El Presidente entre el doble juego con los gobernadores y la tensión con los estatales

Las probabilidades de avanzar con la Ley Bases reducida "son muchas", afirman en los pasillos de Balcarce 50, aunque también manifiestan que "la oposición siempre te corre el arco, hay que ver qué van a hacer los que no quieren trabajar con el gobierno".

La primera tanda de despidos masivos en la administración pública tensó la cuerda con los gremios estatales en medio de las Pascuas. Esas 15 mil cesantías abren la puerta a un conflicto que se potenciará este miércoles 3 de abril cuando los trabajadores intenten hacer ocupaciones pacíficas de las carteras en las que fueron discontinuados.

Cuando se pregunta en Casa Rosada a los funcionarios de La Libertad Avanza cómo avizoran el panorama socioeconómico en el mediano y corto plazo, la respuesta viene acompañada de datos que les proporcionan consultoras que trabajan permanentemente para el Gobierno. "Hay encuestas que están mostrando que el 60% de la sociedad tiene expectativas positivas a futuro", aseguró uno de los integrantes de la mesa chica de Javier Milei.

En medio de una recesión, que los dirigentes oficialistas aseguran que es normal debido al proceso antiinflacionario que llevan adelante, la consigna que llega desde el Palacio de Hacienda es: "La gente banca a pesar del ajuste". Que el DNU de desregulación de la economía siga vigente -pese al freno judicial a la reforma laboral que se negocia por afuera para transformarla en ley- es fundamental para las huestes libertarias.

Las probabilidades de avanzar con la Ley Bases reducida "son muchas", afirman en los pasillos de Balcarce 50, aunque también manifiestan que "la oposición siempre te corre el arco, hay que ver qué van a hacer los que no quieren trabajar con el gobierno, ¿Estela de Carlotto fue clara no, o yo entendí mal?", espetó uno de los asesores de la Secretaría General de la Presidencia mientras entremezclaba críticas al kirchnerismo con guarismos que la administración central contrapone a la gestión anterior. "Sabían que la balanza energética volvió a ser superavitaria?", preguntó el hombre de confianza de Karina Milei a algunos periodistas acreditados en la sede del PEN, para agregar, "dejamos de comprar barcos con gas y combustible ¿les parece poco?", sentenció.

De todos modos, los problemas en esa materia siguen sin ser resueltos ni llevar ecuanimidad a al sector de la energía. Hay un ejemplo que grafica el tema mejor que ningún otro. Desde que se envió al Congreso la Ley Ómnibus –y ahora que se intenta negociar en versión condensada con los dialoguistas- la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), que agrupa a la totalidad de firmas productoras de biodiesel de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y San Luis, rechaza cambios en la legislación que alcanza al área para regular la industria en favor de las grandes aceiteras concentradas en Santa Fe. Algo que podría llevar al resto a la quiebra.

Dilemas cómo este complican el avance del articulado reducido que ha fracasado en el caso de la fórmula previsional, impuesta por decreto, y ni que hablar con respecto a la coparticipación que sigue girando en torno al debate a la vuelta de la cuarta categoría de Ganancias, la viabilidad de un gravamen a los altos ingresos, o redistribuir el impuesto al cheque o el PAIS. Este último casi descartado en Casa Rosada porque sería una pronta salida del CEPO lo que sellaría el acta de defunción de ese tributo.

La carta del aborto

En el contexto de estas discusiones, el concepto de batalla -o guerra cultural- además de cambios de nombres de salones en la sede del Poder Ejecutivo y el CCK, tiene a la gestión de LLA pretendiendo introducir otros temas en agenda. Asuntos que retumban fuerte en las galerías del poder. Una es la idea de derogar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El Gobierno se sustenta para ello en encuestas que según indican, establecen que bastante más del 50% de la población está en contra del aborto.

Ya hubo un globo de ensayo relacionado a esto en el parlamento, cuando la diputada oficialista, Rocío Bonacci, presentó un proyecto para derogar la Ley 27.610. Fue precisamente cuando Milei llegaba al Vaticano y tendía puentes con el Papa Francisco, a quien después de fotos amistosas que descolocaron al kirchnerismo, prometieron retomar la iniciativa que se vería reforzada con una pronta visita de su Santidad a la Argentina.

Esta medida, como la de Luis Petri (Defensa), que promueve reformar la Ley de Seguridad Interior para que la Fuerzas Armadas puedan actuar contra el narcoterrorismo, igual que la de la baja de imputabilidad de los menores a 14 años -impulsada por Bullrich y Cúneo Libarona (Justicia)-, junto a la Reforma Procesal Federal Penal, la Laboral, los pliegos para la Suprema Corte de Ariel Lijo y Manuel G. Mansilla, deben tener el visto bueno de la mayoría de los legisladores, quienes en línea con los gobernadores cuentan con la absoluta desconfianza de la administración libertaria.

No es casual la decisión de eliminar los anticipos de pagos a las cajas de jubilaciones que están bajo control de unas 13 provincias. Lo que motivó que el titular del Ejecutivo santafecino, Maximiliano Pullaro, encare la judicialización del tema. Otra determinación que los caudillos regionales toman como una afrenta que se suma a los recortes en los giros discrecionales, al Incentivo Docente, al transporte y a la obra pública.

De todos modos, por lo que se deja circular en la Rosada, la mecánica del "reunionismo" con los mandatarios provinciales y sus congresistas continuará. "Para eso está (Guillermo) Francos, que es el que aguanta todos los trapos", manifiestan desde el entorno de los hermanos Milei, dejando entrever a modo de sarcasmo: "Encima ahora se tienen que cuidar de que no los escrachen cuando vienen a Buenos Aires, 15 mil dólares cuesta cada viaje", informaron con ironía.

Tensando la cuerda

La primera tanda de despidos masivos en la administración pública tensó la cuerda con los gremios estatales en medio de las Pascuas. Esas 15 mil cesantías abren la puerta a un conflicto que se potenciará este miércoles 3 de abril cuando los trabajadores intenten hacer ocupaciones pacíficas de las carteras en las que fueron discontinuados. Algo que el Ejecutivo piensa evitar bajo el argumento de la ilegalidad que eso significa. A la vez, la disyuntiva develará cómo está la correlación de fuerzas entre el Gobierno y las resistencias que tiene su plan de reducción de la plantilla de empleados públicos, que abarca a un total de 70 mil personas que vienen teniendo sus contratos en revisión trimestral. Como apunte extra, vale decir que el total de dependientes del Estado Nacional suma más de 342.000 asalariados.

En este contexto de presión, una fuente oficial declaró que "hay sectores que nos quieren voltear, que quieren volver", y asimismo advirtió que "de lo que no se dan cuenta estos muchachos es que nosotros no somos De la Rúa ni Alfonsín". Un comentario que demuestra el clima beligerante que se vivirá en los tres días de la semana corta que se aproxima.