Caso Oldani: Sain declaró contra la fiscal Ferraro, ante los legisladores

El ex ministro de Seguridad Marcelo Sain optó por efectuar su declaración como testigo de manera virtual, en lugar de presencial, en el marco de una jornada dedicada a la construcción de la prueba contra la fiscal Cristina Ferraro, por parte del diputado justicialista Leandro Busatto, miembro de la Comisión de Acuerdos que se desempeña como acusador.

La integrante del Ministerio Público de la Acusación está acusada de no haber preservado debidamente pruebas de la escena del crimen en el llamado Caso Oldani, el empresario asesinado el 11 de febrero de 2020 cuando el entonces responsable de la seguridad en la provincia llevaba algo más de dos meses en el cargo. Y por ese motivo enfrenta una causa judicial, además del proceso disciplinario que ahora le ha iniciado el Poder Legislativo de la Provincia.

Sain pidió primero que se cambie el horario inicial de su audiencia de media mañana a las 13 horas para tener el tiempo necesario para viajar desde la capital federal a Santa Fe, pero luego -a minutos del horario convenido- pidió poder declarar a través de una reunión de zoom, de manera virtual ante la Comisión, varios de cuyos miembros también utilizaron el ese sistema.

El presidente de Acuerdos, el senador justicialista Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio), aceptó primero posponer el horario y luego que el testigo se presente de manera virtual ante sendos comunicaciones del diputado Busatto que lo requirió para sustanciar su acusación. Integrantes del cuerpo de taquígrafos de la comisión bicameral y un grupo de legisladores estuvieron en la sede de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que se usó para asegurar la conectividad para que avance la reunión. Del mismo modo, durante la mañana se tomó declaración a otros dos testigos, integrantes de la Policía: el subcomisario Pablo Molinari y el inspector Marcelo Sueldo que actuó como perito fotográfico. Por otra parte, optó por formular una declaración por escrito el fiscal regional Carlos Arietti.

Marzo de 2021

Sain debió renunciar al ministerio de Seguridad de Santa Fe el 18 de marzo de 2021, por los malos resultados de su gestión, además de las presiones políticas en favor de su desplazamiento, que incluyeron duras críticas y denuncias sobre las licitaciones en las que Santa Fe iba a comprar armas a una empresa israelí y por la adquisición de vehículos para la Policía.

Mientras fue ministro, Sain conservó su cargo de director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, bajo la polémica figura de una licencia sin goce de sueldo (otorgada por el fiscal general Jorge Baclini), con lo que mantuvo un pie en el Poder Ejecutivo y otro en el Judicial, al mismo tiempo. Sin embargo, cuando terminó su gestión como ministro y volvió al OI del MPA fue destituido por una sesión conjunta de ambas Cámaras de la Legislatura de la Provincia el 4 de noviembre del año pasado, debido a sus constantes manifestaciones públicas de proselitismo partidario, una actitud que por muy amplia mayoría los legisladores santafesinos consideraron suficiente para su expulsión de la oficina que había creado, por un pedido expreso del ex gobernador Miguel Lisfschitz durante aquel gobierno.

La figura de Sain durante más de la mitad del mandato del gobernador Omar Perotti fue central en la política santafesina. Y, desde su ausencia en la provincia, el oficialismo ha recompuesto al menos reglas de convivencia internas con miras a las elecciones de 2023.

Paso clave

La declaración de Sain ante la Legislatura es la de un ciudadano más, que es citado en calidad de testigo por haber sido funcionario de Seguridad (y al mismo tiempo) titular del Organismo de Investigaciones del MPA por un diputado provincial para sustanciar la acusación contra la fiscal Ferraro. Dijo lo suyo ante la misma Comisión de Acuerdos que recomendara hace algo menos de un año su destitución del MPA, a las 13 horas ya que debe llegar procedente de la ciudad de Buenos Aires y por eso pidió ese horario especial.

El fiscal federal Walter Rodríguez ha imputado a Ferraro por "encubrimiento agravado por su condición de funcionaria pública" y caracterizó al presunto delito dentro de la órbita federal bajo la figura de la "intermediación financiera no autorizada". La sospecha es que falta dinero de la caja fuerte que era parte de la escena del asesinato del Oldani. Rodríguez inició una investigación contra quienes operaban en la agencia de viajes.

Ahora, en la Legislatura se dan los pasos necesarios para un eventual proceso de destitución en el que la parte activa de las acusaciones está a cargo del jefe del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados, cuyo pedido de avocamiento fue aprobado por unanimidad por los doce integrantes de la Comisión de Acuerdos, luego de que -a nivel interno- la auditora general del MPA, María Cecilia Vranicich elevara a la Legislatura el caso.