Dictamen sin capítulo 11: el Senado apuró el Presupuesto y dejó el debate para el recinto

Luego de una semana agitada con dos traspiés consecutivos, el oficialismo privilegió en el Senado obtener un dictamen rápido para el proyecto de Presupuesto 2026 sin incluir modificaciones y dejar la discusión para después de la Navidad dentro del recinto.

En el Salón Azul, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunió este viernes por la mañana para tratar el proyecto de Presupuesto General 2026 girado desde Diputados. Finalmente, el dictamen no incluyó el capítulo 11, apartado rechazado en la votación en particular que incluía la intención de derogar la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, entre otras varias medidas sensibles.

El encuentro lo encabezó el senador Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), que abrió la reunión remarcando la centralidad política del texto: el Presupuesto, dijo, “es esencial para el funcionamiento de la República, para el sostenimiento del programa económico y para el crecimiento que está teniendo la Argentina”, y expresó su expectativa de que el Senado avanzara con el dictamen.

La señal más nítida llegó después, al cierre del debate y con el despacho ya encaminado: “El presupuesto es una ley como cualquier otra. La propone el Ejecutivo, pero la deciden los diputados y senadores. Si hay algunos diputados que han tomado el camino del déficit fiscal nosotros ya veremos cómo hacemos para corregirlo, pero el camino del déficit cero es innegociable para nosotros”, sostuvo Atauche.

El despacho de mayoría tuvo 11 firmas de 17 integrantes, con aliados del PRO, la UCR y de algunas provincias. Más allá de que no fue incluido el capítulo 11, el oficialismo podría intentar reponerlo completo o en algunos de sus aspectos en el recinto. De prosperar esa estrategia, la iniciativa deberá volver a Diputados para su revalidación.

Renuncia táctica

El capítulo 11 incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario; la eliminación del régimen de zona fría para usuarios de gas; la eliminación de la automaticidad de actualización de la AUH, por Embarazo y Asignaciones Familiares; y disposiciones ligadas a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y transferencias de fondos de la Corte Suprema al Consejo de la Magistratura.

La decisión de no intentar reponer el capítulo en el despacho de comisión para “salvar” el tratamiento del Presupuesto durante las sesiones extraordinarias obligó al Gobierno a redefinir la estrategia parlamentaria. El oficialismo tuvo que postergar la reforma laboral, luego del golpe que la oposición le asestó en Diputados con la caída del capítulo 11 y el enojo de los bloques aliados por las designaciones fuera del temario para la Auditoría General de la Nación.

Estos acontecimientos llevaron a que, mientras la CGT se movilizaba en las calles, a una reunión de urgencia entre el presidente Javier Milei, la jefa de bloque del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, el titular de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior Diego Santilli. De allí salió la decisión de postergar la reforma laboral y concentrarse en el Presupuesto.

Aunque no logró aglutinar voluntades para reponer el articulado caído y sostener que el proyecto es “deficitario” tal como está, el gobierno pretende aprobar la Ley de Leyes el próximo viernes 26. De lograr la sanción definitiva, podría tener argumentos para vetarlo, aunque sería el tercer año consecutivo sin presupuesto, lo que daría malas señales a los organismos financieros que busca convencer en el marco de la negociación de deuda y toma de empréstitos internacionales.

Guberman defendió el proyecto

En la reunión de este viernes, expuso parte del equipo económico encabezado por Carlos Guberman, secretario de Hacienda, quien expuso lineamientos del proyecto y respondió las preguntas de los senadores.

Guberman recordó que el año pasado no se había logrado avanzar con el tratamiento. También planteó un diagnóstico de “situación heredada” con más de una década de déficit fiscal, que en 2023 —según expuso— alcanzó 4,6% del PBI, y defendió el ordenamiento de cuentas a partir de “eliminar gastos que no corresponden al Estado”, focalizar partidas y reforzar áreas consideradas prioritarias.

El funcionario ordenó el proyecto sobre tres ejes: acompañamiento social “sin intermediación”; recuperación y modernización de capacidades en defensa y seguridad; y una transformación del Estado para “acompañar el crecimiento del sector privado”.

Además, Guberman detalló la distribución del gasto prevista para 2026: 45% a previsión social (jubilaciones y pensiones), 16% a asistencia social, 11% a salarios del sector público y 9% a intereses de deuda, rubros que concentran el 82% del Presupuesto. El 18% restante, agregó, incluye subsidios al transporte y la energía y el gasto universitario, entre otros ítems.

En ese marco, sostuvo que la pobreza “continúa siendo elevada”, pero que se ubica en el nivel más bajo desde 2018 al pasar del 42% al 32% desde el inicio de la actual gestión. Y subrayó un dato político que el Gobierno repite como mantra: en 2025 y 2026, dijo, el 79% del gasto primario estará destinado a servicios sociales.