Vranicich pidió "revisar" el régimen disciplinario sobre fiscales del MPA

Con un contundente mensaje de respaldo a la reciente persecución penal del microtráfico de drogas ilegales en la provincia de Santa Fe, la fiscal general María Cecilia Vranicich hizo bastante más que cumplir con su primer informe de gestión del año, que le impone la ley que creó el Ministerio Público de la Acusación.

La ex auditora del MPA asumió la conducción del órgano acusador el 20 de abril de 2023 y unos pocos meses después debió enfrentar una dura crisis en la Fiscalía Regional de Rosario sobre la que ordenó finalmente su intervención. Más tarde, tras el cambio de gobierno, con la gestión de Maximiliano Pullaro se aprobaron leyes -en tiempo record- que implican modificaciones de fondo para la labor de los fiscales y de su conducción. Las más importantes son la de "fortalecimiento" de la oficina a cargo de Vranicich (que le resta poder a las fiscalías regionales) y la que impone ahora la tarea de llevar a juicio a los dealers y narcos que años atrás, acaso ingenuamente, se consideraban meras ramificaciones de las organizaciones delictivas mayores. Hoy se considera que es clave que la provincia enfrente esos delitos por su estrecho vínculo con el aumento de la violencia extrema.

Dijo que el cambio de paradigma con la desfederalización de la persecución penal del llamado narcomenudeo pone "a todos los fiscales" a cargo de ese trabajo, en cada una de sus investigaciones. Explicó que además espera que pronto sean creados los cargos necesarios para formar una unidad en la fiscalía general dedicada a la lucha contra el tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades.

Vranicich llevó adelante su informe en el recinto del Senado, en un acto presidido por el presidente provisional de la Cámara alta, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), junto al ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Pablo Coccocioni, quien prometió enviar el respectivo mensaje de ley.

La fiscal general advirtió, con cifras, que no se ha verificado en la práctica el temor a un aumento desmedido de las detenciones, producto de la persecución del microtráfico, mostró su predisposición a que el MPA tenga una mejor coordinación con sus pares de la Justicia Federal e informó sobre las instancias de trabajo en ese sentido y describió una evolución de resultados positivos del órgano a su cargo desde su creación hace ya diez años. También, críticas sobre las tradiciones judiciales que lo determinan, en especial sobre el manejo de los expedientes.

Vranicich prepara un cambio de fondo para los legajos y explicó por qué. Hoy el MPA como el resto del Poder Judicial abre un legajo para toda denuncia y desde el punto de vista del sistema de gestión vale igual el robo de un celular que un crimen.

Aunque el sentido común crea prioridades es solo esa actitud personal la que permite que unos temas tengan más atención que otros. En ese tren, la titular del MPA fue a un punto sensible. Habló de "sincerar" internamente cuál es la carga real de trabajo para los fiscales que, en efecto, tienen miles de expedientes, pero una parte de ellos podrían ser, sino resueltos, avanzados sin su intervención.

Fue más allá al reflexionar: "el ministerio público debe contar con procesos internos y respuestas expeditivas de un nivel de eficiencia que se parezca a la de los poderes ejecutivos", comparó. Se preguntó si, en una eventual reforma constitucional, no debería replantearse a qué poder debe pertenecer Acusación o, tal vez, si no debe ser un órgano extrapoder. En cualquier caso subrayó que lo imprescindible es la autonomía económica.

Dedicó buena parte de su tiempo a expresarse sobre la crisis en Rosario, en seguridad y en el MPA. Repasó las medidas tomadas sobre los organismos que deben enfrentar la violencia extrema urbana y su "difícil" decisión de intervenir la fiscalía regional. "No estábamos a la altura del contexto", expresó.

La palabra "impunidad" resonó fuerte dentro y fuera del recinto

La titular del MPA hablaba sobre el régimen disciplinario para los fiscales, vigente en Santa Fe desde 2017 y 2018, donde para las faltas graves corresponde que la oficina de Auditoría eleve los expedientes a la Legislatura. En pocas palabras, un esquema de control directo del Poder Legislativo sobre la actuación de los fiscales, así como de los defensores públicos.

Para María Cecilia Vranicich es hora de revisar ese mecanismo de control para que también intervengan otros poderes en esa instancia. Lo pidió en una intervención, que mereció varias exposiciones posteriores de diputados y senadores, en la que transmitió lo que los fiscales le indican: su sensación de estar bajo "una espada de Damocles".

Fue entonces que consideró necesario aclarar que todos los fiscales que recibieron amonestaciones disciplinarias, suspensiones o fueron apartados definitivamente de su función no sufrieron una injusticia, pero usó la palabra "impunidad" para describir su sensación ante faltas graves probadas por la labor del auditor (Vranicich lo fue) que no merecieron una medida disciplinaria a la altura de esos hechos. Dentro y fuera del recinto la titular del MPA se negó a dar nombres sobre qué casos le despertaron esa lectura.

Ante jefes de los bloques más poderosos de ambas Cámaras, los ex gobernadores Antonio Bonfatti y Omar Perotti, y titulares y ex titulares de la Comisión de Acuerdos comentó que comprende "la necesidad de construir acuerdos" que en ocasiones ha hecho que los encartados no sean debidamente reprendidos o apartados. Más tarde, en diálogo con los periodistas, fue igualmente prudente: ni un nombre, ni un gesto cuando se les nombró a fiscales que siguen en el MPA pese a lo señalado por el auditor Leandro Mai.