Moratoria en Santa Fe: la Provincia ya recuperó $13.000 millones y el Plan A es el más elegido

El Plan Especial de Pagos implementado por el Gobierno de Santa Fe completó su primer mes con un balance altamente positivo.

En declaraciones a CyD Litoral, el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, reveló que la respuesta de los contribuyentes superó las expectativas iniciales de la gestión, alcanzando un volumen de adhesiones que otorgó un fuerte alivio tanto a los ciudadanos como a las arcas provinciales.

"En este primer mes que hemos transcurrido, ya casi 13.000 millones de pesos es lo que la gente pudo convenir", detalló Galíndez, precisando el monto total del recupero fiscal proyectado.

Según el funcionario, un total de 9.523 santafesinos ya se sumaron a la iniciativa, una herramienta clave impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro para permitirle a la población "desendeudarse a un bajo costo" en medio de un escenario macroeconómico nacional adverso.

El alivio a las familias y el éxito del Plan A

El análisis de los datos del primer corte mensual demuestra que la clase media y los pequeños contribuyentes fueron los que más rápido asimilaron la propuesta oficial. Galíndez destacó que el programa diseñado para morigerar la carga impositiva tuvo su pico de solicitudes en las categorías de menores recursos y menores bienes registrados.

"Dentro de ese universo, más de 7.100 son los que adhirieron al Plan A, que es el plan más económico que hemos puesto a disposición de ellos, donde pudieron abonar su deuda en 12 cuotas sin intereses", puntualizó el subsecretario.

En este segmento, orientado a familias con hasta dos inmuebles o dos vehículos, el impuesto con mayor nivel de regularización fue la Patente Automotor (4.478 solicitudes), seguido por el Impuesto Inmobiliario (1.915) y los Ingresos Brutos (709). Por su parte, el Plan B, destinado a patrimonios mayores, sumó 2.354 convenios.

Sectores críticos y plazo límite de adhesión

La propuesta oficial también reservó un apartado de asistencia social para rubros golpeados por las políticas federales. El subsecretario hizo especial hincapié en los prestadores de servicios para personas con discapacidad, quienes cuentan con financiamiento de hasta 36 meses con tasa cero.

"Es nuestro granito de arena para que puedan enderezar su situación", remarcó Galíndez, apuntando al congelamiento de aranceles que sufre el sector a nivel nacional.

Respecto a la continuidad del beneficio, las autoridades recordaron que las distintas campañas de notificación digital de la API continuarán vigentes, ya que la morosidad sigue siendo un frente a resolver.

"Lo que se deja de pagar en primera instancia es un impuesto que a veces, como no se le corta el servicio, dejamos de abonar eso", reconoció el funcionario, explicando la conducta habitual en épocas de crisis.

Finalmente, Galíndez recordó que el dispositivo de regularización no ha concluido: "Sigue vigente hasta el 31 de julio y es un trámite sencillo, 100% online, ingresando al portal de Gestiones Ciudadanas".