La Legislatura cierra filas ante un fallo que cuestiona sus facultades

La Legislatura decidió este martes 29 mantener la celebración de la Sesión Especial Conjunta de ambas Cámaras, convocada para votar un dictamen de la Comisión de Acuerdos que recomienda suspender por 90 días al fiscal Adrián Spelta, por haber beneficiado con la prisión domiciliaria a un narco acusado de triple tentativa de homicidio, que ya era conocido en la ciudad de Rosario por haber disparado contra el domicilio del entonces gobernador Antonio Bonfatti, en 2013.

La reuníon de ambas cuerpos, sin embargo, no tratará ese dictamen y –en su lugar- validará un duro documento sobre el polémico fallo que considera “inconstitucional” la Ley 13.807 que le permite a los legisladores revisar, juzgar y aplicar sanciones o la destitución de los integrantes del los integrantes del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

En reunión del jueves 1ro de octubre el presidente de Acuerdos, Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) explicará que no se avanzará con el tratamiento del dictamen votado por unanimidad en dicha comisión y el senador pedirá la lectura de un escrito que se está elaborando, y será estudiado hasta las últimas horas del miércoles 30 por Acuerdos.

La reunión del jueves tendrá un capítulo especial, porque el titular de Acuerdos pedirá que cada uno de los presidentes de los bloques fundamente el voto de los integrantes de su bancada. La intención es producir, además de la unanimidad, un respaldo que muestre el consenso existente.

En pocas palabras, la Legislatura había avanzado en un dictamen que implica producir un gesto político contundente, contrario a la liviandad con que parecen otorgarse ciertos beneficios a los acusados de muy graves delitos, pero ocurrió algo más complejo aún: fue declarada inconstitucional la ley que le permite a los legisladores revisar la conducta de los fiscales y defensores.

Sin embargo, el fallo no cuestiona la facultad de la Legislatura para aplicar suspensiones –tal como lo hizo en 2016- sobre la cabeza de ambos órganos del fuero penal. Ese año una sesión conjunta suspendió hasta que termine su mandato al defensor general Gabriel Ganón y al fiscal regional de Reconquista Eladio García. Y la Corte luego aceptó las credenciales de quienes los sustituyeron en esas funciones hasta la designación de nuevos titulares por la Asamblea Legislativa.

Lectura

El presidente de Acuerdos, dijo a El Litoral que hay en el fallo en cuestión aspectos que merecen consideraciones especiales.

“Lo respetaremos aunque no estamos de acuerdo. Vamos a fijar la postura del Poder Legislativo en un documento mientras Fiscalía de Estado recurre ante la Corte”, adelantó Gramajo .

"No quieren controles”, sintetizó luego y exhortó: “la ciudadanía lo tiene que saber: los fiscales no quieren ser controlados” y enumeró luego los casos más salientes (y escandalosos) que en el último año han vinculado a fiscales con el espionaje del celular de su pareja, con coimas con dineros del juego clandestino vinculado a Los Monos, y ahora a quien “mandó a su casa a esperar la sentencia a un narco acusado de triple tentativa de homicidio que pudo haber matado a un gobernador”, graficó.

"La sentencia denigra el nivel intelectual de los legisladores", advirtió respecto de los argumentos de una de las magistgradas.

En tanto, en declaraciones periodísticas, otro senador pero del radicalismo, que tiene a su cargo el rol de acusador en el caso Spelta, Lisandro Enrico (UCR-General López), dijo: "El fallo de la sala laboral busca evitar q fiscales puedan ser puestos en investigación bajo la mirada del poder más democrático y representativo, y mantener un sistema de protección y coberturas rancio para cualquier sistema de transparencia y moderno".

En idéntico sentido, el jefe de la bancada de diputados del PJ, Leandro Busatto (Frente de Todos) manifestó que “de ninguna manera” la ley cuestionada por el fallo de cámara “es violatoria de la división de poderes”. Reivindicó el cambio impuesto en 2017 pidió abandonar la defensa las defensas corporativas en el Poder Judicial.