Fiscalía y el gobierno santafesino fijaron prioridades para reforzar respuestas ante la violencia de género

La fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, mantuvo este miércoles por la tarde una reunión de trabajo con la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia, Victoria Tejeda, y con la recientemente designada secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini.

El encuentro se desarrolló en la sede de la Fiscalía General, en la ciudad de Santa Fe, y marcó el inicio formal de una agenda compartida entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las nuevas autoridades del área de género del Poder Ejecutivo.

De la reunión también participó la fiscal coordinadora para la Persecución Penal por Objetivos Priorizados, Carla Cerliani.

Según se informó oficialmente, Travaini —quien fue nombrada en el cargo por el gobernador Maximiliano Pullaro el pasado 26 de enero— se presentó formalmente ante la titular del MPA y, a partir de allí, se avanzó en la definición de prioridades para los primeros meses del año.

Cuatro ejes

Fuentes del MPA y Gobierno coincidieron que durante el encuentro se trabajó sobre cuatro ejes centrales:

El primero fue la necesidad de establecer mecanismos estables de comunicación entre el organismo de la acusación y la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, con el objetivo de coordinar las intervenciones del denominado “segundo nivel” en relación con las víctimas de violencia de género.

En ese punto, se destacó la complejidad de los casos y la multiplicidad de actores que intervienen en la llamada “ruta crítica de atención”.

Otro de los aspectos abordados fue la importancia de fortalecer y ampliar los espacios destinados al abordaje de los varones que ejercen violencias por razones de género.

En ese sentido, se analizó la experiencia de dispositivos grupales que funcionan como instancias de concientización, tratamiento y eventual reinserción, ya sea ofrecidos de manera voluntaria o impuestos como reglas de conducta en el marco de procesos penales, generalmente a través de convenios con municipios y comunas.

El tercer eje estuvo vinculado a la necesidad de avanzar en la implementación de dispositivos de análisis y evaluación de riesgo para las víctimas de violencia de género, con criterios compartidos entre los distintos organismos del Estado.

La posibilidad de contar con un protocolo común que involucre a los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Humano, junto con el MPA, fue señalada como una herramienta clave para mejorar la prevención y la respuesta ante situaciones críticas.

Agenda en marcha

En ese marco, se confirmó que el próximo martes se realizará una reunión con actores de los tres estamentos para profundizar ese trabajo.

Finalmente, se planteó la creación de dispositivos específicos para el abordaje de jóvenes menores de edad que cometen delitos de violencia de género y contra la integridad sexual, hechos que dan origen a investigaciones a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA).

Las fuentes coincidieron en que actualmente existen vacíos en este campo y que resulta necesario repensar las estrategias desde una lógica preventiva y territorial.

Tobilleras duales

Desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y la Secretaría de Género ampliaron que la reunión tuvo como telón de fondo la construcción de “una agenda compartida”, principalmente centrada en la atención integral de la violencia de género.

Uno de los puntos sensibles fue la necesidad de mejorar el “ida y vuelta” de información respecto de la situación procesal de los varones imputados, ya que, si bien la fiscalía brinda información, muchas veces resulta difícil de procesar para las mujeres víctimas en los primeros momentos.

También se analizó la implementación de las tobilleras duales, cuyo uso fue anunciado en la provincia el 25 de noviembre pasado. Si bien el sistema ya se encuentra operativo, se reconocen limitaciones técnicas que condicionan su aplicación, como la necesidad de conexión al 911 y una distancia mínima entre víctima y victimario, lo que dificulta su utilización en algunas localidades.

En conjunto, las autoridades coincidieron en la necesidad de profundizar la articulación interinstitucional, ajustar los dispositivos existentes y avanzar hacia una política más integral, que no sólo contemple la respuesta penal, sino también la prevención y el trabajo en el territorio.