El gobierno trabaja en la ampliación de la Corte Suprema de Justicia

Tras la aprobación de la ley Bases y la firma del Pacto de Mayo, el Gobierno concentra sus energías en la ampliación y composición de la Corte Suprema de Justicia.

Luego de proponer a los jueces federales Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para reemplazara a Elena Highton de Nolasco y a Juan Carlos Maqueda, ahora el Poder Ejecutivo evalúa la posibilidad de ampliar a nueve el número de miembros del Máximo Tribunal.

Según sostiene la agencia Noticias Argentinas, remitiéndose a uno de los máximos asesores del presidente Javier Milei, "es más sano una Corte de 9 miembros que de 7", y se acerca a la idea de "federalismo" que se busca en la composición. Además, se descarta la posibilidad de dividir el máximo tribunal en salas temáticas y por jurisdicciones.

En esa tarea trabaja el secretario de Justicia y miembro del Consejo de la Magistratura, Sebastián Amerio, quien a su vez tiene la compleja tarea de destrabar en el Congreso los pliegos de Lijo y Mansilla para el mes agosto.

Lo hace en tándem con el jefe y el vicejefe de Gabinete, Guillermo Francos y José Rolandi, quienes siguen al pie de la letra las directivas del alfil libertario Santiago Caputo.

Una vez cumplida la voluntad de Milei con Lijo y García Mansilla, la intención es avanzar con la ampliación de la Corte de cinco a nueve miembros para antes de fin de año.

Para eso están abiertas las conversaciones con senadores que responden a los intereses de los gobernadores que presionan para que la expansión se concrete.

Antecedentes

En junio de 2022, un grupo de mandatarios provinciales peronistas y aliados presentaron al aquel entonces presidente Alberto Fernández la propuesta para conformar un tribunal supremo de 25 miembros (uno por provincia más un representante nacional y que cumpla con la paridad de género).

Algunos meses después, la Cámara de Senadores le otorgó media sanción al dictamen de mayoría, pero con modificaciones acordadas previamente que reducían a 15 el número de jueces.

Con la lupa en la región, los países limítrofes funcionan de modelo para la administración libertaria ya que, en el mayor de los casos, los Tribunales Supremos exceden los cinco miembros.

Negociaciones

Si bien aún no hay nombres ni jueces para integrar el número, la idea es que una vez aprobada la propuesta del Gobierno para que Lijo y Mansilla reemplacen a Highton de Nolasco y a Maqueda, se designen además otros cuatro miembros que se sumarán a la Corte integrada por su titular, Horacio Rosatti; el vice, Carlos Rosenkrantz, y el ministro, Ricardo Lorenzetti.

"La velocidad de la Corte depende del más lento de sus miembros que del número", planteó un conocedor en la materia que respalda el número electo por el mandatario.

El oficialismo sabe que las negociaciones por la aprobación de ambos jueces configura una tarea compleja aunque aseguran que contarán con los votos necesarios para aprobar ambos nombres.

El mandatario ya anticipó que no es uno sin el otro, por lo que el debate por el paquete Lijo-García Mansilla traccionan a los indecisos en la elección.

A los rechazos públicos se les suman los detractores en las filas libertarias: la vicepresidenta Victoria Villarruel dio a entender que el magistrado de Comodoro Py no es de su elección. Lo propio anticipó el senador Francisco Paoltroni.

"En las charlas cada bloque no responde en tándem, no es que negociás con los jefes de bloque y ya está. Al interior de cada espacio hay pensamientos diferenciados, incluso libertad de acción", confesó uno de los encargados de tender puentes con la oposición, y pese a que descartó haber entablado diálogo con la dos veces presidenta Cristina Kirchner, admitió contacto con los senadores de Unión por la Patria (UxP).

A pesar de la polémica, es García Mansilla, a diferencia de Lijo, el que cuenta con menos adeptos debido a que reemplazará a la primera mujer en llegar al máximo tribunal desde la restauración democrática, y anulará así el único contrapeso de género entre los magistrados. También encontraría escollos en el Congreso por su postura contra la ley de interrupción legal del embarazo.

Ante este panorama, el oficialismo deberá intensificar el trabajo, cosechar 48 apoyos, y cumplir con el primer paso camino a la modernización de la justicia.