Jujuy: el camino hacia una provincia tomada por la violencia

“Una guerra de pobres contra pobres”. “Hay infiltrados”. “Es todo por las elecciones”. “Hay que intervenir la provincia”. Son cuatro slogans que se repiten de un lado y otro de la vereda. De un lado están quienes apoyan la reacción policial a los violentos manifestantes que están en contra de las medidas políticas de Gerardo Morales y, en la vereda de enfrente, quienes cuestionan el proceso de reforma constitucional llevado adelante por la legislatura jujeña, promovida por el gobernador de esa provincia. En el medio está el pueblo, confundido y divagante entre dos líneas de comunicación opuestas que nacen en las más altas esferas de la política argentina. El Litoral ofrece un racconto de los ítems de mayor relevancia para entender lo que está pasando en Jujuy, con las versiones de los dos sectores involucrados más relevantes.

El proceso de reforma y los cambios

“Entre gallos y medianoche, Morales reformó la constitución provincial y por eso la gente se levantó”, es una afirmación continua en el discurso de los alfiles kirchneristas. Si bien es cierto que el argumento principal de las manifestaciones es la nueva constitución provincial, es falso que el proceso haya sido rápido y a merced del gobernador.

Los hechos dan cuenta de que el proceso formal de reforma comenzó en septiembre del 2022, cuando dos tercios de la legislatura provincial aprobaron como una “necesidad” reformular parcialmente la carta magna de Jujuy. Incluso se contaron votos peronistas entre los afirmativos. En ese momento, Gerardo Morales estaba de gira con el propio ministro del Interior del gobierno nacional - Wado de Pedro -, en Estados unidos.

Sobre la reforma, había tres cambios en el proyecto que generaban controversia. El artículo 50 hacía alusión a la existencia y relación del Estado provincial con las comunidades originarias y sus tierras. El 36 indicaba el comportamiento ante litigios en torno a la propiedad privada. Por el reclamo de algunos sectores, el oficialismo provincial decidió dejar la redacción como estaba en la versión anterior.

El tercer punto de discordia era sobre el artículo 67, que ordena que “el Estado debe asegurar que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros, y garantiza la libre circulación de las personas”. Morales indicó que no daría marcha atrás porque “la prohibición de los cortes de ruta es una convicción”.

Los reclamos sociales preexistentes

Cuando se habla de pobreza, se hace referencia a los salarios en Jujuy, en la administración pública en general, pero especialmente a los de los docentes. Los maestros y profesores llevan bastante tiempo reclamando mejoras en sus haberes. La policía también tiene salarios paupérrimos y por eso mismo se alimentó el discurso de “pobres contra pobres”, entre aquellos que – para algunos – “reprimen” y otros que – según el sector que opina – “se manifiestan”. Un juego de palabras que busca a ubicar figuritas como buenas y otras como malas.

Hasta hace algunos días, los docentes realizaban sus reclamos en paz y sin enfrentamientos. Lo cierto es que ahora, con otros personajes sumados a la escena, de un lado y el otro, el medio es la violencia: las piedras, los palos y las trompadas.

En paralelo, a partir del conocimiento de las nuevas medidas, las comunidades originarias – que llevaban bastante tiempo en calma - se alzaron en nuevos actos para reafirmar sus reclamos, pero también para ir en contra de lo que se venía. Hasta ese momento, no se preveía una escalada como la vivida este 20 de junio, cuando finalmente la legislatura aprobó la reforma constitucional y terminó siendo invadida.

Todo colapsó en las calles de San Salvador de Jujuy y en los principales cortes que se formaron en los últimos días sobre la ruta 9 en Purmamarca y la 34, sobre la zona de yungas. También había encontronazos en La Quiaca y una treintena de localidades más.

Los condimentos del caos y los “infiltrados”

Es sabido que el monopolio de la violencia pública está delegado, por la Constitución Nacional, únicamente al Estado y por eso las policías cuentan con otros medios (caballos, gases, etc.) para buscar restablecer el orden público cuando situaciones drásticas lo demandan. Una legislatura vulnerada por manifestantes destruyendo todo a su paso; autos y viviendas siendo robadas por oportunistas, encendió las alarmas de las autoridades que reaccionaron con toda la fuerza posible.

Por otro lado, sin lugar a dudas, reaccionar con el despliegue de cadetes y agentes del Servicio Penitenciario no fue una medida atinada para dar una respuesta profesional a un escenario tan complejo como el visto en las calles de Jujuy. Ver a policías lanzando piedras con “gomeras” y sin la ejecución de procedimientos acordes a las circunstancias, es un certificado de desborde, impericia e ineficiencia. Esto generó, por ejemplo, que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos llame la atención al mandatario provincial por el accionar de su policía.

En medio de todo esto, el peronismo denuncia que Morales desplegó policías de civil para avivar a los vecinos en contra de las autoridades y empeorar la situación. Por su parte, desde el radicalismo aseguran que todo cambió en los últimos días tras la llegada de militantes de Milagro Sala, seguidores de Evo Morales y agentes cubanos que operan en la región que buscan atentar contra la figura del gobernador.

La clave electoral

Gerardo Morales aspiraba, al menos hasta hace algunos días, a ser precandidato a presidente o vicepresidente de la Nación. Por eso, desde su entorno apuntan que la nueva constitución fue la excusa del peronismo para atacarlo y dañar su imagen. Del mismo modo, señalan que sirve para desviar la atención de lo que ocurre en Chaco, donde Jorge Capitanich quedó involucrado indirectamente en un asesinato que habría sido perpetuado por algunos de sus aliados políticos.

Más allá de negar cualquiera de estas teorías, desde el kirchnerismo hacen su propio juego político de cara a las próximas elecciones. Señalan que “la represión popular de Morales” es una foto de lo que será “la derecha” si logra la presidencia a partir del 10 de diciembre. Del mismo modo, recuerdan que el actual gobernador jujeño estuvo vinculado al gobierno de De la Rúa en el 2001 y los tristes episodios de aquella época. Incluso hubo voceros que compararon: “Los látigos que usa la policía de Morales, son los mismos con los que les pegaban a las madres de Plaza de Mayo durante la dictadura”.

Intervención federal

Otra vez, la grieta sobre un mismo eje. La intervención del gobierno nacional es reclamada por los sectores afines al gobernador de Jujuy, para que envíen efectivos de la Gendarmería Nacional a contener la situación, ante fuerzas provinciales que fueron evidentemente superadas por ella. Desde el oficialismo nacional aseguran que eso no ocurrirá porque “no hubo un pedido en ese sentido por parte del gobierno provincial”.

Desde el peronismo menos alineado con Alberto Fernández, le reclaman desde una Cadena Nacional hasta una intervención – de hecho – del ejercicio de la administración provincial de Jujuy, según las facultades constitucionales existentes. Los más moderados, le piden que viaje a Jujuy para reunirse con Gerardo Morales y buscar una salida conjunta.

Gobernar a través de Twitter

Cuando cualquier ciudadano de bien esperaría a sus representantes mostrando acciones de paz concretas, las redes sociales fueron las protagonistas en las últimas horas y no justamente para poner paños fríos. No solamente por las opiniones e imágenes de la población en general, sino también porque fue la forma de despacharse de todo el arco político.

Al menos en una ocasión, el mismísimo presidente de la Nación se cruzó en redes sociales con el gobernador jujeño, mientras en las calles los vecinos seguían enardecidos y sin una solución. Dirigentes como Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, José Luis Espert o Miguel Ángel Pichetto – que buscan ser presidentes – también se expresaron únicamente en Twitter. (NdA: hasta el momento de esta publicación, la única que convocó a una conferencia de prensa, para hablar públicamente, fue Bullrich) "...Bullrich, además del secretario de Derechos Humanos de la Nación - Horacio Pietragalla - que viajó hasta Jujuy para monitorear la situación."