El Gobierno evalúa apagar por vía legislativa los reclamos por incendios en la Patagonia

El gobierno nacional evalúa ampliar el temario de extraordinarias para incorporar el debate por la declaración de emergencia por los incendios que afectan a la Patagonia, en una jugada que busca responder a los reclamos de los gobernadores del sur y evitar que escale el conflicto político sobre la agenda de febrero que tiene como foco central la reforma laboral.

La posibilidad fue admitida este miércoles por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien sostuvo que la incorporación debe anunciarla el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero anticipó: “seguramente, entre hoy y mañana, esto va a aparecer”. El tema quedó en el centro luego de un comunicado conjunto de mandatarios patagónicos que reclamaron tratar “con urgencia” la emergencia ígnea, en un contexto de incendios forestales que, según informaron, ya dejaron casi 230.000 hectáreas afectadas.

Con el reloj legislativo ya en cuenta regresiva para el inicio de extraordinarias, Bullrich intentó bajar la temperatura de la disputa. Consultada sobre si un eventual rechazo al pedido de los gobernadores podría complicar la sanción de la reforma laboral, respondió que eso no ocurrirá: “nosotros vamos a aceptar que se discuta el tema de la emergencia”.

En la misma línea, sostuvo que el Ejecutivo ya está asistiendo a las provincias afectadas. “Está la Agencia Federal de Emergencias, que está par y par con las provincias, está trabajando a full”, afirmó. Y completó: “Este es un tema que no tiene discusión. Hay un incendio en cualquier parte del país, como hay inundaciones donde sea, ahí el Estado nacional corre inmediatamente a ayudar”, dijo, con una comparación directa: “como pasó en Bahía Blanca”.

Gobernadores piden “herramientas excepcionales”

El pedido al Poder Ejecutivo fue elevado por los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Sergio Ziliotto (La Pampa). Plantearon que la dimensión de los focos activos exige mecanismos extraordinarios para sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre provincias y Estado Nacional.

En redes sociales, el chubutense Torres reforzó el argumento con dos referencias de peso. Por un lado, describió un “escenario climático extremadamente adverso” y recordó que las provincias patagónicas declararon la Emergencia Ígnea en octubre de 2025. Por otro, subrayó que se trata de “la sequía más severa desde 1965”, y pidió que el temario de extraordinarias —que comienza el lunes 2 de febrero— incorpore el proyecto porque “la magnitud de los incendios que enfrentamos exige herramientas excepcionales”.

Torres también buscó despegar el reclamo de cualquier lectura partidaria: “La Patagonia no es un territorio aislado y el fuego no reconoce límites ni distingue entre partidos políticos, razas o religiones”, señaló, y convocó a todos los bloques del Congreso a acompañar la iniciativa.

La presión de Macri

El reclamo patagónico sumó un actor que en la Casa Rosada miran con atención: Mauricio Macri. El expresidente respaldó el pedido de los gobernadores para que el Congreso debata con “urgencia” la emergencia ígnea en extraordinarias. “Apoyo el pedido de Ignacio Torres y de los gobernadores patagónicos para que, en las sesiones extraordinarias, se sancione la Ley de Emergencia Ígnea, que permitirá coordinar los esfuerzos provinciales con el Estado nacional”, escribió en X.

El gesto tuvo lectura política por partida doble: por lo que implica en la interna del PRO y por el impacto sobre el vínculo con el Gobierno. A ese apoyo se sumó Fernando de Andreis, diputado y flamante secretario general partidario, quien sostuvo que los incendios “no son solo un problema de las provincias” y que deben enfrentarse “como país”, con “recursos y de manera coordinada”.

En paralelo, la conducción nacional del PRO emitió un comunicado para exigir la declaración de la emergencia, y legisladores del espacio anticiparon que, si el proyecto ingresa al temario, lo votarán a favor. Ese alineamiento ubica al PRO en el mismo carril que otros sectores de la oposición: Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Provincias Unidas, que ya expresaron respaldo al reclamo.

Proyectos presentados

En Diputados ingresaron, desde que comenzó el 2026, cuatro proyectos para declarar la emergencia ígnea por 180 días en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén. Fueron impulsados por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Esteban Paulón (Provincias Unidas) y la monobloquista Marcela Pagano.

Los textos tienen giro a dos comisiones clave —y eso, en el Congreso, define el ritmo—: Presupuesto y Hacienda, y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

En paralelo, se pidió por el endurecimiento penal. Hay un proyecto para modificar el artículo 186 del Código Penal y elevar las penas por daños ecológicos. Lleva firmas de legisladores de Provincias Unidas y también de un diputado que integra La Libertad Avanza, Atilio Basualdo, junto a Sergio Capozzi, Gisela Scaglia, Alejandra Torres, María Inés Zigaran y José Núñez.

En el Senado, la chubutense Edith Terenzi presentó un proyecto para tipificar el “ecocidio” e incorporarlo de modo sistémico al Código Penal, definido como el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de normas de presupuestos mínimos, con afectación de derechos de generaciones actuales y futuras.

Asimismo, Terenzi envió este miércoles una carta a Manuel Adorni para solicitar que se incorporen de manera urgente al temario los proyectos vinculados a la emergencia ambiental y a la figura de ecocidio.

La senadora fundamentó el pedido en la “grave crisis ambiental” que atraviesan la cordillera y el bosque andino patagónico en Chubut, con daños “irreversibles” y afectación directa no solo a comunidades locales sino también a actividades turísticas, productivas, ganaderas y agropecuarias. Y sostuvo que incorporar la figura de ecocidio sería una manifestación del compromiso estatal con el ambiente como bien jurídico y derecho humano, con herramientas para “prevención, sanción y reparación” de conductas dolosas.

En paralelo, el diputado Paulón le escribió a Javier Milei, planteando que “la Argentina no cuenta hoy con las herramientas institucionales, presupuestarias ni penales necesarios” para enfrentar catástrofes de esta magnitud, y que la intervención del Estado nacional es clave mediante políticas excepcionales, recursos urgentes y coordinación integral, “hoy ausente”.

En el debate también entró la discusión de recursos. Paulón advirtió que el proyecto presupuestario prevé una reducción cercana al 70% para prevención y combate de incendios forestales, decisión que consideró “irresponsable” y que, según dijo, debilita equipos técnicos y limita la capacidad de respuesta.