A foja cero: la Corte vuelve a funcionar con tres miembros, tras la fallida estrategia del Gobierno

Los jueces que el gobierno imaginó, terminaron sin bancas. La administración libertaria no pudo o no supo negociar con el Legislativo y terminó con un rechazo histórico sobre Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los nombres nunca sedujeron al arco político. El juez federal arrastraba marcas y estaba en el centro de las críticas. El académico tenía menos cuestionamientos, pero su perfil conservador no causó buenas impresiones tras su exposición en el Senado. A las definiciones ideológicas, se sumó una "grieta de género", que puso en el blanco la falta de presencia femenina para una de las vacantes. Así, las definiciones se dilataron: los pliegos no fueron tratados en sesiones ordinarias y se ignoró el llamado a extraordinarias.​

Atado a derecho, el presidente Javier Milei nombró a los candidatos por decreto en comisión para cubrir las vacantes dejadas por Elena Highton de Nolasco, jubilada en 2021, y Juan Carlos Maqueda, retirado el 29 de diciembre. El atajo no terminó bien. El Máximo Tribunal tomó juramento al letrado. A Lijo le negaron la licencia y nunca pudo dejar el juzgado para incorporarse. Finalmente el Senado decidió avanzar y, en menos de un mes, ambos quedaron fuera de carrera, pero García-Mansilla terminó cosechando incluso más votos negativos que el polémico magistrado. Este lunes, apenas 40 días después de haber asumido​, renunció.

Como hombre del derecho y de cultivadas relaciones académicas, García-Mansilla entendió que lo jurídicamente correcto era dar un paso al costado. En su acto de renunciamiento, expresado a través de una carta dirigida al Presidente, endilgó culpas a la "especulación política". La Casa Rosada evaluaba un per saltum que no llegó a concretarse. Ahora, la Casa Rosada dejó trascender que no está dispuesta a someterse a la posibilidad de una nueva derrota política, al menos en el corto plazo, con urgencias económicas encima.

La dimisión de García-Mansilla de este lunes puso punto final a la arriesgada estrategia del Poder Ejecutivo en materia judicial, una maniobra que terminó en fracaso político y que vuelve a dejar a la Corte en estado de contingencia, apoyada en solo tres pilares y a la espera de que los canales institucionales vuelvan a encauzar la integración completa de uno de los poderes de la República.

La teoría del "espejismo institucional"

Manuel García-Mansilla aparecía técnicamente como el mejor candidato. Amplio currículum académico, sin flancos judiciales abiertos y reconocido por figuras políticas, como la propia vicepresidenta Victoria Villarruel. Sin embargo, su exposición en las audiencias públicas del Senado transitó con sobresaltos por su ideario conservador y recibió las primeras críticas por algunas de sus declaraciones.

A lo largo de las siete páginas de renuncia indeclinable, desgranó los argumentos que lo llevaron a jurar como cortesano excepcional Señaló que lo hizo convencido de que la situación de la Corte –funcionando con sólo tres jueces desde fines de 2024– “era un grave problema institucional que requería una solución urgente”​.

Asimismo, dejó fuertes críticas hacia el poder Legislativo por el desenlace del proceso. Sostuvo que se siguieron todos los pasos legales para la evaluación de su candidatura, pero que el Senado dilató la situación de forma intencional. “¿Qué más necesitaban analizar los senadores para tomar una determinación y aprobar o rechazar el pliego? Nada”, se preguntó retóricamente en la carta, para luego sentenciar: “La única razón por la que no lo hicieron fue, lamentablemente, la mera especulación política”​.

Con ese párrafo, García-Mansilla pone el foco en en la actitud obstruccionista del Congreso para, de forma deliberada provocar lo que él buscaba solucionar: dejar a la Corte en situación precaria. “Creer que el Máximo Tribunal funciona con normalidad con tres jueces es un espejismo institucional”, advirtió, señalando que así se acumulan problemas, "como que al día de la fecha haya unos 90.000 expedientes pendientes de resolución".

En esa línea, apunta a otras vacantes de larga data en la Justicia argentina como el cargo de Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, y cientos de jueces de primera instancia y fiscales federales sin cubrir​. Desde su mirada, toda esta situación genera una “desidia institucional” que favorece a "ciertos sectores" ante la falta de “jueces independientes, que no tengan contactos con la política tradicional y puedan tomar decisiones libres”​.

Cómo queda la Corte Suprema

Con la partida de García-Mansilla, la Corte Suprema regresa a la composición que tenía desde el 1° de enero de 2025: tres jueces titulares de los cinco que establece su ley orgánica​: el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, el vice Carlos Rosenkrantz, y el ex titular de la Corte Ricardo Lorenzetti.

Este trío es atípico aunque no inédito. Ya en 2015-2016 la Corte funcionó con solo tres miembros (cuando renunció el juez Carlos Fayt, hasta que se cubrieron vacantes meses después)​. En aquella ocasión, al igual que ahora, se debió aplicar una modalidad de trabajo especial para garantizar la validez de las decisiones del máximo tribunal.

En efecto, la Corte Suprema puede seguir funcionando con tres ministros, pero sus posibilidades de acción están limitadas. Para las decisiones de trámite administrativo, puede operar con la regla usual de mayoría simple. Pero para dictar sentencias en causas judiciales, los tres deben estar de acuerdo de manera unánime, ya que solo así se alcanza la mayoría exigida sobre el total de cinco miembros previstos por la Constitución​.

Si en casos de este tipo hubiera alguna divergencia –es decir, si un juez votara en disidencia y el fallo quedara 2 a 1– no se lograría la mayoría absoluta de cinco, y la resolución no tendría validez. En esos casos, la ley prevé que se recurra al sorteo de conjueces: jueces de tribunales inferiores que actúan como suplentes para integrar un pleno de cuatro o cinco miembros y posibilitar una votación válida​

Este mecanismo de conjueces, previsto en la normativa, fue explicitado por la propia Corte a fines de 2024 en una acordada interna, anticipando cómo procedería mientras durase la integración incompleta​. Sin embargo, aquella tuvo la oposición de Lorenzetti fundamentada en el riesgo de que se produzcan nulidades procesales.

Este fue un reflejo de la división que atraviesa el Alto Tribunal, y que en reiteradas ocasiones fue puesta de manifiesto de manera pública, ante visiones jurisprudenciales diferentes, que fueron evidenciadas en los últimos años en disidencias sobre fallos sensibles.