El Gobierno apura la baja de la edad de imputabilidad ante reparos por su aplicación

En la cuenta regresiva de extraordinarias, el Gobierno pretende que el Senado apruebe la reforma del Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de punibilidad de 16 a 14 años y redefine cómo el Estado responde ante delitos cometidos por adolescentes.

El debate está previsto para este viernes 27 de febrero, en una sesión donde también debe también resolver la reforma laboral que volvió a la Cámara alta tras los cambios introducidos en Diputados.

La meta política es llegar al domingo 1 de marzo con las dos leyes “bandera” listas para exhibir en la apertura del período ordinario, cuando Javier Milei hable a las 21 ante la Asamblea Legislativa.

El oficialismo que conduce Patricia Bullrich se muestra confiado en que cuenta con los votos para la aprobación en general, pero el debate en particular deja algunas dudas respecto a los efectos colaterales que podría abrir la redacción final.

Plazos estrechos

El Régimen Penal Juvenil quedó atado al tramo final del temario veraniego. En el esquema que maneja el oficialismo, el Senado abordará el tratamiento este viernes 27, una vez concluida dará lugar a la reforma laboral, cuyo texto debe ser ratificado por la luego de la eliminación del artículo 44 vinculado a licencias por enfermedad.

En ese contexto, la baja de la edad de imputabilidad aparece como el otro proyecto emblemático del verano libertario: si el Senado lo convierte en ley, el Gobierno llegará al inicio del período ordinario con una agenda ya “cumplida” y con capacidad de marcar nuevos objetivos legislativos.

El expediente tuvo un corrimiento del debate: iba a tratarse el jueves y pasó al viernes, luego de que en Labor Parlamentaria surgieron algunos puntos sensibles en algunos bloques que quieren mirar con lupa antes de levantar la mano. En particular, la lectura legal de algunos sectores sobre que los mecanismos alternativos a la cárcel —como la posibilidad de prisión domiciliaria— y que, por su diseño, podría habilitar planteos de menores de 18 años que hoy se encuentran detenidos para solicitar condiciones más benignas si la nueva ley entra en vigencia.

Así, aparece en la previa de la sesión la cautela de algunos aliados respecto de que la ley termine generando un vacío legal que puede dar lugar a un efecto no deseado. Por eso, algunos bloques podrían pedir retoques sobre el articulado para evitar interpretaciones que abran puertas no previstas.

El dilema para el oficialismo es que tocar el texto implicaría reabrir la negociación y aplazar la aprobación de extraordinarias. En tanto que mantenerlo tal cual está permite acelerar la sanción, con el riesgo de que el debate técnico se traslade luego a la justicia, a los tribunales o a la gestión cotidiana en las provincias.

De cara al tratamiento del proyecto, La Libertad Avanza publicó este miércoles un video con Bullrich como protagonista en el que enfatiza la necesidad de darle sanción definitiva. "En el Congreso va a quedar claro quiénes están del lado de los delincuentes y quiénes estamos del lado de las víctimas", plantea la jefa de bloque oficialista.

Observaciones

Al debate se plantean argumentos de fondo planteados por especialistas y organismos que miran el sistema juvenil con otra vara: no la del “endurecimiento” como respuesta automática, sino la de la especialización, la prevención y los dispositivos socioeducativos.

Un informe de UNICEF Argentina recupera aportes de jornadas interdisciplinarias sobre Justicia Penal Juvenil que se llevaron a cabo de cara a la reforma en el Congreso. Allí se plantea la necesidad de avanzar hacia un sistema especializado, alineado con estándares internacionales de derechos humanos, con la privación de libertad como recurso excepcional y con centralidad en enfoques socioeducativos y restaurativos.

El documento insiste en que un sistema juvenil especializado “no implica ausencia de responsabilidad, sino una forma distinta de asumirla”, y subraya que la evidencia debe ordenar el debate público. Entre los datos citados, aparece uno que rompe las miradas alarmistas: en la provincia de Buenos Aires, “solo el 2,2% de las denuncias por delitos en 2023” involucran a niñas, niños y adolescentes. Además, se remarca una idea clave desde la neurociencia: respuestas punitivas tempranas pueden profundizar trayectorias de exclusión, en un período donde la toma de decisiones y el control de impulsos están atravesados por procesos de maduración propios de la adolescencia.

En la misma línea, UNICEF plantea que el fuero penal juvenil no busca “castigar” como fin, sino “reparar y generar oportunidades”, y advierte que sin articulación real entre gobiernos y Justicia los niveles de intervención no pueden sostenerse. Traducido al terreno: sin dispositivos, equipos interdisciplinarios, programas municipales, redes comunitarias y políticas de egreso, cualquier reforma corre el riesgo de quedarse en el papel o de convertirse en una puerta de entrada al encierro, sin reinserción posible.

El informe también recupera experiencias prácticas, como programas socioeducativos orientados a acompañar a adolescentes que cumplen medidas penales para que puedan estudiar y/o trabajar, con un enfoque restaurativo. Allí aparece una frase que resume el “elefante” del debate: un delito cometido por un adolescente expresa una falla social previa. Si esa falla no se atiende, el sistema penal llega tarde y suele llegar mal.

En ese sentido, emergen preguntas respecto a si el proyecto que se presenta como un “marco legal moderno” para el delito juvenil cuenta con un sistema listo para sostenerlo, en especial cuando el propio debate reconoce que la respuesta no puede limitarse a bajar una edad, sino a construir un régimen integral, con prevención, contención, reinserción y coordinación interinstitucional.