Vialidad volverá a hacerse cargo de la autopista Santa Fe-Rosario

Mediante el decreto Nro. 295, el Poder Ejecutivo resolvió poner fin al fideicomiso que se había constituido durante la gestión de Miguel Lifschitz para explotar la autopista Santa Fe-Rosario. Dicho fideicomiso era administrado por el Banco Municipal de Rosario que como canon, obtenía el 2% de todo lo recaudado. “Ese dinero vuelve ahora a la provincia”, dijo a El Litoral la ministra de Infraestructura, Silvina Frana. La funcionaria explicó que ante el vencimiento de ese vínculo contractual que operaba este martes 31 de marzo, la determinación del gobierno fue que la administración del corredor quedase a partir de ahora en manos de Vialidad Provincial, a través de una unidad ejecutora transitoria.

“La intención es que en el plazo de un año podamos tener sancionada una ley que autorice la constitución de un ente con participación mayoritaria del estado para administrar la autopista. Buscaremos en este tiempo la figura legal con precisión”, detalló.

Asimismo, y atento a las controversias que rodearon la operación de la autopista durante los últimos años, Frana destacó que el decreto también plantea la realización de una revisión de todas las actuaciones a través de la Sindicatura General de la provincia y Tribunal de Cuentas.

La ministra dijo que se mantendrá el sistema de cobro de peajes. “Se modifica quién administra la autopista; antes era un banco que se llevaba el 2% de la recaudación. Ahora eso va a estar a cargo de la provincia. Habíamos perdido el control del corredor hasta en los detalles más pequeños, como el corte de pasto. Eso es lo que se cambia”, comentó.

En el Estado

Frana defendió la decisión de devolver a Vialidad la administración de la autopista. “Después de una historia de concesiones, suspensión de concesiones y rescisión sin culpa ni cargo, y en un proceso cuestionado hasta por el propio Tribunal de Cuentas, lo que se resolvió es que todo vuelva a Vialidad que es, en definitiva, quien tiene la función de administrar todas las rutas provinciales -planteó-. Ahora, todo retorna a la provincia en un momento difícil donde por la propia cuarentena hay poco tránsito, pero con una firme decisión de que la autopista la administre el estado”, ratificó.

La funcionaria enfatizó que tanto el proceso que se encare a partir de ahora como las actuaciones previas, serán sometidas a una revisión a través de la Sindicatura. “Apuntamos a un mayor control”, subrayó.

Consultada sobre el estado en el que se encuentra actualmente el corredor teniendo el cuenta el plan de obras que había encarado la gestión anterior, consideró que “por todo lo invertido en obras y fideicomiso, el corredor debería estar mucho mejor. Algunos tramos están arreglados, pero otros no”.

Antecedentes

La figura del fideicomiso llegó de la mano de Miguel Lifschitz en junio de 2017, para intentar resolver una controvertida situación después de la rescisión del contrato con la anterior concesionaria -ARSSA- a quien se le imputaban flagrantes incumplimientos. La empresa debía repavimentar la traza completa de la autopista, y sólo había reparado un tercio. Pese a ello, se le canceló el contrato sin resarcimientos.

El fideicomiso implicaba un nuevo modelo de gestión, un híbrido; ni el concesionario privado ni la administración plena de parte de la provincia, porque -de hecho- el responsable de administrarlo era el Banco Municipal. La medida había sido planteada como “alternativa y transitoria”. Se había establecido por un año, se prorrogó y rigió hasta hoy.

En 2016, la provincia había rescindido de manera consensuada el contrato con ARSSA, aunque se había establecido una nueva concesión precaria en manos de la empresa por seis meses, hasta tanto la provincia adjudicara al nuevo operador. Se llamó, entonces, a licitación pública. Pero en pleno proceso, el Ejecutivo firmó un nuevo decreto (Nro. 1.017) para revisar las actuaciones, sobre todo, la rescisión. La licitación terminó fracasando porque el único oferente no cumplía los requisitos establecidos. Ante la “urgencia” invocada en el propio decreto de Lifschitz, se resolvió la constitución del fideicomiso como salida provisoria.

Aquel decreto de revisión (el número 1.017) establecía la contratación de una consultora que en el término de 180 días, tenía que determinar si la rescisión con ARSSA debía ser unilateral o consensuada, como la había planteado el gobierno. En febrero de 2018 y sobre la base del informe de la consultora, Lifschitz firmó el decreto Nro. 90 mediante el cual dispuso la ratificación de la rescisión consensuada con ARSSA sin que existiesen “derechos pendientes para ninguna de las partes sobre cuestiones involucradas en la relación contractual”. Fue la conclusión definitiva de la concesión sin “culpa ni cargos” para nadie.