El Senado rechazó el decreto que paraliza la Ley de Emergencia en Discapacidad

Sobre el final llegó el tercer revés para al Gobierno. Luego de dejar firme la insistencia sobre las leyes de Universidades y Garrahan, el Senado aprobó sobre tablas una declaración de rechazo al decreto que, tras promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad, suspende su aplicación hasta que se especifique su financiamiento.

Con 54 votos afirmativos y 6 negativos, la Cámara Alta aprobó sobre tablas el proyecto de declaración en rechazo al decreto 681/2025 del Poder Ejecutivo. La iniciativa, presentada por el radical Martín Lousteau y respaldada por otros bloques opositores, fue incorporada al temario al inicio de la sesión.

La declaración aprobada no tiene efectos jurídicos directos sobre el decreto, pero en la práctica, es una advertencia política al Gobierno y se impone como alternativa a la intención de avanzar con la interpelación y la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que busca en paralelo la Cámara de Diputados.

El texto recuerda que la Ley de Emergencia en Discapacidad, en su artículo 19, facultó al jefe de Gabinete a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar su financiamiento, sin reducir partidas destinadas a “Servicios Sociales”.

Sostiene también que incumplir una ley sancionada e insistida por el Congreso “implica un incumplimiento de funciones constitucionales y la privación de los derechos de uno de los segmentos más vulnerables de la sociedad argentina”.

Cuestionamiento de Lousteau y advertencia de Mayans

En su intervención, Lousteau recordó que tanto Diputados como el Senado insistieron con más de dos tercios de los votos en la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego del veto presidencial, y calificó de “inédito” que el Ejecutivo promulgara la norma pero se negara a aplicarla.

“Esto nunca pasó —enfatizó—. La ley no solo tuvo un enorme consenso político y parlamentario, sino también de toda la sociedad. Es un atropello muy grande al sistema republicano que se diga que no se va a aplicar una ley sancionada e insistida por ambas cámaras”.

El radical cuestionó directamente a Francos y a los considerandos del decreto 681/25, que —según dijo— “solo provee excusas” e “ignora su rol”. “No puede elegir cuáles leyes ejecuta y cuáles no”, apuntó.

También puso como ejemplo el propio proyecto de Régimen Penal Juvenil enviado por el Poder Ejecutivo, en cuyo artículo 51 se prevé que el jefe de Gabinete reasigne partidas para implementarlo. “Si ahí se puede, aquí también”, subrayó.

Luego, el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, acompañó el proyecto elevando el tono. “Tenemos un problema de interpretación por parte del presidente de lo que es el Estado de Derecho —afirmó—. Cuando el presidente hace esto genera inseguridad jurídica. Las democracias se fortalecen con el cumplimiento de la Constitución y las leyes”.

Mayans, incluso, comparó la actitud del Ejecutivo con “lo más parecido a una dictadura”. “Anulan leyes, contradicen la Constitución y prácticamente anulan al Parlamento”, sostuvo. Según el senador, lo que correspondería “es una moción de censura al jefe de Gabinete o su remoción por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, aunque aclaró que la declaración aprobada era “una advertencia”.

Una ley esperada y con demoras

La Ley de Emergencia en Discapacidad establece la recomposición de las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada, actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC y fija un monto del 70% del haber mínimo jubilatorio para las pensiones por discapacidad.

También prevé una reducción del 50% en las contribuciones patronales para empresas que contraten personas con discapacidad y garantiza una pensión inembargable a toda persona sin recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La demora en su aplicación golpea de lleno a prestadores y beneficiarios. Organizaciones y colectivos de personas con discapacidad vienen realizando concentraciones frente a la Casa Rosada y el Congreso para exigir su implementación inmediata, denunciando la grave situación económica y reprochando el trato del Ejecutivo.