Larga distancia entre la Casa Rosada y las urgencias sanitarias

Para el presidente Javier Milei se trata de un problema de conciencia moral. Ya no existen en la Argentina aportes estatales nacionales para cubrir los pasajes gratuitos a trasplantados, personas con discapacidades y niños bajo tratamientos oncológicos.

Una simple resolución había dispuesto en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, un régimen de compensaciones económicas, que el Estado otorgaba a las empresas de transporte automotor de larga distancia por el otorgamiento de esos pasajes gratuitos.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial esta semana, se fundamenta en el nuevo paradigma de libertad tarifaria del sector. Y termina con los pagos estatales, pero no con el derecho de quienes necesitan viajar sin pagar por razones de salud.

La Resolución 28/2026 deja sin efecto el esquema de pagos parciales que, desde 2018, el Estado realizaba a las compañías para mitigar el costo de los boletos otorgados por leyes especiales que benefician a personas con discapacidad, trasplantados o en proceso de trasplante y niños y adolescentes con cáncer.

Sin embargo, la normativa es taxativa al aclarar que esta decisión no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad. Las empresas están obligadas a seguir entregando los boletos sin cargo a los beneficiarios de las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados o en lista de espera) y 27.674 (niños, niñas y adolescentes con cáncer). Todas son muy anteriores a la resolución que seis años atrás otorgó compensaciones a los prestadores.

El cambio radica en que ahora las firmas deberán absorber dicho costo dentro de su estructura operativa, sin ayudas públicas. Y el argumento esgrimido por la Nación es que existe libertad tarifaria para que esos costos extra lleguen al común de los pasajeros.

Para la Nación, corresponde que superado el contexto de "fuerte intervención estatal" y tarifas reguladas los privados asuman el costo fijado por leyes anteriores.

Complicaciones

Sin embargo, hay complicaciones varias. Y ya se verá más adelante por qué para el gobierno nacional el asunto es parte de su definición de aplicar “la moral como política pública”.

Hoy los transportistas pueden determinar libremente sus recorridos, horarios y precios. Con lo que cesa el pago estatal, pero nada se dice de lo que hasta aquí no se ha pagado: la Cámara Empresaria de Larga Distnacia (Celadi) afirma que el Estado debe al sector 27.000 millones de pesos. Y que el reclamo ya ha sido judicializado hace más de un año, sin novedades.

Leyes y cumplimiento

Pese a lo dicho por el gobierno y las empresas (que no han cuestionado su obligación legal de otorgar pasajes gratuitos a ese grupo de personas) existen complicaciones. Quien recorra la terminal y escuche a los pasajeros en las ventanillas comerciales verá que hay pasajes siempre que se los pida con tres semanas de antelación o más. Y pocos pasajeros que los necesitan saben que pueden presentar una denuncia a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Y sucede lo mismo con los subsidios focalizados a la energía eléctrica y el gas natural, pocos cumplieron con los trámites para registrarse. Con las garrafas de 10 kg subsidiadas con casi 10 mil pesos lo que cuesta es encontrar los comercios con el QR que habilita esas ayudas nacionales. (El Litoral procuró sin éxito obtener una lista oficial de los puntos pero solo pudo publicar una nómina extraoficial de otro origen.)

Razones filosóficas

La idea de no dar ayudas en los servicios públicos a quienes a todas luces las necesitan es para la administración libertaria un asunto moral. La idea -apoyada en una corriente filosófica libertaria es que nadie debe ser forzado a ser solidario con los demás.

Así, en tanto los recursos del Estado (esa “organización mafiosa”) provienen de impuestos de pago obligatorio, las ayudas que con ellos se otorguen son -desde ese punto de vista de extremo individualismo- inmorales.

Y el razonamiento se completa con otro hecho comprobable: hay libertad para fijar tarifas, horarios y trayectos, y las leyes que regulan el otorgamiento de pasajes gratuitos a casos de emergencias sociales asociadas a la salud existen, ciertamente, desde que cada compañía voluntariamente aceptó esas condiciones.

En el Congreso

Va en la dirección señalada el proyecto de ley sobre la propiedad privada, que ya se encuentra en el Congreso, y que el gobierno nacional espera que pueda ser tratado durante el Mundial, con la opinión pública entretenida.

El respeto a la propiedad privada es una de las bases doctrinarias de la Constitución Nacional, que fue hecha por liberales. Sin embargo, ahora un proyecto de ley viene a ampliarlo.

Nada curiosamente es escaso el debate público sobre el tema. Apenas unas previsibles duras críticas a la iniciativa oficial por parte de la izquierda clasista y unas pocas menciones del resto de la oposición, en los minutos y espacios que dejan libres los casos de corrupción en el Ejecutivo Nacional que a diario son noticia.

El peronismo y otros partidos han optado por azuzar la veta nacionalista, por la derogación de una norma de sus años que regula la tenencia del suelo según nacionalidad del propietario. Los extranjeros podrán comprar tierras sin límites, se brama desde ese sector. La norma propuesta quita de esa flexibilidad a las áreas de frontera, pero igual habrá, seguramente, discursos folclóricos.

Poco se presta atención, en cambio, a otro asunto más serio y contradictorio con el desarrollo del Estado que ha correspondido, en términos históricos, a los liberales argentinos hace un siglo y medio.

El sueño libertario del Estado mínimo de La Libertad Avanza, idealmente a cargo solo de la seguridad de los ciudadanos y del país, choca con la experiencia liberal que creó por ejemplo las condiciones para el desarrollo de infraestructura básica en trenes, rutas, puentes, puertos, aeropuertos, gasoductos y redes de transporte y distribución de servicios públicos que requirió de expropiaciones.

El proyecto del presidente Milei las encarece. Será más oneroso para el Estado quitarle bienes a los particulares, aún cuando se logre su declaración por ley de “utilidad pública”.

De prosperar esa iniciativa se deberá “identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

Más aún: cambian las indemnizaciones. Actualmente, al expropiar el Estado paga por el valor del bien y los daños directos. El Gobierno propone incorporar el lucro cesante, es decir, la ganancia que el particular deja de percibir como consecuencia de la pérdida del bien. La ley de declaración de utilidad pública “fija el valor del bien antes de la intervención del Estado” y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”. Además, propone que el bien no pasará a manos del Estado hasta su pago íntegro.

Lo dicho: habrá sin dudas críticas de los nacionalistas, pero los realmente enojados deberían ser los liberales.