Rechazan la impugnación de pruebas y Urribarri irá a juicio oral

El juez de Garantías de Paraná Ricardo Bonazzola rechazó hoy las impugnaciones sobre las pruebas contra el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, en la causa conocida como "sueño entrerriano" que investiga el desvío de 47 millones de pesos para promocionar su campaña presidencial de 2015 y dispuso su remisión a juicio oral.

Así lo revelaron fuentes judiciales al recordar que los delitos por los que se acusa a Urribarri son "negociaciones incompatibles con la función pública", "direccionamiento de publicidad oficial" y "peculado", entre otros.

Si bien eran tres las causas, los fiscales Cecilia Goyeneche, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano unificaron los expedientes ya que todos se basan en la "utilización de fondos públicos para financiar la campaña presidencial" de Urribarri en 2015.

Los abogados defensores de Urribarri y los de los otros acusados habían impugnado los informes periciales de la fiscalía y el Poder Judicial, las páginas web de noticias tomadas como prueba y las llamadas telefónicas entre los imputados.

El juez Bonazzola rechazó las impugnaciones y afirmó que "no se interceptaron comunicaciones personales ilegalmente" y que las otras pruebas impugnadas verán "su alcance probatorio durante el juicio".

Además, dio lugar a que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) analice los informes contables que figuran como prueba.

También se incorporarán como testigos los nuevos peritos que se producirán, el ex director de la Biblioteca Nacional Horacio González, y el filósofo Eduardo Rinesi.

El Ministerio Público Fiscal pidió 9 años de prisión para Urribarri, y 8 para Báez.

OTROS IMPUTADOS

Asimismo, están imputados los ex coordinadores de la Unidad Operativa de la Cumbre del Mercosur, Gustavo Javier Tórtul y Hugo Félix Céspedes; y el ex ministro de Turismo provincial, Hugo Marsó.

El cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; la contadora de las empresas implicadas, Corina Cargniel, y el ex director de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Caruso, también figuran en la causa.

Para Tórtul, Marsó, Céspedes y Caruso solicitaron cuatro años de prisión y seis para Cargniel, mientras que para Aguilera pidieron una pena de ocho años de prisión.

También para todos los implicados solicitaron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos.

LA INVESTIGACIÓN

Según la investigación, se desviaron 4.308.500 pesos destinados a la publicación de una solicitada en 18 diarios nacionales contra los fondos buitre; y 14.561.870 de pesos para la instalación de un parador playero en Mar del Plata.

Asimismo, siempre según la investigación judicial, se utilizaron cerca de 28 millones de pesos para contratar a la productora "Nelly Entertainment" de Jorge "Corcho" Rodríguez, para difundir spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

A mediados de 2017, Rodríguez acordó con la fiscalía la suspensión del juicio a prueba por un año, el pago de 150.000 pesos al Estado y realizar "campañas de bien público en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos".

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