El Gobierno apuesta a aprobar sin cambios el Presupuesto en el Senado para cerrar el año

Después del traspié en Diputados con la caída del capítulo 11, el Gobierno reordenó la estrategia. Hubo una cumbre en Casa Rosada, comandada por Javier Milei, con el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de Diputados Martín Menem y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. De ahí salió un nuevo plan con prioridades para el final del año en el Senado: postergar la reforma laboral para febrero y concentrar toda la energía en asegurar la aprobación del Presupuesto.

Este viernes 26 habrá sesión en la Cámara alta. Cualquier cambio en el proyecto asegura un retorno a Diputados, que tendría apenas dos días hábiles —29 y 30— para revalidarlo volviendo a complicar las chances de aprobación, perdiendo músculo parlamentario tras las elecciones y corriendo el riesgo de que el Ejecutivo deba reconducir por tercera vez consecutiva la ley de leyes, una jugada que ya no tiene margen para repetirse sin costo ante la necesidad de acceso a créditos internacionales argumentada por el propio gobierno.

Bullrich lo dejó en claro al conseguir el dictamen en la comisión de Presupuesto: “Nosotros tenemos una regla de oro, que es el superávit fiscal, nos tendremos que acomodar para no caer en déficit, eso se va a arreglar pero no va a ser mediante este presupuesto, sino mediante otros instrumentos”. Es decir, el Presupuesto va como vino, y de ser necesarias correcciones se buscarán por vías administrativas.

La apuesta de La Libertad Avanza es conseguir su primera “ley de leyes” aprobada en sesiones extraordinarias y convertirla en una señal de fortaleza para arrancar 2026 con el manual de equilibrio fiscal bajo el brazo. En la misma línea, buscará dejar aprobado el proyecto de "Inocencia Fiscal".

Votos en el recinto

En la Cámara alta, La Libertad Avanza parte de una base ajustada: 20 votos propios, aunque al momento se contabilizan 19. De ahí en más, necesita 17 senadores adicionales para llegar a los 37 que exige la mayoría absoluta.

Del otro lado, el peronismo se planta con 21 senadores conducidos por José Mayans y la postura ya está escrita: rechazar el texto completo. A esa órbita orbitan, además, algunos bloques provinciales o aliados circunstanciales como Frente Cívico por Santiago, que lidera Gerardo Zamora, y Convicción Federal, con cinco integrantes de Tucumán, San Luis, Jujuy, La Rioja y Catamarca. En ese mapa, el oficialismo mira una treintena de bancas “posibles” y arma el rompecabezas voto a voto.

Entre los apoyos considerados “seguros” aparece Luis Juez, que dejó el PRO para armar un monobloque y moverse en tándem con el oficialismo. La UCR, con una bancada de diez, firmó el dictamen, aunque con reproches y una incomodidad que no se fue: el capítulo 11 contenía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, y en Diputados esa parte se cayó por completo.

El Gobierno, ya resignado a reponer ese capítulo en esta etapa, busca absorber por vía administrativa los gastos que demandan universidades y discapacidad —y otros ítems que estaban dentro del apartado— sin poner en riesgo el objetivo madre: que el Presupuesto salga del Senado sin cambios y sea ley antes del 31.

Guberman apostó a lo esencial

En la discusión de comisión, el secretario de Hacienda Carlos Guberman aportó durante su exposición una llave discursiva para sostener la estrategia de “no tocar” lo aprobado por Diputados: “en esencia no es diferente a lo que planteamos en el proyecto de ley original”, sostuvo.

Guberman defendió el último viernes en comisiones la columna vertebral del programa: “una acumulación de déficit fiscal por 10 años” que “en 2023 llegó a 4,6% del PBI”, sin capacidad de financiamiento en mercados y con la emisión monetaria como un camino “insostenible” por su impacto inflacionario. Describió “un Estado sobredimensionado” y planteó que el ajuste se pensó por ambos lados: “eliminando gastos y bajar impuestos”.

Luego, resaltó logros fiscales: “Lo que logramos de manera bastante rápida fue ordenar las cuentas fiscales. El año pasado terminamos con un superávit del 0,3% del PBI. Este año vamos a estar alrededor de una cifra similar”. Enumeró también medidas de recorte como la reducción del 15% del empleo público, la discontinuación de 1.700 obras públicas “de tamaño menor” y la quita de subsidios, pasando de “60% de la factura pagada por el Estado” a “alrededor del 30%”.

También defendió el escenario macro con el que se armó el proyecto: variables medidas al 1° de agosto, inflación proyectada del 10% para 2026 y tipo de cambio a $1.423, con la idea de que no se trató de un dibujo optimista sino de un cálculo cercano a lo que esperaba el sector privado en ese momento.

Sobre la composición del Ejercicio Fiscal 2026, puso un número arriba de la mesa para explicar por qué el Gobierno insiste con la estrechez del margen: “tiene 45% destinado a previsión social (jubilaciones y pensiones), 16% a asistencia social, 11% a salarios de todo el sector público, y 9% es la cuenta de intereses de la deuda. Solo esto suma el 82%”. Y remató: “En el 18% restante quedan subsidios, el gasto universitario… Por eso, el 92% del presupuesto prácticamente no tiene mucho margen para discusión”.