Unidos apura el aval al acuerdo con Anses en la Cámara de Diputados

Con la presencia de tres importantes funcionarios del Poder Ejecutivo, el oficialismo de Unidos en la Cámara de Diputados pretende acelerar la sanción de la ley que convalide el acuerdo firmado por la provincia de Santa Fe con Anses para el pago a cuenta de la deuda previsional de la Nación.

El Senado ya votó, por unanimidad y sobre tablas, el aval al convenio marco y las autoridades del oficialismo en Diputados pretenden votar el mensaje del Poder Ejecutivo este jueves, también sobre tablas y algo mucho más dudoso, por unanimidad.

Para ello la estrategia de Unidos es que este miércoles, tres funcionarios se sienten con todos los legisladores interesados en conocer detalles de la negociación y las implicancias a futuro. El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la secretaria Legal y Técnica, Julia Tonero; y el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso ya comprometieron su presencia en la Cámara.

Diputados justicialistas ingresaron el mismo día que el mensaje del Ejecutivo aterrizó en la Cámara Baja, un pedido de presencia de funcionarios en la Cámara. El encabezamiento del PJ pide la invitación al ministro de Economía, Pablo Olivares, "y a los funcionarios que designe el gobernador Pullaro" para detallar varios puntos que tiene el pedido. Son ocho los puntos centrales.

Disipar dudas

Para el oficialismo es central la presencia de Bastia quien tiene en sus manos la relación política con la Legislatura. Mientras el gobernador Maximiliano Pullaro firmaba el 7 de abril el acuerdo con la ministra Sandra Pettovello, el ministro de Gobierno empezó a hablar con los senadores de todo el arco político sobre el acuerdo, les envió el texto y habló de la importancia de la rápida ratificación. El aval llegó 48 horas después.

Boasso, en tanto, asistió a la firma pero además formó parte de la negociación con ANSES. Tonero, en cambio, es la cabeza jurídica del Ejecutivo, encargada de cuidar la firma del gobernador y los ministros en todo texto.

El objetivo central es disipar dudas que puedan tener en la oposición sobre el convenio para poder convalidarlo al día siguiente y tornarlo operativo desde mayo que es cuando comenzarían los desembolsos de fondos de Nación.

Para llegar al recinto el jueves, el oficialismo necesita dos tercios de los votos, algo no imposible de lograrlo. La otra posibilidad es votar una preferencia y convocar a sesión en la última semana de abril.

En el justicialismo, las dudas expresadas en pedido de presencia de funcionarios es por los efectos jurídicos del convenio en el marco de los planteos que la provincia llevó ante la Corte Suprema de Justicia por el reclamo de la deuda. El planteo se originó en la gestión de Omar Perotti y fue continuada por la administración actual.

El acuerdo

El convenio estableció un desembolso de $120.000 millones para el ejercicio 2026. Este monto se pagará en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $10.000 millones cada una, pagos que empezarán en mayo si el acuerdo está convalido.

Los fondos de ANSES se envían en concepto de "anticipo de capital" o pago a cuenta, mientras se determina el resultado definitivo del déficit previsional.

El flujo de fondos está sujeto a la realización de auditorías y tareas de fiscalización por parte de ANSES sobre la Caja provincial para validar los números del déficit. También se acordó colaborar en la simulación de armonización de los ejercicios 2022-2025.

Como parte del pacto, la provincia se comprometió a suspender los trámites judiciales iniciados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por reclamos vinculados a estas deudas previsionales mientras el convenio esté vigente.

Para el justicialismo, hay algunos puntos centrales a saber: monto estimado por los organismos técnicos competentes de la deuda previsional reclamada por la Provincia de Santa Fe al Estado Nacional, los períodos que comprende y cuál es el porcentaje o monto que representaría el anticipo de $120.000 millones respecto del total reclamado.

También el estado actual de las acciones judiciales iniciadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación incluyendo si existen plazos procesales en curso, medidas cautelares o resoluciones pendiente y alcance jurídico de la suspensión de plazos procesales, y si dicha suspensión implica compromiso de desistimiento o transacción futura por parte de la provincia.