"No estamos dentro de ninguno de los tres poderes clásicos", dijo Vranicich ante los legisladores

La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, realizó su segundo Informe de Gestión el pasado jueves, esta vez en la Cámara de Diputados de Santa Fe, y con representantes de las cinco cabeceras jurisdiccionales en un cerrado semicírculo de primera fila.

De izquierda a derecha se ubicaron Matías Merlo, regional por Venado Tuerto e interventor en Rosario; Rubén Martínez, de la Regional Reconquista -fue el único que recibió duras críticas a su gestión- y Estanislao Giavedoni, de la Regional N° 1 con sede en la capital provincial -fue en reemplazo del FRN1 Jorge Nessier-.

También Marianela Luna, fiscal interina de la Regional 2 para los distritos Cañada de Gómez, Villa Constitución y San Lorenzo; Carlos Vottero, Fiscal regional de Rafaela; y Leandro Mai, titular de la Auditoría General de Gestión.

Entre las bancas y mezclados con los legisladores, que asistieron en buen número a escucharla y avalar un discurso alineado, se encontraban autoridades del MPA provincial, como el secretario general del MPA, Leandro Maiarota, sentado a la derecha de la mesa que ocupaban Gisela Scaglia, Vranicich y Clara García y al lado del senador Felipe Michlig.

Fiscales de la talla de Adrián Spelta, Luis Schiappa Pietra y Carla Cerliani, de estrecha confianza con la titular del órgano, fueron nombrados en varias oportunidades.

Le tomó 75 minutos hacer un apretado resumen de las 200 páginas que contiene el informe de gestión presentado en modo QR en honor a la “despapelización”.

Tal vez las frases más resonantes llegaron al final, cuando pidió “autarquía” con raigambre constitucional y “presupuesto objetivo” para el ministerio público que comanda, ya que hoy representa “el 0,06% de la provincia”, dijo.

Fortalecimiento y transformación

Pero en orden cronológico, Vranicich inició hablando del “cambio de lógica de trabajo dentro el gobierno del MPA” a partir de la sanción de la “ley de fortalecimiento” (Nº 14.248) que permitió crear un Gabinete del Fiscal General y los Órganos de apoyo a la gestión donde la titular del MPA cuenta con más facultades sobre las regionales.

Dedicó un capítulo breve a la “intervención de Rosario” con la salida -por jubilación- de la Dra. María Eugenia Iribarren y prorrogada la designación de Merlo como piloto de tormenta buscando recuperar algo de “cohesión interna”, perdida en los últimos años, mientras se tramita el concurso para elegir un nuevo conductor.

Marcó los procesos disciplinarios de la Fiscalía Regional N° 4 con sede en Reconquista, con ecos en las bancas donde fue criticada la realidad de los funcionarios norteños, especialmente en lo que refiere a abusos sexuales y violencia de género.

Objetivos priorizados

Luego delineo las cuatro áreas de ejecución estratégicas que se plantearon al iniciar la gestión y las fue deshojando una por una a partir de los siguientes tópicos: 1) Microtráfico; 2) Armas de fuego; 3) Delitos contra la integridad sexual; y 4) Delitos cometidos por funcionarios públicos -con eje en el personal policial-.

Recordó la resolución N° 174 del 19 de junio del 2024 en la que se presenta el "Plan de Persecución Penal por Objetivos Priorizados (2023-2025)" porque “hay fenómenos penales que no vamos a priorizar”, confirmó.

En ese sentido recordó los viajes a Neuquén y a Chile, donde se llevan adelante políticas similares; y valoró que el INECIP haya destacado “esta impronta que estamos dando desde el MPA”, particularmente en lo que refiere a “violencias altamente lesivas, armas, funcionarios públicos, género y violencia sexual, y delitos contra la propiedad que causen un gravamen sobreviniente”.

Violencias Altamente Lesivas

Utilizó la estadística del prestigioso Observatorio de Seguridad Pública (OSP) en la que contrasta la tasa de 10 homicidios cada 100 mil habitantes de 2023 cuando el promedio de las provincias era de 4/100 mil Hab.

Aunque en la provincia “siempre tuvimos gran cantidad de homicidios” el desajuste era tal que “Rosario llegó a tener 25 cada 100.000 habitantes” lo que ubicaba a la región como uno de los lugares más violentos de América Latina.

En 2024 la provincia se estabilizó en un 4,83 hom./100 mil Hab., lo que marcó que la disminución en la materia, pero también en heridos de armas de fuego, haya sido “abrupta”, calificó Vranicich.

A la hora de buscar los “por qué”, la representante de los fiscales de Santa Fe dijo que “6 o 7 homicidios de cada 10 que se cometen en Santa Fe tienen su origen en la criminalidad organizada” y que lejos de haber desaparecido “los casos de sicariato siguen teniendo presencia” en las calles, particularmente en la metrópoli del sur.

Otro dato que aporta para entender el descenso de la cifra de muertes violentas son las estadísticas de heridos de arma de fuego, porque cuando en 2023 se registraron 1.333 casos, en 2024 la cifra bajó a 815; y en materia de homicidios fueron 398 contra 176. “Los datos son claros”, dijo.

Prudencia y análisis

Aunque alentadores, los números son cambiantes, por eso “somos absolutamente prudentes” al momento de festejarlo como un triunfo completo y recordó charlas hacia adentro de los equipos de investigación cuando en 2023 “nos preguntábamos por qué Santa Fe tenía tasas tan altas de homicidios”.

Y las respuestas eran variadas, pero lógicas. “Factores estructurales como la pobreza, el acceso a la educación o la concentración de personas en centros urbanos” daban el marco para que sumado a “instituciones debilitadas”, se crease el caldo de cultivo para la violencia.

Para revertir el flagelo llamó a los operadores del sistema judicial en su conjunto a “dejar de investigar en compartimentos estancos” y apostar al cruzamiento de información, ya sea dentro del MPA e incluso con la Justicia Federal.

Pero también se refirió a los “factores facilitadores” de la violencia, como claramente lo son la proliferación de “armas de fuego, el alcohol, las drogas y la criminalidad organizada”. En ese sentido, dijo que “ha impactado en la baja de los índices de violencia el trabajo en microtráfico, atravesado por las violencias altamente lesivas”.

Inactivación de bunkers

Destacó el uso de “las inactivaciones” (de bunkers) como herramienta y confirmó que en 2024 “se hicieron 44”. Además confesó que “es una herramienta que pusimos en práctica con mucho temor institucional”, porque “cuando se van las máquinas es el Estado el que se tiene que hacer presente”.

En ese pasaje de su exposición, Vranicih dijo también que “tenemos una mirada muy crítica de la justicia sobre nuestro trabajo” porque “es una forma distinta de investigar” que no todos los jueces entienden o admiten.

Puso de resalto el indicador de “individualización formal” en caso de homicidios y dijo que si bien es “dinámico”, en el 2023 alcanzó el 43% y en 2024 tuvo un 59%, lo que implica “un impacto ascendente en nuestro trabajo”.

También repasó el cúmulo de denuncias abiertas por casos de microtráfico, a partir de mensajes anónimos, particularmente en los denominados “buzones de la vida” o “centros territoriales de denuncia”.

La fiscal general informó que “hubo 9.000 requerimientos en 2024 relacionados a microtráfico”, de las cuales se impulsaron “400 investigaciones proactivas” en función de la categorización de la información arrimada por los vecinos.

Jurados populares y Código Juvenil

Por último, hizo mención a la inminente realización del primer Juicio por Jurados en San Cristóbal el próximo 9 de junio y de la puesta en marcha del Nuevo Código Penal Juvenil que debuta el 21 de junio.

En Menores calificó de “insostenible” el actual sistema, cuando en mayores ya hace una década que se cuenta con mayores garantías en el proceso. Por eso reconoció que “es una apuesta muy importante para el MPA” porque entiende que “somos el motor” del proceso.

Marcó además que para ponerlo en práctica “tuvimos mayor receptividad de la legislatura” y en el Ejecutivo; y una “menor receptividad en el Poder Judicial”, donde se disputan los recursos humanos -existen concursos a secretarios y asesores de Menores abiertos- de un sistema ya caduco.

Presupuesto y autarquía

Hizo un reconocimiento al Ejecutivo que comanda Maximiliano Pullaro sobre las ampliaciones presupuestarias concedidas para poner en práctica Justicia Penal Juvenil el Área de Microtráfico y reclamó que “el MPA debe tener una priorización” en el presupuesto judicial atento a que actualmente representa “el 0,06 del presupuesto provincial” y el “12,63 de los cargos del Poder Judicial”.

Antes de pasar a las preguntas de los legisladores, Vranicich cerró con un claro mensaje a los constituyentes que también están próximos a sesionar. Les pidió “reconocer al MPA autarquía formal y financiera”; y que “debe consignarse que es un órgano extrapoder”.

“No estamos dentro de ninguno de los tres poderes clásicos” (Ejecutivo, Legislativo ni Judicial), dijo. “No podemos depender ni formar parte del Poder Judicial”, agregó.

Por eso “necesitamos reconocimiento constitucional, con piso presupuestario objetivo”, ya que “la fiscal general no puede sentarse en una paritaria a pelear su sueldo” y por eso sí deben “equipararse a los del Poder Judicial”.