Crónica de la tensión entre Casa Rosada y los gobernadores por la Ley de Bases

En Casa Rosada y Olivos cada día que pasa sin que haya avances en la aprobación de la “Ley Bases” significa un problema. Es que Javier Milei y su equipo económico infieren que el plan de gobernanza que lideran depende exclusivamente de esas reformas que la oposición -y varios potenciales aliados- retrasan a cambio de concesiones, condiciones y acuerdos.

A consecuencia de no haber podido sesionar este jueves -pasado- y prorrogar el tratamiento de las normativas para la semana que viene, la tensión fue subiendo en el Gabinete nacional, desde donde se definieron diversas estrategias con el objetivo de conseguir el respaldo de los legisladores, que obviamente responden a los intereses de sus gobernadores. “Es que con muchos de ellos no se puede ni siquiera hablar, vienen con pedidos irracionales en medio de una situación de urgencia total”, manifestó una fuente cercana al despacho presidencial.

“Sobre impuestos como las retenciones o la eliminación que se otorga a las economías regionales no dicen nada (los gobernadores). Y no dicen nada porque eso no se coparticipa, pero de Ganancias sí hablan, ¡ahí sí que reclaman!, relató la misma voz con escritorio en Balcarce 50, que además destacó que a los mandatarios provinciales no les importan los productores. “Son una presa que usan para el toma y daca en la discusión. Las retenciones no son coparticipables y por eso no les importan”, sentenció.

Después de haber obtenido dictamen de mayoría (con disidencias) en el Anexo C del Congreso -con una fuerte polémica sobre su contenido que fue potenciada por el bloque de la izquierda que denuncio que hubo cambios después de firmarlo- parecía que se iniciaba un nuevo triunfo de LLA. El oficialismo comprende que el problema no está en el seno del Parlamento, sino en quienes lo administran desde sus gobernaciones. Por eso se tomó la decisión de que el vocero Manuel Adorni anunciara en conferencia de prensa que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, va a sugerir al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, la creación de una fiscalía especial dirigida a investigar delitos de corrupción vinculados a funcionarios nacionales, provinciales y legislativos.

Los operadores presidenciales reconocieron que la iniciativa va dirigida directamente a los caudillos regionales. “Ellos saben que si no sale esto se van tener que achicar las partidas, y las más perjudicadas van a ser las que van a las provincias”, aseveró uno de los asesores ministeriales, que añadió: “Por eso piden Ganancias, porque hay muchas provincias que están en situaciones financieras catastróficas. Si juegan contra la ley van a tener que pagar el ajuste. Esta vez la responsabilidad no va a recaer como siempre sobre la Nación”, sentenció el mismo dirigente libertario, que remató recordando que los mandatarios provinciales avalaron un decreto de suba de retenciones a Alberto Fernández en marzo de 2022.

La falta de avances en el tratamiento de las medidas del Poder Ejecutivo hicieron detonar la convivencia del Gabinete nacional. El jueves, en las galerías rosadas empezó a circular el runrún de que Javier Milei iba a desafectar a uno de sus ministros por haber filtrado a la prensa una frase suya que apuntaba a los gobernadores. “Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”, habría dicho el jefe de Estado según el titular de Infraestructura, Guillermo Ferraro.

Con el correr de las horas, funcionarios muy cercanos al mandatario confirmaron que la expulsión era una decisión tomada y que esa cartera se convertiría en secretaría bajo el ala del jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. No hubo hasta ahora un comunicado oficial sobre la salida del hombre que estuvo a cargo de la fiscalización de las elecciones cuidando los votos de La Libertad Avanza. De todos modos, ya se había enviado una circular dando a conocer la absorción de la cartera por Economía, que más tarde el propio ministro de Hacienda admitió.

El viernes, Casa de Gobierno empezó a ser una usina de rumores y movimientos extraños. Ya se había adelantado que la habitual rueda de prensa del portavoz Adorni no se haría a las 11 de la mañana porque se cruzaba con la participación del presidente Milei en el acto por el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. El comunicado gubernamental explicó que se trataba de una postergación y que más tarde se confirmaría el nuevo horario.

Desde el mediodía, el foco estuvo puesto en las visitas que se iniciaron en Balcarce 50. Por explanada ingresó el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, acompañado de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Al rato llegó el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, que encaró hacia las oficinas del ministerio del Interior, y a las 18:25 entró el ministro Caputo.

Al salir del palacio de Gobierno, el ex motonauta intentó esquivar a los periodistas apostados en el portón que da a Rivadavia. Con la ventanilla del auto entreabierta, los cronistas le preguntaron a Scioli si iba a tener un lugar en el Gabinete nacional. Sólo atinó a decir: “Es más complejo que eso”, y se retiró sin hacer más declaraciones. Entre tanto, nadie daba el horario de la esperada conferencia del vocero presidencial.

El clima era cada vez más espeso e iba in crescendo debido a la falta de información. Ante las no respuestas que se hacían vía WhatsApp, los acreditados de Casa Rosada fueron hasta las oficinas de la vocería a preguntar por Adorni y Javier Lanari (Subsecretario de prensa). La respuesta fue que se habían ido y que la rueda periodística no se realizaría. No se explicó el motivo, y mucho menos que era lo que pasaba.

Cuando los periodistas empezaron a retirarse, alrededor de las 19:30, un sorpresivo mensaje les entró en sus dispositivos móviles: “Hoy a las 20 hs el ministro de Economía, Luis Caputo, brindará una conferencia de prensa en Casa Rosada”, refrendaba el breve texto. A las corridas, el personal de prensa preparó el Salón de Conferencias –ubicado en el segundo piso- y las expectativas por lo que se iba a anunciar aumentaron al ritmo de la ansiedad que generaba la improvisación y el nerviosismo generalizado.

Sobre la hora anunciada, tomaron asiento en primera fila, Guillermo Francos y Martín Menem. Detrás los siguió el propio ministro Caputo, quien se colocó parado detrás del atril para decir que el Gobierno había decidido retirar el paquete fiscal de la denominada Ley Ómnibus con el propósito de acelerar la aprobación del proyecto en el Congreso.

“Hay disenso en el capítulo económico, los hemos escuchado a todos y compartimos muchos de esos reclamos”, señaló el titular de Hacienda, que a la vez agregó: “Hemos tenido que tomar decisiones incómodas para llegar a déficit cero, pero de ninguna manera queremos que por este capítulo fiscal se demore lo que creemos necesario y urgente”.

En la rueda de cuatro preguntas, este medio le pidió al funcionario que detallara cuáles eran esos puntos y si creía que con esta concesión a los gobernadores el proyecto prosperaría. Caputo respondió que el paquete fiscal incluye el blanqueo, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales, la ley de Ganancias, las retenciones y el cambio de la fórmula jubilatoria. “Esto es lo que se retiraría. Hay enorme consenso en que el resto del paquete es absolutamente beneficioso para el país, no veo ningún inconveniente en que se apruebe”, aseguró.

Las luces de la sala se fueron apagando con la sensación de que la medida intempestiva que tomó la administración central no tuvo otro destinatario que los gobernadores y sus diputados y senadores, quienes pocas horas más tarde, reconocieron que era una buena iniciativa, pero sosteniendo que todavía quedan varios puntos de discrepancia. Entre ellos, las privatizaciones de empresas públicas, las diversas emergencias por el período de un año (económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa), y en particular, el tema de las facultades delegadas al presidente Milei, que para Unión por la Patria pretende tener “superpoderes” con el fin de “intervenirlo todo”. Los disidentes también plantean que esto significa más ajuste, especialmente sobre las provincias.

Por lo pronto hay algo que está muy claro. La jugada del Gobierno permitió salir del escollo de una derrota casi garantizada en el recinto y abrir la posibilidad de debatir lo que queda pendiente en el marco de negociaciones que se iniciaron desde este mismo fin de semana, y de las que tendremos novedades hasta el mismo martes 30 de enero, día en que se trataría el proyecto en el hemiciclo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.