Oficializaron al nuevo interventor de Yacimientos de Río Turbio, tras la salida de Thierry Decoud

El Gobierno nacional oficializó la designación de Pablo Sebastián Gordillo Arriagada como nuevo interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en reemplazo de Thierry Decoud, luego de que fuerza desplazado por estar involucrado en presuntas coimas.

A través del decreto 869/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, con la firma del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y del presidente Javier Milei, el Poder Ejecutivo hizo público el nombramiento del exgerente general de Servicios Públicos Sociedad del Estado en Santa Cruz y asesor del gobernador, Claudio Vidal.

Gordillo Arraiga es abogado y realizó posgrados en derecho de los Hidrocarburos, Energía y Sostenibilidad. Además, es diplomado en gestión y tecnologías para el desarrollo convencional y no convencional de hidrocarburos, y cuenta con un Posgrado Internacional en Derecho de la Seguridad Pública.

Su desembarco al frente de Yacimientos Carboníferos Río Turbio tuvo lugar tras el despido del hasta entonces interventor, Thierry Decoud, investigado por presunto pedido de coimas.

Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que "donde el Presidente detecta que no hay una transparencia absoluta en la gestión, siempre va a hacer a un lado al responsable”.

“No porque efectivamente sea responsable, sino porque quiere que todo se lleve adelante con total transparencia, así que mientras se aclaren los hechos ha tomado la decisión de despedir”, sostuvo.

En las útlimas semanas, YCRT, la empresa estatal argentina que opera en la región patagónica, se vio envuelta en un nuevo escándalo que involucra un fallido acuerdo de venta de carbón.

La empresa israelí TEGI Limited había propuesto la compra de 30.000 toneladas de carbón de baja calidad por un valor cercano a los US$2.1 millones. Sin embargo, la operación se habría detenido tras un supuesto pedido de dinero realizado por intermediarios vinculados a la negociación.

La denuncia la realizó el gobierno de Santa Cruz, a cargo de Claudio Vidal, a raíz de un presunto pedido de coimas de dos intermediarios entre la minera y la empresa Tegi Limited.