El ADN, aliado en la investigación penal

La huella genética es una técnica de laboratorio que se usa para determinar la identidad de una persona. Consiste en cotejar la secuencia de nucleótidos de determinadas regiones del ADN humano que son únicas en cada ser humano. En términos de la investigación policial y de los procesos penales, la potencialidad de la huella genética es como la revolución que significó el descubrimiento de la huella dactilar, con una ventaja. La huella genética del ADN es similar entre familiares, lo que amplía muy significativamente las chances de encontrar una pista.

Poco se comenta en el debate sobre la inseguridad, pero está en la provincia de Mendoza "el banco de huellas genéticas más grande de Latinoamérica", según revela el ex gobernador de esa provincia Alfredo Cornejo que espera poder hacer avanzar en las comisiones del Senado de la Nación su proyecto de ley. También lo impulsa en Diputados el santafesino Juan Martín.

Con ambos habló El Litoral sobre esa técnica que tiene un alto costo inicial pero muestra resultados interesantes en cuanto se llega a un número proporcionalmente relevante de huellas de ADN individualizadas.

En la Argentina ya hay un antecedente importante, que prácticamente no se ha usado por el desinterés oficial en el tema. Una ley que ya ha cumplido nueve años dispuso que en los delitos de orden sexual, ante los abusos y las violaciones, se tome la huella genética de los acusados. Y que con ese material se cree un banco de datos para esclarecer esos delitos.

"Es una ley de 2013, pero recién fue reglamentada en 2017. Ésa es la importancia que le ha dado el gobierno a la norma. Y lo peor es que ese banco de datos nacional tiene solo 400 registros. A nivel nacional son muy escasos los match positivos, creo que en dos o tres casos ha servido para probar estos graves delitos. Es muy poco lo que se ha hecho a nivel nacional pese esa legislación", dijo Cornejo que espera que ese banco sea ampliado a todos los imputados, por cualquier delito que va a la justicia.

Su proyecto busca replicar la experiencia mendocina. "Nosotros generamos durante mi gobierno una ley muy dura, que al principio generó dudas y críticas, pero que ahora todo el mundo la valora. Obliga a cargar en una base de datos y tomar la muestra de ADN a todos los imputados. Los sobreseidos (en primera instancia) salen de ese registro".

Límites y posibilidades

"No se está en ese registro por una multa de tránsito, sí por un accidente de tránsito que tenga una imputación penal. Eso ha hecho que por imputados tengamos 46 mil muestras; pero además es obligatorio tomar muestras de todos los condenados que son unos 6 mil; y por otra parte deben tomarse esa muestra todos los policías y fuerzas de seguridad oficiales que son 11 mil y de los agentes de seguridad privados que son 8 mil y ya lo han hecho unos dos mil quinientos. Y lo mismo, todos los integrantes del Poder Judicial de Mendoza. Así tenemos en total unas 68 mil personas de las que conocemos su ADN. Los resultados son impresionantes", subrayó.

En la investigación penal "tenemos ahora una prueba indubitable". Y esa ventaja para la acusación se nota en la resolución de casos, muchas veces porque los acusados aceptan el juicio abreviado ante la evidencia de lo inevitable.

"Ya no se depende de tener un 'buchón' de la policía o un ciudadano que se presta como testigo y acepta enfrentar ese papel con los temores que ello acarrea. Aquí lo que tenemos es la certeza de que alguien estuvo en un lugar si se le encuentra un cabello o algún otro rastro. No solo se está usando para homicidios, femicidios y delitos sexuales, también para robos agravados", advierte el senador nacional.

Unos días antes de la entrevista del ex presidente de la UCR con El Litoral "pasaron 21 evidencias de otros tantos robos por el banco genéticos y hubo 14 matches positivos: 14 pistas para 21 casos distintos. Ahora se abre otra etapa de investigación y los que tienen coincidencias tendrán que defenderse", explicó Cornejo. En parte de esos positivos, agregó el diputado Martín, "se dan coincidencias en los cromosomas X e Y que compartimos con nuestros progenitores y que pueden señalar que en el lugar del hecho estuvo un familiar del positivo".

El match es tan veloz como se lo relata, pero es caro. El registro lo es: cada reactivo cuesta un dólar y otros unos 30 dólares registrar la muestra genética de una persona y decodificarla. Ya está en el banco mendocino casi un 5% del total de su población. Y para ello debieron formarse genetistas especializados y equipar un laboratorio en el que una decena de personas de alta calificación toma y ordena las muestras de ADN.

Una alternativa a la "demagogia penal"

Alberto Cornejo y Juan Martín coincidieron en rechazar lo que llamaron la "demagogia penal", que básicamente consistiría según su visión en aumentar penas y bajar edades de imputabilidad en menores. Ese extremo discursivo ha venido en las últimas décadas a chocar con el discurso de quienes no están dispuestos a descuidar las garantías constitucionales frente al reclamo por endurecer condenas y facilitar la prisión preventiva. De un lado se señala a "el garantismo" como una causa mas del evidente crecimiento de la inseguridad. Del otro, se duda de los beneficios "del punitivismo".

Lo que proponen Cornejo y Martín supera ambas posiciones. Es una herramienta de trabajo para la investigación, un momento clave del servicio de justicia.

"La verdad es que quien comete un delito "no se disuade porque le vayan a agravar las penas", pero sí puede que lo dude "si cree que será descubierto", subraya el cuyano "y que vaya preso" agrega el santafesino. Ríen cuando el cronista les advierte que Perón decía: "Los hombres son todos buenos, pero si se los vigila son mejores", en su texto "Conducción Política". Los radicales dicen que prefieren "hablar de prevención", más que de vigilancia.

"Unos años atrás, ante un delito violento en Mendoza la prueba, y la confesión del culpable, provino de un barbijo usado en el lugar del hecho", puso como ejemplo el legislador cuyano.

De la muerte y la condición humana

El ex gobernador de la Provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, es autor de un proyecto de ley que pretende convertir en un derecho a la eutanasia. Se trata de un debate por ahora ausente en el país que, a diferencia con lo que ocurrió con otras transformaciones profundas como el llamado matrimonio gay o la garantía de acceso al aborto, no tiene impulsores. No existen sectores activos que impulsen la muerte digna con la misma convicción con que sucedió por ejemplo, años atrás, con la Ley de Unión Civil o la que otorga el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo bajo ciertas circunstancias, o con el divorcio, en los '80.

"Es un derecho que nos debemos. Es parte de cómo enfrentamos a algo que nos espera, que es la muerte. El proyecto de ley establece condiciones y requisitos muy fuertes. Está súper regulado. Ciertas enfermedades, una atención especial sobre los psicológico, una auditoría muy rigurosa para los casos de los menores, una comisión ética para validar, una regulación específica para los objetores de conciencia que tiene pautas similares a lo que sucede con el aborto", dijo el senador nacional a El Litoral.

"Hay gente pidiéndolo. Uno de quienes lo reclamaba para sí por la vía judicial, ya murió. Ciertamente no son muchos casos en la Argentina, pero creo que son suficientes como para que exista una ley que de permita morir sin sufrir", expresó.

Cornejo admite que, como sucedía con la práctica del aborto antes de la nueva legislación, la eutanasia siempre ha existido, pero sin una norma que la ampare, bajo una fuerte restricción determinada por lo económico y por lo social. En el caso de los pacientes que son ayudados a morir para no extender su dolor, ha sido clave la confianza entre médicos y familiares del enfermo terminal. Pero siempre para el profesional que colabora con esa decisión significa asumir un riesgo que una ley puede evitar mediante una regulación.