El Congreso apura el tratamiento de los juzgados para Santa Fe

En medio de la emergencia que atraviesa la ciudad de Rosario por las balaceras, amenazas y crímenes cometidos por bandas narco, la Cámara de Diputados acelera el tratamiento del proyecto que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de agilizar las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal.

La iniciativa ya fue debatida en el seno de las comisiones de Justicia y Legislación Penal el pasado 8 de marzo y solo resta su tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Carlos Heller.

Según la información recogida por Parlamentario.com, la reunión fue convocada para el próximo miércoles 22 a las 10, luego de que este viernes por la tarde se conociera el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal del proyecto de ley que tiene por objeto fortalecer la justicia federal de Santa Fe. Dicho informe estimó ese costo en $1.106 millones anuales, aproximadamente.

Si se siguen los plazos establecidos y se obtiene el dictamen de la tercera comisión de la Cámara baja, el proyecto de ley podría ser tratado en el recinto de sesiones el próximo 28 de marzo.

El cualquier caso, como ya anticiparon legisladores de ambas càmaras, la aprobación de la ley no va a significar una solución inmediata a la crisis de inseguridad en Rosario, pero si va a constituir una herramienta fundamental en el abordaje de las causas de narcotráfico que -coinciden- son las que alientan buena parte de los hechos de violencia que enlutan a esa ciudad.

Los principales puntos

El proyecto de ley, que impulsan legisladoras y legisladores de distintos signos políticos, es el resultado de la convocatoria que se realizó en mayo de 2022 en la Universidad Nacional de Rosario donde asistieron autoridades de los tres poderes del Estado para analizar estrategias que permitan abordar la grave crisis de inseguridad en la ciudad del sur; escenario que se volvió aún más complejo en los últimos meses.

Los principales puntos que impulsa son:

- La creación de 27 cargos de Fiscal Federal Penal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 7 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto; y 1 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

- La creación de 9 cargos de Defensor Público Oficial Federal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 2 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

- La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de garantía, con asiento en la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.

- La creación de 3 cargos Juez Penal Federal con funciones de revisión, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.

- La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de ejecución, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.

Otro de los artículos establece que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional "en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad a la implementación de la presente ley".

Asimismo, se expresa que "las causas que se encuentren iniciadas al momento de entrada en vigencia de la presente ley continuarán siendo tramitadas ante los órganos jurisdiccionales actuales hasta su efectiva conclusión".

Un costo de $ 1.006 millones anuales

A todo esto, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo fiscal del proyecto de fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe será de $1.106 millones anuales, aproximadamente.

El informe señala que "las erogaciones en personal se estiman en $1.564 millones, parcialmente compensadas por el ingreso de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el pago de Impuesto a las Ganancias que quedan en la Administración Nacional".

"Esta estimación no contempla los gastos que demandaría la eventual aprobación del proyecto, vinculados a los organismos que se conformarán a partir de lo dispuesto: la dotación de personal que eventualmente acompañe a los cargos que se crean, los gastos operativos (insumos, servicios públicos, gastos de limpieza, entre otros) y de inversión (oficina, mobiliario, equipos informáticos, equipos de comunicaciones, entre otros) que pudieran generarse", se subrayó.

"A partir de 2017, los nuevos integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación tributan el Impuesto a las Ganancias. Se ha considerado que las personas que ocuparían los cargos que se crean, no provienen de otros designados en dichos ámbitos con anterioridad al 2017 por lo que estarían alcanzados por el impuesto", agrega.