Una auditoría interna y un sumario impulsado por la Dirección de Asuntos Internos intentan clarificar el uso de 60 millones de pesos en el Servicio Penitenciario de la provincia. Se trata de fondos que fueron girados por el Poder Ejecutivo al sistema carcelario, para la adquisición de insumos y la contratación de personal, en el marco de la pandemia.

































