El Gobierno aprobó nuevos estatutos para Gendarmería, Prefectura y el Servicio Penitenciario Federal

En el marco de la emergencia pública declarada por la Ley de Bases, el Gobierno nacional aprobó nuevos estatutos para tres fuerzas de seguridad federales: la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal.

El objetivo de esta reforma integral es modernizar sus estructuras, optimizar recursos y mejorar la capacidad operativa frente a los desafíos actuales.

El presidente Javier Milei firmó los decretos 454, 455 y 457/2025 publicados este lunes en el Boletín Oficial. La medida se enmarca en la política de reorganización del Estado que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional, con el foco puesto en la transparencia, la eficiencia y el control del gasto público.

Una reforma integral

El nuevo Estatuto de la Gendarmería Nacional Argentina, aprobado por el decreto 454/2025, reemplaza a la Ley Nº 19.349 —vigente desde 1971— y reorganiza de manera completa las misiones y funciones de esta fuerza de seguridad militarizada.

Según el texto oficial, se busca adecuar su funcionamiento a los estándares modernos de gestión pública y enfrentar de forma más efectiva delitos como el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de personas y el terrorismo.

Entre los principales objetivos de la reforma se destacan:

La racionalización de funciones y estructuras.

La jerarquización de la carrera profesional.

La creación de un régimen disciplinario más ágil y eficaz.

La incorporación de principios de buen gobierno y transparencia.

La mejora del control interno y la administración financiera.

Además, el nuevo estatuto permitirá eliminar normativas y funciones duplicadas, lo que según el Gobierno contribuirá a una reducción del gasto y una mayor eficiencia operativa. En este marco, se instruyó a Gendarmería a presentar en un plazo de 90 días las propuestas normativas necesarias para su implementación.

Prefectura y el Servicio Penitenciario

El decreto 457/2025 modifica en profundidad la Ley N.º 18.398, que regula a la Prefectura Naval Argentina desde 1969. A partir de ahora, esta fuerza será reconocida formalmente como una Fuerza de Seguridad Federal —no subordinada a la Armada—, con nuevas funciones específicas y una estructura organizativa moderna.

El texto establece que la Prefectura continuará ejerciendo tareas como policía de seguridad de la navegación, de prevención de la contaminación proveniente de buques, policía judicial y autoridad marítima. También se incorporan nuevas responsabilidades como:

La participación en misiones internacionales.

La intervención en actividades de pesca y caza.

La aplicación del sistema de vigilancia y monitoreo marítimo "Guardacostas".

La facultad de firmar convenios de cooperación con fuerzas del país y del exterior.

Se modifican además aspectos internos de la organización, incluyendo jerarquías, escalafones, suplementos salariales y condiciones para el retiro del personal.

Por su parte, el decreto 455/2025 aprueba un nuevo Estatuto para el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que reemplaza normativas vigentes desde hace más de 50 años. Según el Gobierno, la antigua ley ya no respondía a las necesidades del sistema penitenciario actual.

Entre los ejes principales de la reforma al SPF se destacan:

La profesionalización y el bienestar del personal penitenciario.

La incorporación de tecnología y sistemas modernos.

La mejora de la infraestructura penitenciaria.

El fortalecimiento de los derechos humanos y de la seguridad en los establecimientos.

El desarrollo de programas orientados a reducir la reincidencia delictiva.

El nuevo estatuto también convierte formalmente al SPF en una Fuerza de Seguridad Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad, y define una nueva estructura que incluye direcciones generales específicas para temas como formación, bienestar, seguridad y tecnología.

Además, se ordena la desafectación y reubicación de cárceles en zonas urbanas, y se instruye al Ministerio de Seguridad a elaborar un Plan de Infraestructura Penitenciaria.

Contexto de emergencia y control del gasto público

Las tres reformas se dictan en el contexto de la Ley N.º 27.742, también conocida como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que declaró la emergencia pública en diversas áreas por el término de un año.

Esta normativa habilita al Poder Ejecutivo a reorganizar organismos estatales para reducir el déficit fiscal y mejorar el funcionamiento del Estado.

En línea con estos objetivos, los nuevos estatutos apuntan a optimizar el uso de recursos, mejorar el control interno y garantizar mayor transparencia en la administración de fondos públicos. También se busca reforzar la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad de la población.