Tensa calma en la Cámara alta

Prudencia y paciencia. Esas pocas palabras dominan el panorama en la Cámara de Senadores, donde se espera que a las declaraciones periodísticas de los fiscales del caso Ponce Asahad, le suceda la documentación judicial que inicie el debate ante un pedido de desafuero formal sobre el senador Armando Traferri (PJ-San Lorenzo).

Es cierto que la Constitución de Santa Fe no utiliza la palabra "fueros" para referirse, en su artículo 51, a las garantías especiales con que cuentan los legisladores a los fines de preservar la voluntad popular que encarnan –con su representación- en este caso los senadores.

En términos coloquiales (y fácilmente comprensibles por la realidad nacional) se usa "desaforar" o quitar "los fueros", aunque esa no sea la expresión adecuada en Santa Fe. Aquí se habla de "inmunidad" y, en rigor, la definición es bastante más amplia.

Es sumamente curioso que los fiscales del caso en cuestión no hayan reparado en ese aspecto. O que hayan hecho parecer que lo ignoraban al momento de preguntarle a Traferri si iba a renunciar a sus fueros al recibirlo en Tribunales (como si aquí dependiera de un legislador hacer algo así). Esa decisión corresponde al cuerpo que integra. Y lo sabe cualquier estudiante de derecho.

En la lista de Unidad

A temas como ese, o sobre las eventualidades de cómo proceder cuando los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra envíen su petición, prefieren referirse los senadores que El Litoral ha consultado, a propósito de las graves acusaciones contra el senador que encabeza el bloque del PJ, y cuyo nombre aparece en los lugares más importantes del peronismo de los últimos años. Hoy comparte, por ejemplo, con el gobernador Omar Perotti la lista de unidad del Partido Justicialista santafesino. En 2019, Traferri fue clave para que la fórmula del rafaelino se integre con el nombre de Alejandra Rodenas.

Una tensa calma se percibe dentro y fuera del bloque del oficialismo que tiene 12 miembros y dos corrientes internas marcadas: en la última oportunidad en que se dividieron las aguas hubo 7 senadores del lado del NES y otros 5 más cercanos a la Casa Gris. Los demás senadores (7) son radicales.

De todas formas, proyectar hoy números frente a un pedido de esta naturaleza es demasiado prematuro. Algo es seguro: los tiempos de la justicia extraordinariamente veloces en la causa sobre el cobro de coimas del juego ilegal no tiene por qué repetirse en el ámbito legislativo. Esta semana será de tensiones, pero también propicia para armarse de paciencia.

¿A comisiones?

Una vez que el pedido de los fiscales ingrese habrá varios pasos que dar. El primero es definir a qué comisión o qué comisiones girarlo, lo que seguramente podrá comenzar a ser debatido entre los jefes de los bloques, entre ellos, claro, el propio legislador en cuestión.

Hay antecedentes y no tan lejanos. Hubo un pedido de autorización a la Cámara para iniciar un proceso penal (que luego no prosperó) hace unos quince años y, por entonces, el tema se giró a la Comisión de Peticiones, Reglamento y Juicio Político que aún no se ha puesto en funcionamiento en el Senado santafesino: tiene sus miembros designados pero aún no ha elegido sus autoridades. La forman José Baucero (PJ-San Javier), Rodrigo Borla (UCR-San Justo), Lisandro Enrico (UCR-General López), Ricardo Kaufmann (PJ-Garay), Eduardo Rosconi (PJ-Caseros) y Armando Traferri.

Esa comisión es la encargada de "dictaminar sobre las condiciones constitucionales de los senadores", entre otros tópicos como renuncias, reformas al Reglamento del Senado, ante "peticiones" y "asuntos particulares presentados y que no estuvieren expresamente destinados a otra Comisión", además de otros roles vinculado con los juicios políticos a magistrados judiciales o funcionarios públicos.

¿A mayo de 2021?

También hay quienes piensan que, pese a la existencia de ese antecedente, se puede derivar también un pedido de desafuero a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Y un tercer grupo que, en cambio, piensa que el tema debe ser tratado directamente por el pleno de la Cámara sin paso previo por comisiones porque no se necesitarían dictámenes. Que es en definitiva una discusión política.

Eso sí. Antes de votar un eventual desafuero los senadores de todos los bloques van a ser muy exigentes con la calidad de las pruebas. Lo que han visto hasta ahora (un ex fiscal preso por coimero que acusa a Traferri y deja entrever que tiene más para los otros dos Poderes) no los convence.

Mediados de los '90

Otro antecedente, bastante más lejano, es el pedido de un senador que solicitó que se le quiten los fueros (durante la década del '90) para que se aclare por fin su situación judicial, tras la quiebra de una financiera cuya presidencia había dejado (licencia mediante) un año antes de ser electo. Aquel pedido fue de inmediato aceptado por la Cámara y la causa cayó luego por inconsistente.

Ambos casos, el de los primeros años del milenio y el de mediados de los 90', son muy distintos del actual. Por empezar, el Poder Judicial de entonces tenía procesos escriturales y –lo más importante- no existía el Ministerio Público de la Acusación. Era un juez el que apuntaba, ahora son fiscales.

Otra diferencia, que por estas horas también se estudia con varias lupas, es que aquellos dos episodios relativamente breves ocurrieron durante el Período Ordinario de Sesiones. Entre los senadores y sus asesores se dice que Senado no puede ocuparse de este asunto durante las actuales sesiones extraordinarias. Que solo el Ejecutivo tiene la facultad habilitar el tratamiento de los expedientes y únicamente para la sanción de leyes (no para una petición del Poder Judicial).

Constitución

La Constitución de Santa Fe fue sancionada el 14 de abril de 1962. A la luz de aquel contexto histórico debe leerse ese texto, que toma tantas prevenciones en favor de preservar a los legisladores de los procesos penales o de la prisión. Quince días antes de aquella jura santafesina, el país sufría el 29 de marzo, el derrocamiento del gobierno constitucional de Arturo Frondizi. Caía una democracia débil y condicionada, cuyo presidente ya no tenía el apoyo del peronismo (proscripto desde 1955) y tras el triunfo de candidatos de esa fuerza en provincias como Buenos Aires, se produjo el levantamiento militar.

No debe olvidarse que para la asunción del presidente provisional del Senado, José María Guido (era senador nacional por Río Negro y el vicepresidente ya había renunciado) el poder militar presionó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que le tomara juramento a Guido, quien en tan solo un par de meses cerró el Congreso de la Nación e intervino más provincias, entre ellas Santa Fe, el 23 de abril de 1962, unos pocos días después de la jura de la Constitución santafesina.

Su artículo 51 dispone que cada Cámara, con la mayoría especial de dos tercios de los presentes, tiene la autoridad de permitir que un legislador sea sometido a proceso penal. Y "sin la misma autorización tampoco puede ser detenido, o de alguna manera restringido en su libertad personal", salvo si es sorprendido en el acto de cometer un delito que no fuere excarcelable.