Etapa final en el concurso para autoridades del Servicio Público de la Defensa Penal

Entre el martes y el jueves venidero se hará la etapa final de los concursos en marcha para definir los candidatos a los cargos superiores del Servicio Público Provincial para la Defensa Penal, de acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de la Magistratura. El martes será para los cinco postulantes para el cargo que hoy desempeña Jaquelina Balangione.

El miércoles será las conducciones de las circunscripciones judiciales 1 y 5 y el jueves para la 2 y 4. En el caso de la 3, el mandato del actual titular, Mariano Mascioli, tiene todavía dos años por delante y no se ha concursado el cargo.

En todos los casos la prueba de oposición será oral y a su término se hará la entrevista personal del jurado con cada uno de los aspirantes.

Tras estos pasos del concurso se definirán las ternas a elevar al gobernador Omar Perotti quien luego deberá enviar un candidato para cada cargo a la Asamblea Legislativa. La misma instancia para el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se hará a fines de febrero y la fecha aún no le fue notifica a los concursantes. Trascendió que se haría del 27 de febrero en adelante.

El vencimiento de los mandatos de las conducciones del MPA y del servicio de la Defensa Penal se producirá en la segunda quincena de abril de allí la premura en avanzar con los concursos.

El gobernador decidió separar de esos concursos al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, tras la renuncia de varios de los jurados y encomendó la tarea a la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, y al fiscal de Estado, Rubén Weder quienes en enero sortearon la complementación de los jurados.

Este viernes, los postulantes a cargo de la Defensa Penal participaron en la sede del Consejo de la Magistratura de la apertura de sobres con los planes de trabajos original y las fichas con datos personales, clave numérica y número de identificación personal.

El jurado quedó integrados por Gustavo Salvador, Rodolfo Zehnder, Enrique Álvarez, Natalia Rubio y Bibiana Alonso como titulares mientras que serán los suplentes, Myrna Borrego, María Soledad Ruiz, Ana Durand, Leandro Ríos y Juan Manuel Fascia.

El martes, desde las 15 en la sala de audiencias penales n° 5, en el primer piso del edificio de Tribunales defenderán sus programas de gobierno y serán entrevistados los cinco postulantes: Estrella Moreno Robinson (hoy defensora regional en Rafaela), Jorge Miró (regional Santa Fe), Gustavo Franceschetti (regional Rosario), Gonzalo Armas y Luis Ceserani.

Al día siguiente, desde las 8.30 están citados los aspirantes para el cargo de Defensor Regional de la Circunscripción n°1 con sede esta capital. Ocho son los candidatos, entre ellos Miró que es el actual defensor. Los otros, Andrea Alberto, Javier Casco, Ceserani, Gustavo Durando, Magalí Mazza, Esteban Montenovi y Silvia Zabala.

También el miércoles, pero por la tarde, el jurado evaluará a los anotados para el cargo de Defensor Regional de Rafaela a cargo Moreno Robinson que también compite. Los otros dos son Ceserani y Carlos Flores Zanela.

El jueves, por la mañana, es el concurso el Defensor Regional de Rosario donde Franceschetti ya no tiene posibilidades de reelección. Son candidatos Marcelo Argenti, Armas, Mariano Bufarini, Ceserani, María Laura Maenza y Martín Riccardi.

Finalmente, el jueves en horario vespertino el concurso para el Defensor Regional Vera donde su actual titular, María Valeria Lapissonde compite con Ceserani, Diego Savagna y Orlando Toniolo.

El Servicio Público Provincial de Defensa Penal es una de las patas centrales para la aplicación del nuevo sistema procesal penal que cumplió nueve años de funcionamiento este viernes. La institución fue creada por Ley Provincial N° 13.014, con autonomía funcional y administrativa y autarquía financiera dentro del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. Brinda servicios gratuitos de defensa penal a toda persona acusada de haber cometido un delito, o que se encuentre cumpliendo una pena por haber cometido uno, que se niegue a designar un abogado particular de su confianza o no pueda contratarlo por carecer de recursos económicos suficientes, y promueve la vigencia efectiva de los Derechos Humanos para generar un entorno de plena vigencia del Estado de Derecho.

Balangione

El cargo de Defensor General, hoy ejercido por Jaquelina Balangione no tiene posibilidad de reelección. Balagione es la segunda defensora, el primero fue Gabriel Ganón quien fue destituido por la Legislatura en 2017.

En tanto, las regionales están a cargo de Leandro Miró (1), Gustavo Daniel Franceschetti (2), Mariano Mascioli (3), Valeria Lapissonde (4) y Estrella Jorgelina Moreno Robinson (5).

Nueve años del nuevo sistema penal

El fiscal general, Jorge Baclini, sostuvo que el MPA continúa afianzándose y consolidándose, no obstante pidió "un acuerdo político que permita sentar las bases de un plan provincial de política criminal para combatir el delito". Valoró la presencia de las fiscalías "en pequeñas ciudades en las cuales nunca antes había habido sedes del Poder Judicial".

Destacó que la cantidad de personas privadas de su libertad es casi el doble que hace 10 años, e hizo hincapié en que más de 55% de esos detenidos ya tienen condena.

Asimismo, resaltó la tarea que se viene desarrollando en violencia de género, y en la investigación de delitos complejos y económicos relacionados con organizaciones criminales.

"A nueve años de aquel 10 de febrero de 2014, el balance que hacemos es sumamente positivo", afirmó Baclini. "Los cambios implementados permitieron democratizar la Justicia Penal de nuestra provincia, porque la dotaron de transparencia y la hicieron mucho más cercana a la ciudadanía. Al mismo tiempo, las transformaciones también permitieron que, de una vez por todas, el proceso penal santafesino se ajuste a lo establecido en la Constitución Nacional", añadió.

"En ese contexto, si bien el MPA continúa avanzando en un sostenido proceso de afianzamiento y consolidación institucional, es impostergable un acuerdo político que permita definir políticas claras y a largo plazo para combatir el delito", advirtió. Reclamó un "consenso político–institucional que involucre a los tres poderes del Estado, para permitir sentar las bases de un plan provincial de política criminal. Y ese plan debería contemplar, como mínimo, el control de las armas de fuego; el abordaje de las víctimas de violencia altamente lesiva; el fortalecimiento de unidades fiscales del MPA y de las áreas de investigación, tecnología y criminalística; el replanteo del actual sistema penitenciario y la ampliación de recursos institucionales para la asistencia y protección de víctimas y testigos", precisó.

Para Baclini "es indispensable que, de una vez por todas, se solucionen las carencias de recursos humanos que tenemos en toda la provincia. No puede ser que mientras la provincia de Mendoza tiene un plantel de 1.600 personas trabajando en la investigación del delito, nosotros –con casi el doble de población– contamos solo con 650".