Proyecto de ley: buscan ponerle frenos a la "obsolescencia programada"

Antes que reemplazar un producto por otro nuevo, privilegiar que resulte viable arreglarlo. Ese es el principio que inspira un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, que propone combatir la denominada obsolescencia programada, una práctica que desde hace años genera debate entre consumidores, fabricantes y organizaciones ambientalistas.

La iniciativa plantea un cambio de paradigma en el mercado de bienes electrónicos y electrodomésticos: garantizar que los consumidores puedan acceder a repuestos, manuales e información técnica para prolongar la vida útil de los productos y evitar que queden inutilizados por decisiones de diseño o restricciones impuestas por los propios fabricantes.

El proyecto, presentado por la diputada Marcela Pagano (conocida por su pasado como periodista económica y luego por su sonado apartamiento del actual oficialismo), se hace cargo de una problemática habitual.

Según asume la iniciativa, cada vez resulta más frecuente que un teléfono celular, una computadora o un electrodoméstico deje de funcionar y la reparación resulte tan costosa -o directamente imposible- que la única alternativa sea comprar uno nuevo.

En ese contexto fue presentado un proyecto para crear un Régimen del Derecho a Reparar y contra la Obsolescencia Programada (LEDER), cuyo objetivo es reconocer legalmente el derecho de los consumidores a reparar los bienes que poseen y limitar las prácticas que reducen artificialmente su vida útil.

Qué es la obsolescencia programada

La obsolescencia programada consiste en diseñar o fabricar productos con una vida útil deliberadamente limitada o con características que dificultan su reparación, obligando al consumidor a reemplazarlos antes de que sea realmente necesario.

No siempre se manifiesta mediante una falla física. También puede presentarse a través de actualizaciones de software que degradan el rendimiento de un dispositivo, la imposibilidad de acceder a piezas de repuesto, componentes sellados que no pueden reemplazarse o sistemas electrónicos que bloquean el funcionamiento cuando se utilizan piezas compatibles pero no autorizadas por el fabricante.

Quienes impulsan regulaciones sobre esta materia sostienen que estas prácticas incrementan innecesariamente el consumo, elevan los costos para los usuarios y multiplican la generación de residuos electrónicos, uno de los desechos de mayor crecimiento en el mundo.

Qué propone la iniciativa

El proyecto busca revertir esa lógica mediante una serie de obligaciones para fabricantes e importadores.

Entre otras medidas, establece que deberán garantizar la disponibilidad de repuestos durante un plazo mínimo posterior a la discontinuación de cada producto. En el caso de los electrodomésticos de línea blanca, ese período no podrá ser inferior a diez años.

También deberán facilitar manuales de reparación, esquemas técnicos, códigos de error y herramientas de diagnóstico en español y formato digital, de modo que tanto los consumidores como los talleres independientes puedan efectuar reparaciones.

Uno de los puntos centrales consiste en prohibir expresamente las llamadas barreras a la reparación, entre ellas bloqueos de software, sistemas de emparejamiento de componentes o mecanismos que impidan instalar repuestos compatibles o restaurar el funcionamiento de un equipo luego de una reparación legítima.

Software e inteligencia artificial

El texto incorpora un aspecto cada vez más relevante: el rol del software en el funcionamiento de los dispositivos.

En ese sentido, propone que las actualizaciones no puedan reducir las prestaciones ni afectar deliberadamente el rendimiento de los equipos y reconoce el derecho de los usuarios a acceder a funciones de diagnóstico y calibración.

Asimismo, prohíbe utilizar sistemas de inteligencia artificial para degradar intencionalmente el funcionamiento de un producto o restringir artificialmente su posibilidad de reparación.

Orientación al consumidor

Otro de los instrumentos previstos es la creación de un índice de reparabilidad, que debería exhibirse en determinadas categorías de productos.

Ese indicador informaría al consumidor aspectos como la facilidad para desmontar el equipo, la disponibilidad y el costo de los repuestos, el acceso a documentación técnica, la complejidad de las reparaciones y la vida útil estimada.

La intención es que, además del precio o las prestaciones, los compradores puedan evaluar qué tan sencillo será mantener operativo el producto durante los años siguientes.

Antecedentes

No es la primera vez que este tema llega al Congreso. Durante los últimos años fueron presentados distintos proyectos con similares objetivos. Algunos proponían ampliar las garantías legales; otros buscaban proteger a los talleres independientes o asegurar el acceso a manuales técnicos. Todos perdieron estado parlamentario antes de llegar al recinto.

Actualmente, la protección de los consumidores se encuentra regulada principalmente por la Ley de Defensa del Consumidor, que reconoce garantías y responsabilidades de fabricantes y vendedores, pero no contempla un régimen integral sobre reparabilidad ni prohíbe expresamente la obsolescencia programada.

Legislación comparada

Mientras tanto, varios países ya avanzaron con regulaciones específicas.

La Unión Europea se convirtió en el principal referente en esta materia. Durante los últimos años aprobó normas que obligan a los fabricantes de numerosos electrodomésticos y dispositivos electrónicos a garantizar la disponibilidad de repuestos, facilitar información técnica y ofrecer alternativas de reparación durante varios años después de dejar de fabricar un producto.

En 2024, además, el bloque adoptó una directiva para fortalecer el derecho de los consumidores a elegir la reparación antes que el reemplazo.

Uno de los casos más avanzados es Francia, que desde 2021 exige que celulares, computadoras, televisores, lavarropas y otros productos exhiban un índice de reparabilidad. La medida permitió que los consumidores incorporaran este aspecto como un criterio de compra y llevó a varios fabricantes a rediseñar equipos para obtener mejores calificaciones.

También Estados Unidos comenzó a avanzar mediante leyes estatales. California, Nueva York, Minnesota, Colorado y otros estados aprobaron normas que obligan a los fabricantes a suministrar repuestos, herramientas y documentación técnica. El objetivo es fomentar la competencia entre servicios técnicos y reducir los costos de reparación.

Experiencias similares pueden encontrarse en Canadá y el Reino Unido.

Intereses en juego

La discusión sobre el derecho a reparar excede el interés individual de quien compra un electrodoméstico o un teléfono celular.

Sus defensores sostienen que prolongar la vida útil de los bienes reduce el volumen de residuos, disminuye la extracción de materias primas, genera empleo en talleres de reparación y favorece la fabricación nacional de repuestos.

En sentido contrario, se advierte que una regulación demasiado amplia podría incrementar costos, afectar la protección de la propiedad intelectual y generar riesgos vinculados con la seguridad o el funcionamiento de equipos reparados fuera de la red oficial.