Subdistribuidoras de gas señalan "la asfixia" del sector ante el Enargas

Medio millón de usuarios cuentan con el servicio de gas natural por redes porque existen los llamados subdistribuidores, en muchos casos, anteriores a las privatizaciones de la década del '90 que terminó con Gas del Estado durante el gobierno del justicialista Carlos Menem.

Se trata de empresas pequeñas, cooperativas o compañías bajo el formato de una Sapem con que los estados provinciales, municipales y comunales brindan servicios públicos, entre ellos el de gas natural por redes. En algunos casos son posteriores a la división en empresas de transporte y de distribución de gas natural, hecha en 1992, pero unos y otros comparten una realidad: deben comprar el combustible a los distribuidores que tienen la exclusividad en los territorios donde actúan.

Dos expositores santafesinos colaron el reclamo de los subdistribudiores en una adiencia pública cuyo tema convocante fue la posibilidad de que sea ampliada por 20 años la licencia a tres grandes distribuidores: Metro gas, Litoral Gas y Camuzzi Gas Pampeana. Las posiciones de ambos reclamaron más atención del Enargas, el Ente Nacional Regulador del Gas sobre los pedidos de la Federación de Subdistribuidores de Gas de la República Argentina (Fesubgas).

Hablaron María Victoria Noriega de la Cooperativa Setúbal, titular de esa federación y Pablo Goddio de Esperanza Servicios Sapem que es tesorero de esa entidad. Es importante adelantar que tras sus intervenciones la secretaria de Energía de la Provincia de Santa Fe, Verónica Geese, manifestó abiertamente su apoyo a sus reclamos también ante las autoridades regulatorias nacionales.

En pocas palabras hoy la subdistribución "está invisibilizada", lamentó Noriega, con números que crean una permanente "tensión financiera", acotó Goddio. La primera habló de "asfixia" y endeudamiento "crónico" mientras que el segundo de la necesidad de cambios en las normas dictadas por las autoridades nacionales para que haya un elemental "principio de simetría" y "en consonancia con la equidad regulatoria".

Otra realidad

La dirigente cooperativista afirmó que "no se contempla la realidad de las subdistribuidoras, no hay una tarifa para la subdistribución, y las regulaciones hoy son asimétricas respecto de los distribuidores" a los que se les debe pagar el gas consumido 60 días después cuando los usuarios terminan sus pagos como mínimo a los 90 días. Goddio admitió que ese plazo de dos meses es algo mejor que antes pero subrayó que debería por lo menos ser de 75 días.

"El problema más serio es el margen bruto regulado. Aquella diferencia entre lo que cobramos a los usuarios y lo que pagamos a las distribuidoras. Está desactualizado, no cubre nuestros costos operativos y financieros, ni de impuestos", dijo Noriega.

Explicó que "es un margen que hoy nos asfixia y además el reglamento de pagos del servicio profundiza la crisis. Nosotros debemos pagar a las distribuidoras a los 60 días, mientras que a los usuarios es posible cobrarles a los 90 días. Y esto nos lleva al endeudamiento crónico. Y como si esto fuese poco, la implementación del régimen de zona fría ampliado trajo una presión más sobre las subdistribuidoras. Porque ahora debemos adelantar recursos propios sin contar con respaldo financiero ni un fondo que nos permita sostenernos y la devolución por parte de Estado Nacional llega con 150 días de retraso".

Las graves demoras del Estado Nacional para devolver esos montos subsidiados provoca que "hoy los subdistribuidores "recibimos recién el pago correspondiente a las bonificaciones que hicimos en diciembre de 2024", sin ninguna tasa de actualización. "Actualmente, nos resta percibir lo de enero, febrero, marzo, abril y pronto mayo de este año. Y son bonificaciones que debemos hacer por entre el 50 y el 70% de las tarifas que debemos pagar a las distribuidoras", indicó ella. Goddio indicó que se trata de "una buena ley nacional, que tiene fines loables, pero que se ha aplicado de una manera que nos perjudica gravemente".

Decisiones

"Todos estos problemas se deben a decisiones tomadas a nivel nacional, son todas competencias del Estado Nacional. Debe ser corregido: esto no es un 'asunto entre privados', es un problema que enfrenta un servicio público esencial que reclama igualdad regulatoria, equidad territorial y fundamentalmente neutralidad económica", apuntó Noriega.

"El interior profundo de la Argentina -reflexionó- merece una respuesta, las subdistribuidoras no podemos seguir siendo la variable de ajuste de un sistema que nos invisibiliza. Por eso solicitamos de manera urgente la actualización del margen bruto de las subdistribuidoras de acuerdo a los costos reales que poseemos. Necesitamos un esquema de pagos equilibrado y sostenible, que requiere una modificación del reglamento de servicio, acceso a financimiento específico y justo para las subdistribuidoras de gas y un trato justo respecto a las grandes distribuidoras en todos los aspectos económicos y normativos del Enargas".

"Creemos -concluyó- que ya no hay más tiempo. Que necesitamos una respuesta concreta porque sin subdistribuidoras amplias regiones del país no contarán con gas natural por redes". Adelantó además que "trabajamos en la presentación de los expedientes necesarios para solicitar la autorización para funcionar por 20 años más, igual plazo adicional al que solicitaron en esta audiencia las distribuidoras en los términos del artículo 6 de la Ley 24.076, modificado por la Ley 27.742", agregó.

Goddio advirtió que se notan problemas de cobranza "en barrios vulnerables", que no cumplen a tiempo con el pago de su factura. Ofreció la colaboración técnica de Fesubgas a los reguladores para que haya normas regulatorias adecuadas a su realidad bajo los principios de continuidad de sus concesiones con equidad, previsibilidad y sostenibilidad.