Fiscales santafesinos se oponen a la creación de comisiones de seguimiento al MPA

Un proyecto aprobado en el Senado de Santa Fe despertó la preocupación del Ministerio Público de la Acusación. Según esta idea, se busca crear una comisión para realizar un seguimiento de los fiscales de la provincia.

Ante esta situación, desde el MPA emitieron este sábado un comunicado de prensa en donde rechazan esta iniciativa y afirman que ya existen espacios de control para el trabajo que llevan adelante los investigadores santafesinos.

“Es menester recordar la plena vigencia de la Ley 13013 y sus modificatorias, en las que claramente se establecen los sistemas de control, para la actuación de los Órganos Fiscales, que se encuentran en pleno funcionamiento, y que han demostrado en las actuaciones recientes, estar a la altura de las circunstancias, actuando como verdaderos anticuerpos que permitieron separar de la Institución aquellos funcionarios corruptos, llevando adelante la acción penal”, explican.

En ese sentido, el documento de los fiscales agrega: “Nuevamente se recurre a comportamientos institucionales impropios e ilegales, que erosionan principios elementales de la república y la democracia; en la búsqueda recurrente de ciertos integrantes de un poder del estado de estar por encima de las instituciones y de la ley”.

Ante lo fundamentado, los fiscales advierten: “Manifestar nuestro rechazo a la creación de este tipo de comisiones, que a través de Resoluciones votadas por mayorías simples de una sola Cámara Legislativa, pretende arrogarse funciones propias de Organismos creados por Ley, y que han pasado el debido control de constitucionalidad, violando de esta forma, los Principios jurídicos que sustentan el Estado de Derecho, en virtud del cual los poderes públicos están sometidos a la ley y al derecho, teniendo como principal norma la Constitución Nacional y los Pactos y Tratados Internacionales con jerarquía Constitucional y la Constitución de la Provincia de Santa Fe, generándose de esta forma una superposición con funciones propias de otros Poderes del Estado y en particular, abriendo la posibilidad de intromisiones impropias en investigaciones penales de casos concretos, para ser observadas, investigadas y/o desestimadas, con criterios políticos o mediáticos, lejos de los criterios jurídicos que aseguran todas las instancias de un debido proceso en los términos del art. 18 de la Constitución Nacional”.