En Diputados, piden citar a Lagna

La socialista Lionella Cattalini presentó en las últimas horas un proyecto de resolución para invitar al ministro de Seguridad, Jorge Lagna, a concurrir al recinto de la Cámara para que brinde un informe sobre el avance de la aplicación de la ley de Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario.

El planteo fue presentado a poco días de vencer el primer plazo de 180 días fijado por la Ley 14.070 sancionada en diciembre, y publicada el 17 de enero de este año en el Boletín Oficial.

"Entendiendo que la seguridad es una cuestión de Estado y que nos tiene que encontrar a todos comprometidos, velando y trabajando para garantizarla al conjunto de santafesinos fue que hace seis meses dimos sanción al proyecto de Ley de Emergencia en Seguridad y Servicio Penitenciario dándole al Poder Ejecutivo diferentes herramientas extras para abordar esta problemática hasta el 31 de diciembre de 2022", explicó Cattalini quien fue autora del proyecto que luego apoyó el Senado y tuvo el aval del Poder Ejecutivo.

La ley en vigencia establece que. la máxima autoridad del Ministerio de Seguridad deberá concurrir a la Comisión Bicameral creada por la misma ley a los 180 días de la entrada en vigencia de la emergencia para informar de la marcha de su gestión. "Estando próximos a vencerse dicho plazo es que solicitaré la aprobación del proyecto" dijo la socialista a El Litoral.

El artículo 23 de esa ley dice textualmente que "la máxima autoridad del Ministerio de Seguridad deberá concurrir a la Comisión Bicameral creada por la presente ley a los ciento ochenta días de la entrada en vigencia de la presente emergencia para informar de la marcha de su gestión. En caso de su ausencia y/o incumplimiento del envío de los informes de avance de las gestiones y de la ejecución presupuestaria de los fondos del Programa de Emergencia en Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario creado por la presente ley y/o no suministrado toda la información que le fuera requerida a la autoridad de aplicación o la misma no fuera aprobada por la Comisión Bicameral se da por concluida la presente ley".

Por otra parte, Cattalini preside la Comisión de Derechos y Garantías que ha convocado para este jueves al secretario de Asuntos Penales y Penitenciario, Walter Gálvez. La legisladora señaló que en agenda está la situación del penal de Piñero, las fugas que se han producido en los últimos meses, la sobrepoblación en establecimientos penitenciarios, los detenidos en comisarías y los procesos licitatorios en marcha.

Siguiendo con temas de seguridad, este jueves la Cámara de Diputados votaría un proyecto de ley para endurecer los controles en chatarrerías y chacaritas de la provincia. "Las personas físicas o jurídicas, titulares o responsables de comercios y locales, y quienes realicen actividades de carácter comercial o industrial en forma permanente o eventual con metales no ferrosos, tales como desarmaderos, chatarrerías y depósitos, cualquiera fuere su denominación, deberán llevar un libro foliado y rubricado por la autoridad municipal competente, en el que deberán asentarse conforme a las actividades desempeñadas, los datos precisados en el artículo 8° de la presente ley. Quedan expresamente exceptuadas las compañías mineras explotadoras de yacimientos de minerales no ferrosos y productoras primarias de estos minerales", dice el primer artículo del proyecto de ley de Oscar Martínez (Frente Renovador).

El tema motivó la realización de dos concurridas audiencias públicas donde empresas de comunicaciones y de servicios públicos expusieron los problemas que padecen debido al robo de cables de cobre o con cobre, producto que ingresa a un mercado ilegal con destino al comercio exterior.

La iniciativa tiene tratamiento preferencial y Martínez avanzó con legisladores de otros bloques políticos para definir los alcances del texto a llevar al recinto.

Deducción

El diputado Walter Ghione (UNO Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley para que los gastos de seguridad contratados para una vivienda puedan descontarse del Impuesto Inmobiliario. La iniciativa busca aplicar este beneficio a los contribuyentes que deban instalar alarmas, colocar rejas, pagar seguros o contratar seguridad privada para proteger sus hogares.

El proyecto pretende que los contribuyentes que incurran en erogaciones relativas a la seguridad ciudadana, podrán imputar el equivalente al 100% de dichos montos como pago a cuenta del Impuesto Inmobiliario Urbano o del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.