nueva prórroga desde el 23 de junio de 2025 y por el plazo de un año que ahora se extiende por otro año.

Qué dice en los considerandos

A la hora de los considerandos se informa que la prórroga obedece al sostenimiento en las condiciones de deterioro del tejido social que había justificado su sanción legislativa. Precisa que a nivel nacional los resultados del segundo semestre de 2025 del informe del INDEC referido a "Incidencia de la pobreza y la indigencia" revelan que el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 21,0%, en los que reside el 28,2% de las personas y dentro de este conjunto se distingue un 4,8% de hogares por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 6,3% de las personas.

Eso implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares, por debajo de la línea de pobreza se encuentran 2.145.000 hogares, que incluyen a 8.474.000 personas y dentro de ese conjunto, 494.000 hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, lo que representa un total de 1.884.000 personas.

En lo que respecta a la Provincia de Santa Fe, los porcentajes observados en los grandes aglomerados urbanos siguen la misma lógica. En el Gran Rosario la pobreza alcanzó el 16,6% de los hogares y el 22,3% de las personas, en tanto que para el Gran Santa Fe las cifras alcanzan el 22,8% y el 30,6%, respectivamente;

"Esos números representan un sostenimiento de la precariedad de las condiciones materiales de vida de los habitantes de nuestra provincia", dice el decreto

En paralelo, la situación de los niños, niñas y adolescentes en el país continúa en una situación crítica; según el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, en 2025 el 53,6% de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina urbana vivía en hogares pobres y el 10,7% en situación de indigencia.

Otro aspecto son los consumos problemáticos en la Provincia. La Agencia de Prevención del Consumo de Drogas, particularmente en relación a la cantidad de situaciones abordadas, destaca que "entre los años 2023 y 2024, hubo un incremento aproximado del 43%. Entre los años 2024 y 2025, el aumento fue aún más significativo, implicando un crecimiento cercano al 77%. Siendo el incremento acumulado del 2023 al 2025 más del 153%".

En los considerandos añade que la crisis económica que atraviesa el país impacta tanto en el mercado laboral como en el sistema de obras sociales, lo que provoca que numerosos beneficiarios recurran a hospitales y centros de salud. Como consecuencia de ello, el sistema público de salud debe asumir la atención de una población cada vez mayor en sus establecimientos.

El actual contexto socioeconómico demanda la continuidad en la implementación de esfuerzos orientados a consolidar un modelo de atención, gestión y financiamiento basado en redes integradas de servicios; este enfoque debe priorizar la ejecución rápida y eficiente de políticas de prevención y promoción de la salud y del desarrollo humano de la población, contemplando la incorporación de nuevas tecnologías y la participación de un número suficiente de agentes calificados para garantizar una atención esencial y adecuada.

Otro aspecto marcado por el decreto es la discontinuidad de políticas públicas esenciales que obligó al sistema de salud de la Provincia de Santa Fe a asumir responsabilidades que antes eran cubiertas por la Nación; a la interrupción de programas sanitarios claves se suma la irregularidad en la provisión de medicamentos, insumos críticos y vacunas, lo que ha obligado al gobierno provincial a reforzar su inversión y capacidad operativa para sostener el acceso a la salud; frente a esta realidad, ha desplegado una estrategia de gestión y financiamiento que prioriza a las personas, fortalece a los equipos de salud y mantiene el funcionamiento de hospitales y centros de salud en toda la provincia.

Precisa el decreto que esta retracción por parte del Estado Nacional se ve reflejada en una drástica reducción del financiamiento para programas críticos como Salud Sexual y Reproductiva, Remediar, o el Programa Federal INCLUIR SALUD, obligando a la provincia a absorber la provisión de insumos y medicamentos con recursos propios para evitar la interrupción de las prestaciones de salud.

La discontinuidad en el suministro de insumos nacionales ha obligado a desplegar estrategias urgentes de compra centralizada de medicamentos esenciales, oncológicos, de alto precio y antibióticos inyectables, así como la provisión de insumos para hacer frente a la emergencia epidemiológica del Dengue, tanto para la prevención, vacunación y control de dicha enfermedad en el territorio provincial.

En la continuidad, se marca que para optimizar la distribución territorial y asegurar la operatividad de la red pública ante el incremento de pacientes que perdieron la cobertura de la seguridad social, resulta indispensable dar continuidad a los mecanismos excepcionales de contratación, los cuales han permitido que efectores de salud de toda la provincia realicen más de 2.500 gestiones -entre licitaciones aceleradas y contrataciones directas de emergencia-, enmarcadas en el Decreto N° 0219/24, que reguló diferentes procesos de contrataciones en el marco de la emergencia declarada.

Tras estos considerandos, el Poder Ejecutivo "corrobora que subsisten las razones que motivaron aquella declaración de emergencia aprobada por Ley N° 14241, por lo que se estima procedente disponer su prórroga por el plazo de un año, a partir del 23 de junio de 2026.