Acuerdo citó a la fiscal Iribarren por las denuncias contra Matías Edery

La comisión de Acuerdos, que analiza denuncias contra el fiscal de Rosario Matías Edery, citó para la semana próxima a la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren e incluso a la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich.

La información fue anunciada por la presidenta de la comisión, Lionella Cattalini, al término de un cuarto intermedio de la extensa reunión de este miércoles tras escuchar al auditor general del MPA, Leandro Mai durante casi tres horas. Y se le formularon preguntas para reclamarle precisiones sobre fechas, momentos en que se produjeron los contactos entre Edery y su informante, Mariana Ortigala, que era una inquilina en 2020 y ahora cuenta con 14 propiedades, tras haber colaborado con la justicia en el juicio contra la banda de Esteban Alvarado (rival de Los Monos).

La decisión de convocar a Iribarren y a Vranicich habla de la gravedad de la situación institucional en que se encuentra el MPA en Rosario, de acuerdo a lo señalado por voceros parlamentarios en un cuarto intermedio.

Mai informó a Legislatura el viernes pasado que se inhibía de seguir la investigación en torno a Edery en vistas de que las posibles sanciones superan la previsión que asigna la ley al MPA y que -entendió- la conducta debe ser juzgada por las cámaras legislativas como ordena la ley 13.013.

Las denuncias contra Edery fueron formuladas por otros dos fiscales de Rosario, en orden a sus presuntas vinculaciones con Ortigala una testigo de la causa contra el jefe narco Esteban Lindor Alvarado que ahora es imputada por ser la presunta testaferro del líder de Los Monos, Ariel Máximo "Guille" Cantero. Trascendió que la fiscal general anticipó la decisión a la regional en una charla en la semana ante el avance del cuadro de situación.

"Es necesario tener toda la información; sólo contamos con la inhibición del auditor del MPA, contenida en documentación que cabe en cuatro voluminosas cajas", explicó la legisladora.

En transición

Las sospechas sobre el fiscal Edery que el auditor general del MPA llevó al Poder Legislativo se presentan en medio de la transición, y así como en el Poder Ejecutivo se ha conformado una comisión entre representantes del gobernador saliente Omar Perotti y del entrante Maximiliano Pullaro, en la Legislatura también se prepara la renovación. De los actuales integrantes de la comisión bicameral más importante hay siete legisladores que lograron renovar su banca: Catalini, Raúl Gramajo, Rubén Pirola, Alcides Calvo, Lisandro Enrico (que suena como posible ministro de Obras Públicas), Clara García y Fabián Bastía. Pero otros cinco no renovarán su asiento: Nicolás Mayoraz, José Cándido, Gabriel Real, Leandro Busatto y Julián Galdeano.

La reunión fue a puertas cerradas y al salir sus protagonistas predominó la cautela, porque se trata de un fiscal en plena actividad y de un asunto que la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, no ha dudado en calificar como "de gravedad institucional". Desde el inicio de la crisis en el órgano del fuero penal, a su cargo desde abril de este año, la ex auditora general ha tomado medidas propias de esa definición preocupante, con cambios en la organización y los controles en la tarea de los fiscales.

Monitoreo

Vranicich dispuso iniciar un "proceso de monitoreo" por un lapso de 90 días sobre tres áreas de la fiscalía regional 2 con asiento en Rosario: la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, el equipo de trabajo para el Abordaje de Hechos Cometidos con Armas de Fuego y la Unidad de Homicidios Dolosos.

En los considerandos de la resolución, Vranicich afirma que "es de público conocimiento la situación de gravedad institucional que está atravesando la Fiscalía Regional de la segunda circunscripción, marco en el cual se han puesto en crisis desempeños y procesos de trabajos fiscales".

Mientras el MPA informaba oficialmente sobre la decisión de su titular, en Legislatura trascendía que el auditor de gestión, Leonardo Mai, había comunicado su decisión de inhibirse de seguir entendiendo en la conducta de Edery por entender que su actuación merecería una sanción superior a los dos meses, instancia por la cual serán las cámaras legislativas las encargadas de entender en el caso.

En términos políticos, la suerte de Eddery está en manos de la Legislatura. Desde el punto de vista legal aún Acuerdos no ha votado si habrá o no avocamiento. Es decir, si inicia o no un proceso en contra de uno de los fiscales que en diciembre de 2020 -junto a su colega Luis Schiappa Pietra- intentó sin éxito imputar al senador Armando Traferri. En aquél momento, sólo 4 de 19 integrantes de la Cámara alta votaron por quitarle los fueros.