En Santa Fe, las uniones convivenciales ya superan holgadamente a los matrimonios

La crisis económica del 2019 puede medirse por la caída de escrituras traslativas de dominio; los cambios sociales se pueden ver en indicadores del Registro Civil; el funcionamiento de las nuevas figuras judiciales como la mediación prejudicial obligatorio o los Centros de Acción Judicial (CAJ) también son auscultados por las estadísticas.

Los tres indicadores fueron expuestos por el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, ante El Litoral . La cartera tiene a su cargo no solo la relación con el Poder Judicial sino también instituciones con vinculación directa y cotidiana con la ciudadanía u otras más específicas como el programa de Protección de Testigos o el Registro de Desarmaderos de Vehículos, por ejemplo.

“Aprovechamos enero, mes de feria judicial, para trazar objetivos hacia el resto de las oficinas que tiene como cometido llevar adelante la Secretaría de Justicia como es el caso de los registros (Civil y General); la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), el Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga) que son oficinas que tienen vinculación directa, cotidiana, con el ciudadano por los servicios que brindan”, señaló. “Una de las excepciones relativas que se marcó al asueto administrativo de enero fue mantener guardias mínimas por la necesidad de no trabar las transacciones inmobiliarias y el registro de identidad de las personas, igual que los trámites sobre guardas preadoptivas”, admitió.

El funcionario realizó un recuento del personal de cada una de las dependencias. “Hay una constelación de personas vinculadas mediante contratos, en su mayoría efectivizados en las dos últimas gestiones por lo cual la carrera administrativa se ha tornado ilusoria por un lado, y por otro, el correr del tiempo ha provocado que las funciones jerárquicas de las estructuras orgánicas no hayan sido cubiertas o que solo lo fueran por personal político. Esto hace que hayamos tomado con mayor responsabilidad el tema de los recursos humanos porque en el Registro General de la Propiedad casi el 50% de la planta de personal son contratados, a través de ley convenio. Esto se replica en Registro Civil. El decrecimiento de personal por fallecimiento, jubilaciones no cubiertas y vinculaciones de contratos provocó que muchas oficinas del interior (hay más de 290) están siendo atendidas por convenio de colaboración con intendentes y presidentes comunales para mantenerlas abiertas”.

Personas Jurídicas

Para Somaglia es clave el rol que tiene la Inspección General de Personas Jurídicas a cargo de María Victoria Stratta. “Durante la gestión Macri se dictó la ley del capital emprendedor que permite las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS). La provincia tiene una marcada posición frente a otras provincias o la Nación. Algunos doctrinarios dijeron que las SAS son una especie de sociedades off shore locales por su fragilidad en el control estatal. La ley nacional indica meramente que deben registrarse sin decir en qué registro, Santa Fe sigue de cerca el tema. En Rosario, en 2019 se constituyeron 320 SAS versus 156 en Santa Fe. Esos números se duplicaron de un año a otro”, advirtió.

En cuanto a las quejas por las demoras en autorizar ese tipo de sociedades en Santa Fe, el secretario de Justicia es enfático: “en Santa Fe se quiere ejercer el control y estamos proyectando tareas conjuntas con el ministerio de Seguridad, con el MPA. Es una figura que en su libertad hacia la voluntad de las personas y con un mínimo capital -hoy son dos salarios mínimos, vital y móvil- cualquiera constituye una SAS”. Entiende que “la cantidad de sociedades no se corresponde con el fin de la ley que era facilitar el pequeño emprendedor, el artesano. Hay innumerables SAS con movimiento económico superlativo. Hay que poner el acento en políticas de lavado, cruzamiento de información porque en materia de narcotráfico -por ejemplo- los movimientos de capitales son intensos, abultados y esta figura puede permitir el lavado o el escurrimiento de dineros volcados a tareas delictuales”. Acota que “la gestión será muy celosa en los controles de balances de las SAS”.

También adviertió que proliferaron las inscripciones de asociaciones civiles y fundaciones. “Tenemos 1.200 trámites constitutivos entre asociaciones, fundaciones y sociedades. De los 400 pedidos para asociaciones, el 50% son clubes. Muchas veces bajo el disfraz de un propósito no lucrativo como móvil principal, las asociaciones civiles no tienen únicamente el objeto de interés general o un fin no lucrativo, pueden perseguir un fin lucrativo pero directo. Nos encontramos en casos con clubes de muchos años (de bochas, de barrios, etc) con frágil documentación. Estamos haciendo hincapié en controles inmobiliarios de estas asociaciones que nos lleva a relacionarnos con el Registro General y políticas de Seguridad. Pretendemos en esta gestión de interrelacionar la información pública de los registros, con IGPJ, MPA y el ministerio de Seguridad como herramienta de política criminal, de prevención y represión”.

Volviendo a las SAS, entiende que el Estado debe ser flexible y permeable cuando verifica que detrás está un emprendedor natural que persigue limitar su responsabilidad, es decir que no compromete su patrimonio particular, sino limitar su responsabilidad al aporte realizado.

Los registros en números

Las estadísticas del Registro General de Santa Fe permiten observar la caída del 15% en el mercado inmobiliario de la circunscripción primera con respecto a 2018. Se hicieron 28.032 escrituras traslativas de dominios contra 32.975 del 2018.

La caída en términos porcentuales fue mayor en Rosario, 17%, tras tres años de subas. En 2019, se hicieron 39.977 escrituras contra 48.151 del 2018.

En cambio hubo subas mínimas en Rafaela y Reconquista y caída muy leve en Venado Tuerto. Así en la cabecera de Castellanos se realizaron 4.341 escrituras contra 4.279 de 2019. En Reconquista, llegaron 2.223 contra 2.179 del período anterior. Finalmente, en Venado Tuerto, fueron 1.811 operaciones contra 1.832 de 2018.

En el Registro Civil, se anotaron el año último, 94.000 nacimientos contra 5.581 defunciones. Pero también los datos que suministra Somaglia señalan que hubo 300 cambios de género en el último año en la provincia de Santa Fe.

El otro dato es que hoy las uniones convencionales (27.000) superan ampliamente a los matrimonios a la vieja usanza (18.000). Por contraste, las desuniones convivenciales fueron 1.000 y los divorcios llegaron a 5.000 durante 2019.

Mediación y CAJ

Somaglia también analizó la marcha del sistema de mediación prejudicial obligatoria y la actuación de los Centros de Atención Judicial (CAJ) constituidos una década atrás.

La mediación tuvo su punto de discusión entre hacerla obligatoria u optativa. En 2011, la ley determinó que fuera obligatoria. Las estadísticas de Justicia son claras: 1.500 mediadores habilitados en la provincia; desde noviembre de 2011 a diciembre se iniciaron 95.000 trámites donde solo el 17% (15.500) llegaron a acuerdos. “El sistema merece una revisión, la necesidad de educar, de aggionarse y de la actualización de mediadores a las nuevas contigencias del conflicto social. Se han finalizado sin acuerdo el 75% de los casos por lo tanto deben ir a juicio. Lo pensado en que la mediación iba a solucionar y alivianar la acción de la justicia está lejos. Es un problema cultural donde el forzamiento, el foro de los abogados no ve con una gran solución al mecanismo”.

Somaglia dijo que seguirán trabajando con actores que nuclean a los mediadores “para ver cómo le podemos dar a este método de resolución alternativas de conflictos una mayor eficiencia. Los resultados son insuficientes, no provechosos”, concluyó.

Existen hoy siete CAJ. Desde que entraron en funcionamiento en 2009 han evacuado 16.000 consultas, unas 130 mensuales. “El objetivo de los CAJ es que el que es víctima o partícipe en un delito que ha sufrido pueda acercarse a reclamar acompañamiento que puede ser un mero asesoramiento hasta llegar a representarlo como querellante en la reparación del daño que le ocasionó el delito” explicó. “Las mayores consultas son las amenazas. seguidos por abusos sexuales y homicidios dolosos. Hoy los profesionales del Centro llevan adelante 124 querellas. No llega al 1% de la intervención judicial en la mayoría de los casos por delitos de homicidio. El 60% de los casos vienen por homicidio.”

Menores en conflicto con la ley

Hoy la Secretaría de Justicia atiende 241 jóvenes de entre 16 y 18 años dentro del sistema de responsabilidad penal mientras se espera la definición legislativa sobre el procedimiento penal a aplicarse a ese universo adolescente.

El Estado tiene cuatro tipos de abordajes sobre esta franja etárea:

* Régimen cerrado en Las Flores o en el Irar de Rosario que incluye a 52 jóvenes privados de su libertad.

* Semiabierto: alcanza a chicos que aún estando privados de la libertad se le autoriza asistir a clases, practicar deportes o cursos. Son 17 los casos actuales.

* Regímenes abiertos: son 7 casos donde los jueces imponen a los menores una actividad determinada: estudio, deportiva o de capacitación laboral

* Programa de libertad asistida con acompañamientos terapéuticos: 165 casos distribuidos en toda la provincia para lo cual disponen de sicólogos, trabajadores sociales, etc.

También depende de Justicia la UIAMP (Unidad interdisciplinaria de atención en medidas de prueba) que trabaja en apoyo de niñas, niños y adolescentes que son víctimas o testigos de delitos. “Se les hace un abordaje especial par ser atendidos con los derechos propios. Comenzó a trabajar hace dos años y ha hecho 350 intervenciones en cámara Gesell”, explicó.

Secretaría

Somaglia defiende la ubicación de la secretaría dentro del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad. “La secretaria tiene un rango muy específico y es relevante estar ubicada dentro del ministerio de Gobierno. Es la cartera política y es una señal de que al gobernador le interesan sobremanera todos estos temas”, señaló.

El equipo

Somaglia es abogado, egresado de la UNL, profesor ordinario de Derecho Comercial y Societario de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Ciencias Económicas de la UNL Asesoró a empresas en las áreas laboral y comercial e integró el directorio del Colegio de Abogados y de Caja Forense. Fue Fiscal del Gobierno de la ciudad de Santa Fe y secretario de Justicia en la última gestión de Jorge Obeid donde además encabezó el Consejo de la Magistratura.

El equipo de trabajo lo integran, entre otros, Francisco Dallo como subsecretario de Registros; David Lisandrello como subsecretario de Acceso a la Justicia; María Victoria Stratta en la Inspección General de Personas Jurídicas; José Carlos Fernández Vigil en la secretaría del Consejo de la Magistratura; María Magdalena Galli Fiant al frente del RUAGA; Luisina Giovannini en el Registro Civil; María Laura Nardín en la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) .